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4 Opinión DOMINGO 10 7 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ESTADO DE OPINIÓN E ESTATUTO SIN HORIZONTE ODO está por hacer en materia de reforma del Estatuto catalán. El texto presentado por la ponencia encargada de su redacción ha salido adelante gracias al acuerdo precario del tripartito y a pesar de la abstención de CiU y el rechazo del PP. Se trata, en definitiva, de un resultado insuficiente para obtener la mayoría de dos tercios que permita en su día la aprobación por el Parlamento de Cataluña y su posterior remisión al Congreso de los Diputados. Por lo demás, podrían plantearse serios problemas en las Cortes Generales si atendemos no sólo a la conocida postura de los populares, sino también a las reiteradas declaraciones de Alfonso Guerra, que representan el criterio de un importante sector del PSOE. Sea como fuere, Maragall y sus socios siguen empujando a trompicones una reforma que, según las encuestas, no logra despertar el interés de los ciudadanos. En rigor, el presidente de la Generalitat se ha colocado a sí mismo y ha colocado a Zapatero en una situación kafkiana. Por una parte, tiene que resistir la presión secesionista de Esquerra, a la vez que debe satisfacer a CiU, renuente por razones obvias ante la aprobación de un proyecto que podría favorecer las expectativas electorales de sus adversarios. Por otra parte, el PSOE tiene que tranquilizar a ese sector interno receloso ante la fragmentación de la soberanía y demostrar a la opinión pública que sigue siendo guardián de la Constitución (ahora bajo el manto retórico de la llamada España plural para no dejar la exclusiva de esa función a la oposición popular. Son demasiados frentes abiertos al mismo tiempo, lo que obliga al PSOE y al PSC a buscar una imposible cuadratura del círculo. Pero lo importante no es el interés de los partidos, sino la defensa de la Constitución de 1978 como modelo eficaz de convivencia. Desde este punto de vista, el texto de la reforma estatutaria choca frontalmente con la letra y con el espíritu de nuestra norma fundamental. Para empezar, la definición de Cataluña como nación obligaría a una reforma del artículo segundo de la Constitución, a pesar de los argumentos falaces sobre la idea de nación de naciones o la absurda equiparación de las nacionalidades a naciones T sin Estado. En política, las palabras significan mucho y no es admisible que los españoles paguemos un peaje inaceptable por la falta de rigor conceptual del presidente del Gobierno o por el deseo de compensar en el plano retórico la negativa a atender otras reivindicaciones. A su vez, la regulación de las competencias- -en su redacción actual- -incurre en manifiesta contradicción con el sistema constitucional vigente, incluso en la generosa interpretación del mismo por algunas sentencias del Tribunal Constitucional. Es cierto que el PSC ha eliminado a última hora excesos tan notorios como el uso sistemático del artículo 150.2 para vaciar de competencias al Estado, el concepto inaceptable de competencias excluyentes o la atribución exclusiva a la Generalitat del desarrollo reglamentario de las competencias compartidas. Aun así, el proyecto va más allá de la lógica jurídica y política del Estado de las autonomías, como han advertido los expertos desde posiciones ideológicas muy diferentes. La exigencia de una batería de reformas en leyes orgánicas demuestra también, aunque algunas quedan pendientes de momento, que los planes de Maragall conducen a la quiebra del modelo; en efecto, debe tenerse presente que las leyes orgánicas forman parte- -igual que los estatutos- -del llamado bloque de la constitucionalidad que se vería así forzado y alterado de manera unilateral. Queda pendiente, por fin, el espinoso tema de la financiación. El proyecto incluye un modelo sólo aceptable para el tripartito, ya que produce el rechazo incluso de sectores muy cualificados del Gobierno socialista, lo que augura serias dificultades para que salga adelante. Aunque Maragall y los suyos pretenden que el Parlamento trabaje a un ritmo frenético, un análisis realista de las circunstancias debe llevar a la máxima prudencia y moderación. Ni la sociedad tiene entre sus prioridades el nuevo Estatuto ni existe el consenso político imprescindible. Sólo el interés particular del tripartito explica el empecinamiento en una reforma contraria a la Constitución, al sentido común y a la apuesta de la inmensa mayoría por la estabilidad institucional. L dibujo del estado de opinión de los españoles sobre la ley que regula el matrimonio