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4 Opinión SÁBADO 2 7 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil REVISIONISMO ENREDADOR L CÓMO TRASVASAR LOS PROBLEMAS L Consejo de Ministros decidió ayer autorizar el trasvase de 82 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura- -39 para abastecimiento y 43 para regadío- Tras unas vísperas cuajadas de presiones, informes y contrainformes por parte de las autoridades autonómicas de Castilla- La Mancha, como cuenca cedente, y de Murcia y Comunidad Valenciana, como regiones receptoras, la decisión adquiría máxima trascendencia en las circunstancias actuales de sequía y habida cuenta del estado de los embalses de cabecera, en algunos casos calamitoso. Y una vez conocida, a todos ha decepcionado, pues se aleja de los 120 hectómetros que las comunidades levantinas reclamaban y de los, a lo sumo, 35 que Castilla- La Mancha se mostraba dispuesta a ceder. Por un lado y por otro, autoridades y regantes tachan de catastrófico el veredicto del Ejecutivo socialista: para unos es inaceptable e insuficiente y para los otros, desmedido y excesivo Sólo coinciden valencianos y murcianos con castellano- manchegos en que la decisión del Gobierno es irresponsable Durante los últimos días, ABC ha viajado por la España seca, poniendo de relieve la dramática situación que se vive en diversas regiones. La respuesta del Gobierno ante una sequía severa como la actual debe estar basada en los principios de solidaridad (establecidos al máximo nivel en el artículo 2 de la Constitución) y de eficacia social y económica. Porque resulta inaceptable atender a los problemas de unas o de otras comunidades autónomas en función del color político de las mayorías respectivas. Hemos perdido demasiado tiempo en el planteamiento de una política hidráulica inteligente; por eso, la administración de los recursos disponibles debe hacerse desde criterios de responsabilidad y sentido común. Los datos técnicos e incluso las fotografías de embalses y cultivos han sido objeto de interpretaciones subjetivas. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo, lo que refleja las tensiones que genera el reparto del agua. Y en estas circunstancias de desencuentro y disputas casi cainitas- -ya no entre la España húmeda y la seca, sino dentro de esta última- -es donde se aprecian los devastadores efectos secundarios que ha tenido, incluso sociológicamente hablando, la derogación precipitada, gratuita y fuera de todo sentido del trasvase del Ebro. El PSOE quebró el E principio de solidaridad interregional, tan fértil para la vertebración nacional y para el progreso conjunto y simultáneo de las regiones, sin ofrecer antes una solución viable al problema del agua que afecta a buena parte de España. La quimérica e inexplicada alternativa de las desaladoras anunciadas por la ministra Narbona- -que aún presenta deficiencias técnicas para alcanzar su máximo rendimiento y dudas aún más serias respecto al impacto ecológico- -no supone una respuesta decidida para afrontar el futuro con garantías. Al menos, no en la medida que suponía el trasvase del Ebro, que aun en años de sequía tan severa como el actual podría haber cedido más de 1.700 hectómetros cúbicos a Levante, amén de verter al mar otros 5.500 en Tortosa. Cierto es que este año hubiera sido imposible porque la obra estaría en ejecución. Pero si, como vaticinaba ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega, España ha entrado en un ciclo prolongado de sequía, el trasvase del Ebro pondría fin a las disputas, las decepciones y los peligros que las comunidades observan para su desarrollo y su bienestar. Los árboles se mueren de sed en Alicante, Valencia y Murcia; y también se reparte agua embotellada o en cisternas en algunas localidades de Castilla- La Mancha. Mientras la España seca se desespera, pues, por un chorrillo de agua, una vigorosa corriente se pierde en el mar. Habrá que proclamar una y milveces que el agua en España es un bien escaso, que debe repartirse de forma equitativa y que- -sin olvidar la prioridad debida al abastecimiento de la población- -existen también unas necesidades mínimas de riego, del que depende la estabilidad social y económica de los sectores afectados. Hasta ahora, el Ejecutivo de Zapatero se ha distinguido por su escasa destreza a la hora de encauzar objetivamente los intereses divergentes entre comunidades. De aquel error de la derogación, gratuito y electorero, vienen ahora estos lodos del desencuentro. Para muestra baste citar que los Ejecutivos de Castilla- La Mancha, Extremadura y Andalucía (comunidades de mayoría