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4 Opinión VIERNES 1 7 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil SOLUCIONCITAS P LOS RIESGOS DE UNA LEY INNECESARIA NTRE fabricar leyes y legislar hay una diferencia sustancial que un Gobierno responsable siempre debería tener en cuenta. En relación con el llamado matrimonio homosexual, aprobado ayer definitivamente por el Congreso, el Ejecutivo socialista ha ignorado esa diferencia. Ha olvidado que la tarea de un legislador es auscultar el pulso de la sociedad y acomodar la evolución de las normas al ritmo que los ciudadanos realmente demandan. La peor opción es, por contra, sumar escaños y decidir que la mayoría parlamentaria es condición necesaria y suficiente para imponerle a la sociedad modelos de comportamiento, alteración de valores y cambios institucionales, que debe aceptar aun cuando aquélla no los requiera o no esté preparada para recibirlos. No es sensato que una reforma tan grave y radical se haya ventilado en un procedimiento parlamentario que apenas ha durado seis meses, que no ha atendido las importantes objeciones sociales y constitucionales que han planteado el Consejo de Estado y el CGPJ y que se va a incrustar en la sociedad como un factor de división. Podrá decirse que Canadá también ha aprobado una reforma similar, pero la excepcionalidad del caso- -con España, son cuatro los países que en todo el mundo reconocen el matrimonio homosexual- -y la fuerte contestación política y ciudadana que ha provocado deberían ser tenidos por avisos a navegantes. Puestos a buscar ejemplos, también serviría el de Suiza, que, por referéndum, ha rechazado el matrimonio homosexual a cambio de una ley de uniones civiles, sin derecho a la adopción. La precipitación con que se ha llevado a cabo esta ley sólo se explica por el deseo político de cambiar un modelo social a golpe de boletín oficial y de amoldar una nueva forma de usos y conductas más acorde con una visión llamémosla progresista que refute el matrimonio tradicional y lo despoje del sentido ético e institucional que le es propio. La demagogia ha causado estragos en estos meses previos a la aprobación del matrimonio homosexual, que ha presentado esta novedosa variante de E la unión conyugal como la reparación a una discriminación milenaria de gays y lesbianas y como el paso necesario para implantar un auténtico estado de igualdad de derechos. Esta, la igualdad de derechos de gays y lesbianas, no precisaba el forzamiento de la institución matrimonial, sino una ley que atribuyera a las parejas homosexuales un estatuto jurídico similar al conyugal. La igualdad ante la ley no es sinónimo de uniformidad, como este Gobierno no se cansa de repetir para justificar, por ejemplo, que es bueno castigar a un hombre como autor de un delito por una amenaza que si es cometida por una mujer sólo es una falta. En otro plano distinto, la derecha política y social habrá de tomar nota para el futuro de que un cierto sentido de la anticipación permite dirigir con holgura las transformaciones sociales, porque si al PSOE ahora cabe reprocharle que, en este caso, ha excedido todos los límites de la prudencia de un buen gobernante, el enrocamiento del PP en la anterior legislatura en no dar salida a una ley de uniones civiles privó a la sociedad de una solución avanzada y satisfactoria. La adición del derecho de las parejas homosexuales a adoptar remata los perfiles más polémicos de una acción política que en veinticuatro horas ha dado un vuelco a la institución matrimonial. La adopción implica a menores y los derechos de éstos son preferentes ante cualquier otro. Tampoco debería resultar ofensivo para nadie recordar que el designio natural es venir al mundo con padre y madre. Aun cuando políticamente se evite este argumento, como ha hecho el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero, la prudencia legislativa tendría que haberse multiplicado para no empachar a la sociedad con unas reformas envueltas en discursos modernistas, pero cuya puesta en práctica topará no ya con la resistencia de grupos retrógrados, sino con la realidad misma de una sociedad organizada en torno a unas instituciones (la familia y el matrimonio heterosexual) que no son el fruto de unas leyes o de unas encíclicas, sino del desarrollo espontáneo y natural del hombre y la mujer. RIMERO fueron una propuesta; luego, tras las críticas, se tornaron en una mera reflexión y a partir de mañana serán una