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56 Sociedad VIERNES 8 7 2005 ABC Legislación Medio ambiente Tercera Edad El domingo entra en vigor la Ley antitabaco de Baleares La Ley de drogodependencias, aprobada por el Parlamento balear el pasado mes de abril, será efectiva a partir del próximo domingo. Los espacios públicos cerrados como oficinas o restaurantes quedarán libres del humo. Sin embargo, la normativa deja fuera de la prohibición a discotecas o bares de copas en los que no se sirvan alimentos y a las zonas especialmente habilitadas para fumadores. Un colaborador de la NASA proyecta crear lluvia artificial Leon Brenig, profesor de la Universidad Libre de Bruselas y colaborador de la NASA, espera conseguir en siete meses el material necesario para lograr provocar una lluvia local en zonas en las que sea necesario. El proyecto contempla la creación de islas artificiales capaces de alcanzar altas temperaturas, en las que el calor concentrado permita al agua evaporarse y crear nubes. Convenio sobre asesoría jurídica gratuita para los mayores La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales y el Consejo General de la Abogacía (CGAE) han firmado un convenio para crear un cuerpo de profesionales del Derecho que ofrezca asesoramiento legal a jubilados y discapacitados. Este servicio está ya disponible para la defensa de presos, inmigrantes, menores y mujeres. Los mayores de toda España no podrán disfrutar de él hasta el próximo año. COMUNICACIÓN Estados Unidos se plantea cómo proteger el secreto profesional de los periodistas Un sector de la Prensa pide leyes escudo para salvaguardar las fuentes b La encarcelación de la periodista Judith Miller renueva las peticiones para que el Congreso federal reconozca y proteja el derecho a no identificar fuentes confidenciales PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. El caso de Judith Miller- -la redactora del New York Times encarcelada desde el miércoles por negarse a testificar sobre sus fuentes en el laberíntico caso provocado por la identificación de una agente secreta de la CIA- -ha planteado en Estados Unidos un profundo debate sobre el secreto profesional de los periodistas y su reconocimiento legal. Polémica que viene acompañada de preocupantes vaticinios sobre las dificultades multiplicadas que a partir de ahora va a soportar la cobertura informativa de la Casa Blanca y de cuestiones de seguridad nacional, precisamente en momentos en los que el escrutinio de la Prensa parece más necesario que nunca. Asociaciones profesionales y algunos líderes políticos han coincidido en que el ingreso de Miller en una cárcel a las afueras de Washington ilustra la necesidad de que el Congreso federal tome cartas en el asunto con la tramitación de una ley escudo que proteja el secreto profesional de los periodistas. Frente a la evidente carencia en la esfera federal, 31 Estados de la Unión y el Distrito de Columbia dispone de algún tipo de legislación para salvaguardar fuentes confidenciales. Esta laguna a nivel nacional se ha venido llenando con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en el caso Branzburg versus Haves de 1972 estableció que los periodistas no tienen derecho a proteger sus fuentes confidenciales ante investigaciones criminales. Aunque como recuerdan abogados especializados en casos de libertad de expresión, este precedente de hace tres décadas no ha impedido significativamente el trabajo de la Prensa estadounidense, empezando por la saga de Watergate. John F. Sturm, presidente de la Asociación de Periódicos de Estados Uni- Recurren ante el TC la anulación parcial del plan de cuenca del Júcar ABC ALICANTE VALENCIA. La guerra del agua también se dirime en los tribunales. La sociedad estatal Aguas del Júcar (Ajusa) y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) sendos recursos de amparo contra la resolución dictada por el Tribunal Supremo, que anula algunos artículos básicos del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) Ajusa, encargada de las obras del trasvase, alegó indefensión en el proceso, al considerar que no le fue notificada la posibilidad de personarse en el mismo. Sin embargo, el Supremo se negó a retirar el fallo. En el recurso ante el Constitucional, la sociedad reitera que no fue informada del caso, y denuncia que el recurso contra el PHJ no se publicó en los boletines oficiales preceptivos. Además, advierte que anular el trasvase, al que considera la única solución razonable puede causar daños graves en los sobreexplotados acuíferos del Vinalopó. Por su parte, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó ha presentado su recurso con el objetivo de salvaguardar la transferencia JúcarVinalopó dado que la decisión del Tribunal Supremo deja en suspenso la asignación concreta de caudal a transferir. Además, insistió en la necesidad de que la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente alcancen una solución consensuada para resolver los problemas del trasvase a una cuenca cuyo déficit hídrico se cifra en más de 93 hectómetros cúbicos anuales. El recurso de los regantes del Vinalopó se presenta tras desestimar el Supremo en un auto los cuatro incidentes de nulidad presentados contra la sentencia del mismo. Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente, del que depende Ajusa, anunció al conocer la decisión del Supremo que cumpliría el fallo, dado que la parte anulada del PHJ suponía gestionar ríos internos competencia de la Generalitat. De hecho, Narbona ya dijo en su visita a Valencia del pasado martes que el Gobierno dará los pasos necesarios para cumplir la sentencia. Personal del New York Times protesta contra la decisión judicial dos, ha insistido en que toda clase de informaciones vitales salen a la luz gracias precisamente a fuentes confidenciales a las que los periodistas han garantizado su anonimato. Pero para el profesor Theodore Glasser, responsable de los estudios de Periodismo en Stanford University, la respuesta no debería buscarse en los poderes públicos. Según Glasser, no estoy seguro que el Estado tenga que definir periodismo responsable y periodismo irresponsable. Esto haría más daño a la libertad de Prensa que la actual ambigüedad Opinión respaldada por algunos profesionales que insisten en que los periodistas no deben tener el derecho especial a actuar como cómplices criminales. AFP Limitaciones en pesquisas federales El magistrado Thomas Hogan, que ha ordenado el encarcelamiento de Judith Miller para forzar su testimonio, ha argumentado que no existen derechos absolutos y que el derecho de los periodistas a recabar información y proteger fuentes en ocasiones debe compaginarse con los requerimientos de investigaciones penales. El juez también ha insistido en que los periodistas no tie- nen más derechos que el resto de los ciudadanos cuando son llamados a testificar en pesquisas federales. Para los abogados de Judith Miller, su clienta está amparada por la Primera Enmienda de la Constitución. La encarcelación coercitiva de Miller se podría prolongar durante cuatro meses, mientras duren los procedimientos del jurado de acusación utilizado por el Ministerio Público para determinar la fuente gubernamental que supuestamente divulgó hace dos años la identidad de una agente de la CIA (Valerie Plame) casada con el embajador Joseph Wilson, crítico de los planes bélicos de la Administración Bush contra Irak. Divulgar la identidad de un agente secreto de los servicios de inteligencia de EE. UU. de acuerdo a la Intelligence Identities Protection Act de 1982, es un grave delito federal sujeto a penas de cárcel. Pero para presentar cargos efectivos, los fiscales tienen que demostrar que la acción fue intencional y maliciosa. En opinión del editor del New York Times Arthur O. Sulzberger: Hay momentos en los que el bien general de nuestra democracia demanda un acto de conciencia