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12 La Entrevista DOMINGO 10 7 2005 ABC (Viene de la página anterior) Hay una España húmeda y otra seca, y debe haber solidaridad de la primera hacia la segunda Las televisiones no cumplen el código de autorregulación. Puede que haya llegado el momento de sancionar lidad y flexibilidad al mismo tiempo, lo que puede predicarse de todos los tramos del sistema, incluido el ámbito de la formación universitaria. Aunque ya se han tomado iniciativas para resolver los problemas, aún no se han notado los efectos pretendidos. -En este ámbito, uno de los aspectos que más ha calado en la sociedad es el de la violencia escolar. ¿Qué se puede hacer para evitar que siga aumentando? -Nosotros hicimos un informe en 2000, en el que ya alertábamos de que se trataba de un fenómeno en crecimiento, aunque sin llegar a los niveles de otros países europeos. Ahora vemos que eso se confirma. Hay un elemento fundamental para contrarrestar la violencia escolar: el aumento de la facultad disciplinaria de los enseñantes. Y deben ser absolutamente apoyados por los padres en el ejercicio de la facultad disciplinaria. Hablo de disciplina, no de autoritarismo, pero hay que apoyar a los enseñantes. Que los actos tengan consecuencias. -La televisión es un elemento importante en la actual formación de los niños. ¿Cumplen las cadenas su código de autorregulación? -Nosotros denunciamos la televisión basura y el Gobierno y la oposición estuvieron de acuerdo en que había que buscar fórmulas, elementos de regulación, si era posible de autorregulación, para evitar que siguiera ese fenómeno. El Ejecutivo convocó a las televisiones y logró que se firmara ese código de autorregulación. Pero no se cumple, sobre todo por parte de las televisiones privadas; algo más por las públicas, pero no a plena satisfacción. Ya lo incumplieron antes, hace unos años sucedió lo mismo. La televisión es un instrumento de ocio, de entretenimiento, pero también de formación. No debe considerarse el principal instrumento de educación, pero tampoco de visualización de elementos perturbadores de la salud mental de la infancia y de la adolescencia. -Entonces, ¿ha llegado ya el momento de las sanciones? -Creo que sí, habrá que sancionar en su momento, hacer un seguimiento muy serio de todo eso y en función de lo que resulte habrá que aplicar las multas correspondientes o no. Hay que hacer ese estudio con seriedad, por supuesto. Vemos que hay programas lamentables que cuestan poco dinero. No se puede conseguir el beneficio económico máximo a costa de la quiebra de valores fundamentales. La Administración asume el 65 de nuestras sugerencias -Las Cortes acaban de renovar su mandato como Defensor del Pueblo. ¿Cuáles son sus prioridades? -Hay que trabajar, si cabe con mayor intensidad, en la misma línea. Y hay que hacerlo así porque nuestra labor ha convertido a esta institución en una de las más apreciadas por la ciudadanía, como se ve en todas las encuestas. Eso significa que vamos por buen camino. Vamos a volcarnos con los colectivos más vulnerables de esta sociedad, sin descartar por supuesto a nadie: las personas mayores, los niños, los discapacitados, los menores desarraigados, las mujeres amenazadas y los inmigrantes son prioritarios. ¿Qué buscan las personas que se dirigen a esta institución? -Los ciudadanos (28.990 el último año) recurren a nosotros cuando sienten que sus derechos no son atendidos lo suficientemente porque la Administración, central, autonómica y local, muestra cierta prepotencia, cierta arrogancia hacia ellos. Y ése es el objeto de esta institución: atender sus demandas. ¿Con qué medios? Con las propuestas, las recomendaciones a las administraciones para que sean restablecidos esos derechos que los ciudadanos consideran menospreciados. Por supuesto, nuestra recomendación no es vinculante, pero está sustentada en la auctóritas del Defensor. Y el prestigio de la institución hace que tenga una auctóritas suficiente. ¿Pero serían necesarios cambios legales para hacer las recomendaciones más efectivas? -Hay intelectuales que creen que hay abrir una vía para que, sin que la recomendación sea vinculante, cuando el hecho objeto de la misma sea muy visible haya alguna forma de que tenga también una cierta potestas Es una reflexión interesante y se puede estudiar. Hay otro aspecto que debe ser modificado, el que se refiere a las empresas ahora privatizadas pero que ofrecen un servicio público. Cuando el ciudadano siente menoscabados sus derechos al viajar en avión, ferrocarril, autobús o barco, viene aquí, y nosotros hemos acudido en ocasiones a las empresas, sin ningún resultado. Naturalmente, hemos ido a la administración relacionada con esa actividad, pero creemos que tendríamos que estar facultados para dirigirnos directamente a las empresas, porque lo que importa no es la titularidad de la compañía, sino el servicio público que presta. ¿Hasta qué punto cumple la Administración sus recomendaciones? -La mejor respuesta es dar un dato: alrededor del 65 por ciento de las recomendaciones y sugerencias que hacemos son recogidas, y de ahí viene precisamente el prestigio de la institución. Si esto fuera sólo una especie de frontón donde vienen a parar todas las pelotas y no ofreciéramos respuestas, no tendría ese prestigio. Sería una especie de colectivo de plañideras que lloran con aquellos que se quejan.