realidad, aunque en régimen de alquiler. La mutación de los minipisos de protección oficial de María Antonia Trujillo es tan notable como la capacidad de su ministerio para decirse y desdecirse, según el volumen de las críticas que recibe ante su incapacidad de ofrecer soluciones creíbles al problema de vivienda, que fue, no lo olvidemos, uno de los puntos centrales donde el PSOE apoyó su catálogo de promesas electorales. Que lo más notable del Plan de Vivienda 2005- 2008 que hoy estudia el Ejecutivo sea esta minisolución habitacional de 30 metros cuadrados, da buena medida del fracaso sin apenas paliativos con el que se ha saldado la gestión de este ministerio en lo que va de legislatura. Rodríguez Zapatero con Driss Yetú EFE CERTEZAS NTE la atenta mirada del primer ministro de Marruecos, Driss Yetú, el presidente del Gobierno dio ayer por zanjada la investigación de la matanza del 11- M, que fue- -según él- -una acción ligada a Al Qaida. Sin que aún se hayan desentrañado todas las conexiones que manejaron los terroristas que atentaron contra los trenes, cuando el juez y las Fuerzas de Seguridad aún indagan y mientras se cierran estos días las conclusiones de la Comisión de Investigación, parece que lo más sensato es no establecer conclusiones maximalistas y certidumbres totales, a las que ninguno de los conocedores del caso han llegado aún. Es en esa prudencia donde suele hallarse la mejor vacuna contra el error que luego pudiera deparar un discurso apresurado. A ALTA TENSIÓN POLÍTICA L curso político termina en medio de un peligroso clima de tensión entre el PSOE y el PP que trasciende el ámbito parlamentario; las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se sitúan cada vez más cerca del umbral de la ruptura, muy lejos de lo que debiera ser la legítima contienda entre las dos formaciones mayoritarias. El presidente del Gobierno cerró la áspera sesión parlamentaria de ayer con un alegato en favor del matrimonio homosexual; nada censurable si no fuera porque el mensaje de Rodríguez Zapatero, al que no pudo responder Mariano Rajoy por impedírselo el presidente de la Cámara, esconde un argumento tan falaz como peligroso: España es, desde ayer, más decente lo que significa que hasta entonces la decencia en nuestro país era una asignatura pendiente. La idea que se transmite a la opinión pública resulta grave desde un punto de vista ético, pues establece criterios morales en función de una determinada manera de pensar. Los españoles que se oponen a la ley, según Zapatero, resultarían ser menos decentes que quienes la apoyan. O lo que es lo mis- E mo, y por extensión del argumento: sólo desde posiciones de izquierda es posible alcanzar la plena rectitud moral. Consideraciones de esta naturaleza corren el peligro de fomentar la división social y generan tensiones innecesarias, al igual que la cruenta y descarnada batalla de golpes por la espalda que se vivió un día antes en la Cámara Baja, en una sesión en la que el ex ministro Federico Trillo fue reprobado por su gestión de la tragedia del Yak 42 y sometido, después, a un innecesario cara a cara con algunos de los familiares de las víctimas, que le increparon a las puertas de su despacho. La crispación invade la vida política y se extiende también a la comisión de investigación del 11- M, cuyas conclusiones forman parte del manual de juicios de valor esgrimido en vísperas del 14- M. Poco o nada se ha avanzado desde entonces. En momentos de crispación como los actuales, se impone la cordura y recuperar el espíritu de la Transición, logro común de los españoles al que contribuyó de forma decisiva la madurez de una clase política que tuvo la generosidad de colocar los intereses del Estado por encima de sus legítimas aspiraciones partidistas. SOLIDARIDAD E L Consejo de Ministros dará a conocer hoy su decisión sobre el trasvase extraordinario entre el Tajo y el Segura, que adquiere máxima trascendencia en las circunstancias actuales de grave sequía. La respuesta debe estar basada en los principios de solidaridad y de eficacia social y económica. Resulta inaceptable atender a los problemas de unas o de otras comunidades autónomas en función del color político de las mayorías respectivas. El precedente de la anulación del Plan Hidrológico Nacional aprobado durante la legislatura anterior no invita al optimismo. Pero habrá que proclamar una y mil veces que el agua en España es un bien escaso, que debe repartirse de forma equitativa.