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ABC VIERNES 1 7 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC ¿QUÉ HACEMOS CON LA GUERRA? POR PEDRO GONZÁLEZ- TREVIJANO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Lo más acertado hubiera sido, seguramente, la sustitución de la referencia expresa a la guerra, y haber procedido a la enunciación, más concorde con los tiempos presentes, de conflictos armados, ya sean éstos de orden interno o internacional... A respuesta al título no puede ni debería ser más que una, y además tajante: proscribirla siempre que no sea absolutamente necesaria. Erradicarla de forma completa, salvo que nos encontremos ante una situación de justificada, extrema y justa contestación a un gravísimo e irreversible conflicto. Pero con la presente interrogante no nos referimos ahora a esta contingencia, sino a otra de perfiles más técnicos y político- jurídicos. Se trataría, en este caso, de la polémica creada por las últimas declaraciones del ministro de Defensa acerca de la conveniencia de instar la reforma constitucional- -aprovechando que el Gobierno ha declarado ya reiteradamente su voluntad explícita de iniciar un proceso parcial de revisión de la Constitución de 1978- -de aquellos artículos que mencionan la palabra guerra. L ción y sitio. En dicho precepto se dispone: Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz Un artículo, hay que reconocerlo, que tampoco resultó en su redacción afortunado, y que hoy, además, sigue siendo objeto de atinadas críticas tanto desde una dimensión de buena técnica jurídica como desde una perspectiva de política internacional. En efecto, lo primero que habría que reseñar es que nuestra Constitución ignoró en su día, y además sin prestar prácticamente ninguna atención a la cuestión en la Ponencia constitucional- -que sólo conoció una enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Comunista- la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en el vigente contexto de las relaciones internacionales; y ello a pesar de lo mandado ni más ni menos que en el artículo 2, párrafo cuarto, de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, donde se expresa con toda claridad: Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza... Con dicha regulación, otra vez, nuestros constituyentes desperdiciaban la oportunidad de acercarse al constitucionalismo más avanzado entonces (me refiero a la Constitución portuguesa de 1976, que acogía ya un tratamiento más moderno y restringido de la utilización de la fuerza) E incluso, claro que sí, a seguir la estela de nuestro Derecho histórico más democrático, como era en el presente ámbito la Constitución de 1931, donde se preceptuaba, en la misma línea de progreso, que España renuncia a la guerra como instrumento de política internacional (artículo 6) Unas razones que permiten calificar como anacrónica la reiterada disposición constitucio- Estaríamos hablando, de prosperar tal solicitud de modificación de nuestra Carta Magna, de tres de sus preceptos. A saber: los artículos 15, 63. 3. y 169. Unas expresiones constitucionales de la guerra que, a juicio del titular de Defensa, resultan hoy, a comienzos del siglo XXI, no sólo absolutamente inapropiadas sino también contrarias a la legalidad internacional al estar aquélla explícitamente prohibida por el Derecho internacional y las Naciones Unidas. Una propuesta que se recogerá pronto también, se nos adelanta, en el ordenamiento jurídico español, pues la futura Ley de Defensa pasaría ya a utilizar los más acordes términos de conflicto o intervención armada. Desde tales consideraciones, lo primero que habría que hacer, por lo tanto, sería la supresión de su primera alusión en el citado artículo 15 de la Constitución de 1978, donde se dice: Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales, para tiempos de guerra Una regulación constitucional, es verdad, no acertada, ya que el constituyente debió haber aprovechado en su momento la aprobación de nuestro texto constitucional para poner término, en la misma Constitución, a una medida siempre tan odiosa e inhumana como es la pena de muerte. Pero lamentablemente esto no fue así, y se tuvo que esperar para su total exclusión- -si bien podría, igual que se suspende, reintroducirse legislativamente en otro momento- -a la Ley Orgánica 11 1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra, que modifica la Ley Orgánica 13 1985, de 9 de diciembre, del Código penal militar. Aunque es, no hay duda, la segunda remisión constitucional a la guerra, esto es, la consagrada en el artículo 63. 3, la que mayores polémicas despierta, toda vez que el artículo 169 se limita a prescribir que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 es decir, en los estados de alarma, excep- nal, sobre todo, y ello es lo más sorprendente, si ésta se pone en comparación con otro mandato constitucional, en este caso sí verdaderamente ejemplar: el respaldado por el mismísimo Preámbulo de la Constitución. En él se establece, y además con la mayor de las solemnidades posibles, que la Nación española... proclama su voluntad de... colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra De esta suerte nuestra Ley Fundamental se alejaría de aquellas concepciones más clásicas, como la del propio Carl von Clausewitz, cuando en su renombrada obra De la guerra afirmaba que en su nivel más alto, el arte de la guerra se convierte en política, pero una política que se realiza librando batallas en lugar de enviar notas diplomáticas Por consiguiente, lo más acertado hubiera sido, seguramente, la sustitución de la referencia expresa a la guerra, y haber procedido a la enunciación, más concorde con los tiempos presentes, de conflictos armados, ya sean éstos de orden interno o internacional. Unos conflictos, por lo demás, respecto a los cuales el Derecho internacional ha adoptado una política activa bifronte a favor de su mejor superación: de una parte, procurando su resolución mediante cauces pacíficos de negociación entre las partes afectadas; y de otra, desarrollando aquellas normas aplicables a las situaciones del recurrente conflicto. Y es que, como afirman Elisa Pérez Vera y Alejandro García Carrión, en sus Comentarios al artículo 63. 3 de la Constitución española de 1978 (1997) en virtud de los protocolos de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, ya no se introducen reglas aplicables a las situaciones bélicas, sino a cualquier situación de conflicto armado, sea éste de carácter interno o internacional, precisamente como resultado de la proscripción del derecho a la guerra Ahora bien, con independencia de las disquisiciones político- jurídicas efectuadas- -y que, volvemos a reiterar, distan mucho de ser semánticas- lo que no ha variado hoy es el mantenimiento en el contexto internacional de guerras o- -llamémoslo más correctamente- -conflictos armados. Algunos de ellos, por cierto, especialmente cruentos y despiadados con los sectores más débiles de la población civil. Baste recordar, a tal efecto, los de Bosnia, Afganistán, Guatemala, El Salvador o Angola. Pero sea como fuere, el Derecho debe ser cuidadoso con la selección de sus términos, no vaya a ser que las palabras terminen por significar lo que a nosotros interese, tal y como formuló Lewis Carroll, el creador del maravilloso personaje de Alicia: Cuando yo empleo una palabra- -declaró Tentetieso en tono desdeñoso- significa lo que quiero que signifique... La cuestión está en saber- -insistió Tentetieso- -quién manda aquí, si las palabras o yo