homosexual presenta matices para la reflexión. Según la encuesta que publica hoy ABC, la mayoría de los españoles acepta que puedan casarse, pero no está de acuerdo en que puedan adoptar niños ni en que se haya utilizado el concepto de matrimonio Consideraciones que contradicen el paisaje que el Gobierno ha pintado a trazo grueso para abordar un asunto polémico y complejo, en el que se cruzan sensibilidades que invalidan, en parte, el diagnóstico del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Entre lo políticamente correcto y lo socialmente correcto hay un país que presenta enmiendas parciales a una ley que el Ejecutivo ha abordado con demasiadas prisas. Datos para el análisis que requieren un poco de cautela. José Luis Rodríguez Zapatero CHEMA BARROSO RETRATOS APATERO, en un artículo en The Financial Times insiste en buscar las razones psicológicas del terror para entender el porqué de los atentados de Nueva York, Madrid o Londres. George W. Bush, en los antípodas, no pierde el tiempo en buscar las raíces del problema ni se plantea interrogantes tan profundos, tal vez porque crea que las disquisiciones retóricas sólo juegan a favor del enemigo. Las recetas de uno y otro coinciden en el último objetivo, pero ambos siguen separados por un mundo. Rodríguez Zapatero, en su afán por identificar el retrato mental del agresor, se pierde en prospecciones; a Bush le preocupa más el retrato robot del asesino. Dos visiones literalmente enfrentadas; la noche y el día de un problema de diagnóstico crítico. Z LOS ESPAÑOLES DESCONFÍAN OS españoles no creen en la política sobre terrorismo emprendida por Rodríguez Zapatero. Según el Barómetro de verano que hoy publica ABC, el 50 por ciento de los consultados no dan su confianza al presidente del Gobierno, frente al 44 por ciento que sí estarían dispuestos a dársela. Los votantes del PP optan mayoritariamente por la desconfianza (el 84 por ciento) pero es significativo que el 29 por ciento de los votantes socialistas también se muestre reacio a dar a Rodríguez Zapatero el cheque en blanco que pide para sus informaciones personales sobre ETA. Las razones de esta falta de apoyo a la política del Gobierno sobre el terrorismo etarra se encuentran en la convicción mayoritaria de los encuestados acerca de que ni los terroristas merecen medida alguna de reinserción aunque dejaran las armas (55 por ciento) ni de que realmente esté cerca la solución del terrorismo (73 por ciento) Ambas opiniones son mayoritarias entre los votantes de los dos partidos (más en el PP que en el PSOE) lo que indica que la percepción sobre ETA es transversal a las ideologías y mucho menos ideologizada que lo que la discordia entre Gobierno y oposición pudiera dar a entender. L Los datos de la encuesta ofrecen, por tanto, un estado de opinión que, por otra parte, es coherente con la continuidad terrorista de ETA. Con tres coches bomba en Madrid en los últimos cuatro meses no hay Gobierno que pueda convencer a sus ciudadanos de que se ha abierto una oportunidad para la paz, y lo que se acaba pensando es que ese Gobierno, o bien está dispuesto a una paz inadmisible, o bien está simplemente confundiendo a los ciudadanos. Para hacer aún menos verosímil el diagnóstico gubernamental, ETA acaba de revocar parcialmente el indulto que concedió a los cargos electos, para volver a situar bajo su punto de mira a autoridades del Estado y miembros del Gobierno. Hasta ahora no se sabe qué pretende exactamente Rodríguez Zapatero, pero en la reunión de la dirección del PSOE con los socialistas vascos éstos fueron advertidos de que el proceso de paz es cosa del presidente del Gobierno. Pero de tal proceso de paz por el momento, no hay más noticia que su presencia reiterada en los discursos del Gobierno, generalmente para pedir cautela, lo que obliga a un acto de fe colectivo que los españoles no parecen dispuestos a hacer, a tenor del resultado de la encuesta que hoy ofrece ABC. ORDEN DE EXPULSIÓN A percepción que los terroristas tienen del conflicto varía según se mire desde dentro o desde fuera de la cárcel. Pakito y otros cinco presos etarras suscribieron en agosto del año pasado un documento crítico con la dirección a la que acusaron de inepta por planear una estrategia que no sirve Pakito desde dentro, decía a los de fuera que no se puede desarrollar una lucha armada cuando se es tan vulnerable a la represión Un año después, la dirección tal vez envalentonada por el curso de las cosas, ha resuelto expulsar de la banda terrorista a los presos críticos. Medida disciplinaria que revela quiénes son los que mandan. L