socialista) vieron con buenos ojos el Plan Hidrológico hasta que su partido decidió convertirlo en piedra angular de su oposición al Gobierno del PP. El pacto con ERC hizo el resto. A reprobación del ex ministro de Defensa Federico Trillo por la tragedia del YAK- 42 supuso un precedente que el PSOE habría de haber calculado más atentamente, sobre todo teniendo en cuenta el prolijo historial de ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos socialistas que se han visto envueltos en escándalos y que nunca fueron reprobados a toro pasado por las Cortes. A nadie se le ocurrió solicitarlo. El acoso al que fue sometido luego por familiares de las víctimas del accidente, invitados a la sede parlamentaria por el PSOE, había cerrado un episodio insólito. Pero no fue así y en esta carrera a la búsqueda de lo inusitado, la cúpula militar expresó por escrito su malestar por las críticas que recibió de Trillo. Rajoy ha hecho responsable al ministro José Bono de la persecución ignominiosa a la que se está sometiendo a Trillo. Parece lógico un regreso al sosiego y a la cordura y la evitación de más provocaciones que no harán sino complicar un episodio lamentable que, además, no encaja con la última descripción de sí mismo que se hizo Zapatero: Como norma general, mi criterio es no mirar al pasado Pues caramba con las excepciones. José Bono CHEMA BARROSO LA MANIOBRA DE SCHRÖDER ERHARD Schröder está ensayando una maniobra desesperada para tratar de evitar este otoño una derrota más que previsible de su Gobierno. En 2002 logró salvarse con su actuación impecable en unas inundaciones y revalidó su mandato cuando todo hacía prever que los alemanes apostaban por la oposición democristiana. Con el gesto de provocar una extraña moción de confianza, que sabía que perdería, el canciller arguyó que solicitaba el apoyo del electorado para llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita. Con esta treta parece que quiere evitar que medre aún más su desgaste (no cuenta con la confianza de su partido) y del propio SPD, que ha perdido la confianza de los ciudadanos. De todas maneras, las encuestas son tan claras que parece inexorable un cambio en el panorama electoral alemán. La conservadora Angela Merkel será con casi toda probabilidad la encargada de sucederle. Si esto ocurre, es de suponer que será una dirigente más firme con el rumbo de las reformas que Alemania necesita para volver a ser la locomotora de Europa. G CUANDO GOBIERNA EL QUE PIERDE L presidente del PP, Mariano Rajoy, reavivó ayer un debate de gran importancia al plantear una reforma electoral que garantice el gobierno a la lista más votada. Esta idea fue expuesta por Rajoy al término del Comité Ejecutivo de su partido, celebrado en Santiago de Compostela, lo que contextualizaba una tesis que no avalaría el gobierno de coalición que accederá a la Xunta, formado por los dos partidos- -el socialista y el BNG- -que siempre se disputan entre ellos el segundo puesto, nunca el primero. Lo que Rajoy propone no es, en realidad, un análisis del todo novedoso. El PSOE llegó a tener redactado en 1998 un documento que proponía la elección directa de alcaldes y un sistema de doble vuelta en las municipales, lo que mermaría el mercadeo que establecen grupos minoritarios. Así, periódicamente sale a la luz de la mano del partido que gana las elecciones y pierde el gobierno (por eso es fundamental no cambiar de criterio si se llegara a un acuerdo) algo que sucede con frecuencia en el ámbito municipal y con episodios esporádicos en el autonómi- E co, como en Cantabria, donde la presidencia la ostenta el partido que menos representación tiene en la Cámara autonómica. Coyunturas al margen, hay que reconocer que el debate que propone Rajoy tiene un fundamento objetivo: el partido que gana debe gobernar cuando obtiene un porcentaje de votos suficientemente expresivo del respaldo popular, más aún si la alternativa es la coalición de partidos que han concurrido por separado a las urnas. La reforma electoral que apunta Rajoy confronta el sistema proporcional con el mayoritario, lo que en teoría política clásica es tanto como enfrentar la representatividad del Parlamento con la estabilidad del Ejecutivo. El modelo español opta por una proporcionalidad que llega a la atomización de la representación parlamentaria y produce efectos distorsionadores que saltan a la vista al analizar la sobredimensión de las fuerzas nacionalistas minoritarias, que aumenta exponencialmente cuando cotizan para formar gobierno. Se trata de decidir si se respeta el principio democrático cuando los menos votados condicionan el gobierno de la mayoría.