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ABC MADRID 08-07-2005 página 30
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  • EdiciónABC, MADRID
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30 Nacional VIERNES 8 7 2005 ABC LOS ARGUMENTOS DE LOS MAGISTRADOS Nuevo delito de pertenencia a ETA Es posible que la reincorporación se lleve a cabo, e incluso la nueva realización de acciones delictivas, que no se encontrarían cubiertas por una condena previa de pertenencia a ETA, al no proyectarse ésta sobre hechos futuros Amenazas terroristas Con la publicación de estos datos puede estar tratando de fijar objetivos para futuras acciones de ETA, porque precisamente los funcionarios de prisiones han sido víctimas frecuentes de sus actuaciones delictivas Ingreso en prisión Al tratarse de una banda que sigue en activo y cometiendo acciones armadas contra personas y bienes, existe un elevado riesgo de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia y de que cometa nuevos hechos delictivos La Audiencia Nacional ordena al juez Pedraz que procese al etarra De Juana, que seguirá en prisión La Sala contradice al instructor y asegura que sí hay indicios de que ha cometido nuevos delitos de los magistrados retiene al pistolero en la cárcel, de donde tendría que salir el 3 de agosto tras haber cumplido sólo 18 de los 3.000 años de condena NATI VILLANUEVA MADRID. La Audiencia Nacional evitó ayer que el sanguinario etarra José Ignacio de Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos, salga a la calle el próximo 3 de agosto, fecha en la que estaba prevista su puesta en libertad tras haber estado encarcelado 18 de los 30 años de máximo cumplimiento previstos en el Código Penal de 1973. Con esta legislación, que el propio etarra calificó en uno de sus escritos de incomparablemente más blanda que la actual, De Chaos fue juzgado, entre otros, por el asesinato de 12 guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid, en julio de 1986. En un auto notificado ayer, los magistrados de la Sección Primera de lo Penal contradicen al instructor Santiago Pedraz- -quien el pasado 13 de junio dictó auto de conclusión de sumario al no apreciar indicios racionales de criminalidad contra De Juana- -y sí ven motivos bastantes para atribuir al etarra dos nuevos delitos de pertenencia a ETA y amenazas terroristas, los mismos que el juez Grande- Marlaska le imputó en enero por los artículos que escribió un mes antes en el diario Gara La Sala revoca el auto de conclusión del sumario y obliga a Pedraz a reabrir la investigación con la práctica de todas las diligencias solicitadas por el fiscal, entre las que figura la incorporación a la causa de una carta en la que el etarra celebraba así el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril: Vuestras lágrimas son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajadas b La decisión habría de contar con el apoyo de la organización, sino, además, de que cometa nuevos hechos delictivos Respecto a las presuntas amenazas terroristas que el pistolero vertió en el artículo titulado Gallizo contra varios funcionarios de prisiones, la Sala subraya que la utilización de un medio público para dar a conocer que estas personas pueden ser objetivos de acciones terroristas, sirve, además de para hacer llegar estos datos a la dirección de la banda, para amedrentar y atemorizar a los individuos citados y al colectivo que representan. Los magistrados recuerdan que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, de todos los niveles, han sido víctimas frecuentes de las actuaciones terroristas. El futuro del pistolero La prisión provisional acordada por los magistrados de la Sección Primera supone que el etarra no abandonará la cárcel el 3 de agosto, fecha en la que se produce el licenciamiento definitivo de sus anteriores condenas, sino que seguirá encarcelado hasta que se celebre el juicio por los nuevos hechos. El juez Santiago Pedraz tendrá que ordenar la práctica de las diligencias solicitadas por el fiscal para, después, procesar al etarra por los delitos de pertenencia a ETA y amenazas. El fiscal pedirá un mínimo de 16 y un máximo de 27 años de cárcel y el etarra no tendrá beneficios penitenciarios. da con medidas como el aislamiento o la observación de comunicaciones orales o escritas, previstas en la legislación penitenciaria Pero- -dicen- -si estos controles se logran eludir es posible que la reincorporación se lleve a cabo, e incluso la nueva realización de acciones delictivas, que no se encontrarían cubiertas por una condena previa de pertenencia a ETA, al no proyectarse sobre hechos futuros José Ignacio de Juana Chaos rá demostrando, sin duda, que os quedásteis sin ellas El hecho de que De Juana esté cumpliendo condena por un delito de pertenencia a ETA no supondría ningún impedimento para que pudiera ser acusado de un nuevo delito de integración. Así, los magistrados advierten de que la reincorporación de las personas que cumplen condena por pertenencia a grupos terroristas trata de ser evita- Contenido intimidatorio La Sala reproduce una afirmación del segundo de los artículos El Escudo que el etarra escribió en Gara por cuanto podría ser constitutiva de un delito de amenazas: Hace años escuché a un muy apreciado compañero chillar con fuerza sacad vuestras sucias manos de Euskal Herria Sí, sacadlas, porque otro camino sólo implica más sufrimiento. O el futuro termina- El fiscal pide 94 años de cárcel para un etarra por dos muertes EFE. El teniente fiscal de la Au- Elevado riesgo de fuga Los magistrados también acuerdan el ingreso en prisión provisional de De Juana- -Pedraz había decretado su puesta en libertad- ya que consideran que al tratarse de una banda (ETA) que sigue en activo y comete acciones armadas contra personas y bienes, existe un elevado riesgo no sólo de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la Justicia en esta causa, para lo cual EFE diencia Nacional, Jesús Santos, mantuvo ayer su petición de 94 años de cárcel para el etarra José Antonio Borde Gaztelumendi (en la imagen) por su presunta participación en un atentado contra una patrulla de la Guardia Civil en Lemona (Vizcaya) en 1981, en el que murieron dos agentes. Además de la pena de prisión, pide que el acusado pague una indemnización de 59.880,24 euros por cada agente fallecido y de 12.000 euros por las lesiones y secuelas causadas a un tercer guardia civil, que resultó herido.

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