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4 Opinión JUEVES 30 6 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CALIBRAR EL RIESGO E MATRIMONIO ABREVIADO L Congreso de los Diputados aprobó ayer- -coincidiendo con la entrada en funcionamiento de los polémicos Juzgados de Violencia Doméstica- -la reforma del Código civil y de la ley de Enjuiciamiento Civil que facilita el divorcio al no hacer necesaria la separación previa de los cónyuges ni la alegación de causas de la ruptura conyugal. A los tres meses de contraído el matrimonio, ambos cónyuges o uno solo, con o sin el consentimiento del otro, podrán pedir directamente el divorcio. Esta reforma legislativa toma como punto de partida un análisis de la realidad que está ampliamente compartido. La litigiosidad conyugal es muy elevada y produce en muchos casos un alto nivel de hostilidad entre los cónyuges, que es innecesaria y que acaba repercutiendo gravemente en los hijos. En este sentido, es razonable que el Parlamento haya abordado este problema, vinculado también a episodios de violencia doméstica, caldeados en largos procesos de disputas conyugales, en los que el cruce de acusaciones y reproches desborda el cauce procesal para impactar de lleno en la irracionalidad de la agresión física y psíquica. A partir de esta observación, caben varias objeciones a la ley aprobada ayer por el Congreso. La primera es de carácter previo y tiene que ver con el criterio que el Estado debe tomar en las crisis conyugales. Si es sensato aceptar que la estabilidad matrimonial es un bien social- -por eso es necesaria la intervención del juez en todo proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial- se echa de menos en la nueva ley un esfuerzo del legislador por ocuparse también de la mediación entre los cónyuges y, por qué no, de la continuidad del matrimonio. Para legislar con objetividad y rigor no es necesario que el Estado se mueva en una aparente neutralidad aséptica, cuando están en juego valores generales, aparte de los individuales. Es evidente que sólo los cónyuges deben decidir sobre su vínculo matrimonial y su vida en común, pero de la misma forma que el Estado ha legislado para allanar la ruptura, su posición institucional no se habría perjudicado si también hubiera previsto medidas de apoyo a la reconciliación conyugal. Es más, y esta es otra objeción importante, la ley lleva su E propósito de facilitar el divorcio hasta el extremo de que parece que lo incita, porque la reducción a tres meses del plazo legal para pedirlo y el que no sea necesario que el cónyuge demandante alegue las causas de la ruptura, más que agilizar el divorcio lo que hacen es abreviar el matrimonio, poniéndolo a medio camino entre el simple repudio y el matrimonio a prueba. La supresión de la alegación de causas tiene una valoración compleja, porque es cierto que en muchos procesos sólo produce un juicio humillante o inquisitorial entre los cónyuges, pero en otros supuestos, no escasos, el planteamiento de las causas de la ruptura es una cuestión de justicia para el cónyuge que las ha sufrido y, al mismo tiempo, puede permitir al juez una valoración más completa a la hora de resolver sobre el cuidado de los hijos, para los cuales se prevé, precisamente, la posibilidad de que estén sometidos a la custodia compartida de los padres, medida que muchos sectores profesionales y organizaciones consideran inconveniente. Una cierta tendencia demagógica ha confundido la causalidad del divorcio con la culpabilidad de uno u otro cónyuge, cuando lo cierto es que en el ordenamiento no existe el principio de culpabilidad en las rupturas conyugales. También es importante considerar que, a partir de esta reforma, el matrimonio reduce sensiblemente su carácter de institución bilateral. De poco o nada sirve que el Código civil imponga obligaciones de fidelidad, de socorro mutuo, de cuidado de menores y ascendientes y de ejercicio compartido de tareas domésticas, si la sola voluntad de uno de los cónyuges- -y sin alegar causa de ninguna clase- -dará luz verde al divorcio. Por eso, en su lectura negativa, es posible ver en esta forma de regular la ruptura del matrimonio una manera de premiar las conductas más egoístas, insolidarias y generalmente machistas aún imperantes en la vida familiar. Esta ley es un ejemplo de que una buena idea puede tener un desarrollo legislativo que, como mínimo, no esté a la altura de las necesidades sociales, porque la solución no es llegar a una respuesta legal que haga más fácil romper con el cónyuge que desahuciar al inquilino que no paga la renta. L socialismo vasco parece convencido de que algo se mueve en la política antiterrorista. Algunos de sus dirigentes y cargos electos han pedido que se les retire la escolta, gesto que merece un análisis sosegado para que los árboles no impidan ver, en toda su extensión, los peligros que esconde el bosque. La tregua selectiva de ETA obliga a la cautela, porque hay que mantener la guardia alta y las espaldas cubiertas ante los movimientos transversales del terrorismo. Se impone la prudencia para calibrar el riesgo que supone pensar que hay menos riesgo. Porque una medida inconveniente puede suponer, además, un agravio comparativo frente a los que no tienen más remedio que seguir llevando escolta. Francisco Vázquez GONZALO CRUZ DELANTERA DE FUEGO L alimón, el tándem Vázquez- Rodríguez Ibarra, puntales de la delantera de fuego socialista en momentos comprometidos, cargó ayer contra las billonarias exigencias de Anxo Quintana, el líder del BNG que se pasó el martes de frenada. Réplica a pares que contrasta con el silencio medido de Pérez Touriño. La habilidad socialista para generar su propia oposición debería llevar al PP a una seria reflexión: porque si el PSOE se convierte en voz crítica de sí mismo, llegará el momento en que Mariano Rajoy se verá obligado a ir a rebufo de Vázquez, Ibarra o Alfonso Guerra. Estrategia a doble banda que anula la capacidad de maniobra de los populares en un momento en que se impone marcar los tiempos y llevar el compás de una situación política delicada. A IRAK, EN DIFICULTADES S mucho lo que se juegan los EE. UU. en Irak, pero más aún la comunidad internacional y, sobre todo, la mayoría del pueblo iraquí. Si el proyecto democrático que trata de sobrevivir en medio de la violencia terrorista fracasara, a buen seguro que el país se sumergiría en una guerra civil transversal en la que se ventilarían disputas religiosas, étnicas y tribales de muy diversa procedencia. Si así fuera, el panorama geoestratégico del Oriente Próximo se vería extraordinariamente complicado, ya que las repercusiones que generaría el colapso iraquí podrían extenderse como las ondas concéntricas de un seísmo de magnitud imprevisible. El panorama en estos momentos no puede ser más sombrío. Sobre todo, a raíz del cambio político acaecido en Irán con el triunfo de la ortodoxia chií y las peligrosas injerencias que puede tener este hecho sobre su vecino iraquí. La necesidad de encontrar una pronta salida al conflicto se hace cada vez más perentoria. Los gestos norteamericanos de aproximación a los poderosos clanes tribales que alimentan la insurgencia sunní demuestran la gravedad PRUDENCIA A reprobación de Federico Trillo en el Congreso, por negligencias en la contratación de vuelos e identificación de cadáveres en el Yak 42 es la expresión última de una larga batalla de intereses cruzados. Excesiva en el fondo y en la forma, de un error se ha pasado a otro sin solución de continuidad, configurando el peor de los escenarios: una áspera contienda partidista plena de excesos, con salpicaduras imprevistas. No era así como debía terminar un asunto que se gestionó rematadamente mal en un principio y que, lejos de encauzarse, se pierde hoy en una descarnada y cruenta guerra de ataques por la espalda. Golpes bajos que no aportan luz a una dramática historia en la que la memoria de las víctimas obliga a un alto en el camino para recobrar la cordura y el sentido común perdidos en mitad de la refriega. E del momento y la oportunidad de maniobras tácticas que desactiven los frentes interiores que lastran el difícil avance del proceso democrático iraquí. En este sentido, el discurso pronunciado ayer por el presidente Bush en Fort Bragg pone de manifiesto que es consciente de que los EE. UU. pueden perder la paz si la presión terrorista erosiona el aguante de la sociedad norteamericana. Sobre todo porque, no lo olvidemos, son los norteamericanos quienes- -junto con los propios iraquíes- -soportan más duramente el día a día de un Irak convulsionado por el terrorismo. Decir que la sombra de Vietnam es alargada en el imaginario inconsciente de la sociedad norteamericana es una obviedad que, sin embargo, explica perfectamente tanto el aumento de las voces críticas al despliegue norteamericano en la zona como el descenso del apoyo popular al mismo. A un año de la definitiva transferencia de la soberanía a los iraquíes, sería bueno que todos afrontáramos una reflexión autocrítica sobre los costes globales de oportunidad, que, a la larga, pueden llegar a tener políticas excesivamente voluntaristas. Incluso cuando sirven a la noble causa de la libertad. L