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4 Opinión MARTES 28 6 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil DESINCENTIVAR E CONFIRMACIÓN EN GALICIA L recuento de votos en las Juntas Electorales provinciales confirma el resultado de la noche electoral en Galicia: no se ha producido, por tanto, el vuelco en Pontevedra, pendiente de un puñado de votos de los ciudadanos incluidos en el Censo de Residentes Ausentes. El escaño en disputa- -el clavo ardiente al que se encomendaron los populares para mantenerse en el poder en esa autonomía- -se quedó finalmente en las filas socialistas. El procedimiento electoral ha funcionado, no sin dificultades y controversias, aunque hubiera sido preferible evitar la sombra de la sospecha que se ha cernido durante algunos días sobre los votos procedentes de Venezuela. Aún quedan pendientes, además, las impugnaciones anunciadas por el PP por la anulación de más de 4.500 votos llegados a Pontevedra, si bien parece improbable que de ser aceptadas diesen un vuelco al resultado de anoche. Una vez resuelta la incertidumbre y, salvo sorpresa mayúscula, todo apunta a un pacto de gobierno entre PSOEBNG, que permitirá alcanzar la presidencia de la Xunta a Emilio Pérez Touriño, previa una negociación en la que se presumen fuertes concesiones hacia el nacionalismo radical. Esta alianza no es, desde luego, una buena noticia para la estabilidad del sistema constitucional. Se abre, en efecto, un nuevo frente en la tercera de las llamadas nacionalidades en el sentido del artículo Segundo de la Constitución, que aspiran ahora a la calificación de nación según la nuevaterminología auspiciada por los socialistas en contraposición frontal con la realidad del Estado autonómico. Pérez Touriño es un político moderado en las formas y parece ajeno al radicalismo en sus planteamientos. Pero parece que las circunstancias han de llevarle hacia un acuerdo que puede convertir a Galicia en un serio factor de distorsión, que se suma a la compleja situación política en Cataluña y en el País Vasco; todo ello ante la aparente complacencia de Rodríguez Zapatero y la satisfacción indisimulada del secretario de organización del PSOE, José Blanco, dispuesto a casi todo con tal de desalojar a Manuel Fraga de su despacho en el Palacio de Raxoi. El Bloque Nacionalista Galego no es un aliado sencillo para los socialistas y, en ciertos aspectos, puede ser equipa- E rado a la Esquerra Republicana que lidera Carod- Rovira. Ante todo, se trata de un conjunto heterogéneo, ya que en el Bloque conviven grupos de muy distinta orientación, con sus propios equilibrios internos de poder. Pero lo principal es que, después de un resultado muy discreto, su seña de identidad va a ser la deriva hacia una escalada nacionalista que difícilmente podrá ser frenada por Touriño. Sobran ejemplos de lo difícil que le ha sido a los socialistas la cohabitación en el poder con el Bloque. El último tuvo lugar en la Alcaldía de Vigo, que ahora ocupa el PP tras fracasar la coalición PSOE- BNG que llevó al socialista Ventura Pérez Mariño al Consistorio vigués. Manuel Fraga ha ganado de largo las elecciones, pero el triunfo ha sido insuficiente. Es el momento de reconocer el significado de una figura política fundamental para el establecimiento de la democracia en España, además de ser un líder que muchas elecciones y que ha estado al borde de prestar a su partido un último y excepcional servicio. Cumplidos los trámites de constitución del Parlamento, el PP debe plantearse en plazo razonable el asunto de la sucesión, siendo consciente de que puede desatar querellas internas que ya nadie se toma la molestia de ocultar. En todo caso, los populares gallegos cuentan con un activo electoral de primer orden y deben afrontar sin demora un reto aplazado durante demasiados años. En el ámbito nacional, la confirmación del resultado no altera la valoración política. A pesar de su precaria mayoría parlamentaria, Zapatero no puede jactarse de haber logrado el apoyo masivo de los gallegos para poner en marcha el tercer pilar de ese proyecto al que llama España plural con un eufemismo que no logra ocultar la realidad. Mariano Rajoy, plenamente implicado en la campaña, ha logrado un aceptable resultado: confirma su liderazgo interno y puedeafrontar los próximos tiempos con libertad de acción. Salvo una improbable disolución anticipada, en España se abre un periodo de dos años sin procesos electorales. Buena ocasión para moderar posturas y recomponer el consenso en asuntos de Estado, en especial en materia antiterrorista y de relaciones internacionales. Ojalá que no se desperdicie la oportunidad. L alza imparable del barril de petróleo ha conducido a que el Ministerio de Economía se plantee medidas para desincentivar el consumo de gasolina. Pedro Solbes, que ayer intervino en el Foro ABC, afirmó que los consumidores deben internalizar el coste de esta energía. Una vez traducido el eufemismo- -y sabiendo en qué consiste la desincentivación también prevista para el consumo de energía eléctrica- es previsible intuir que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está pensando en algún tipo de medida ligada a penalizar el consumo de petróleo. Quizá sería más adecuado dejar que el mercado fuera el que castigara a quienes más consuman antes de plantear otro tipo de medidas. No obstante, Solbes acertó al alertar de los riesgos que se ciernen sobre la economía española. Baltasar Garzón IGNACIO GIL SIN DUDA OMO juez instructor del caso, Baltasar Garzón no dejó ayer pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que consideraba que la kale borroka es ajena al terrorismo etarra porque, entre otras razones, no emplea armas. La kale borroka -dijo Garzón- -es una actividad criminal diseñada, planeada y dirigida por ETA Como recordaba el fiscal del juicio que se sigue contra los acusados por el 11- M, en referencia a los ataques de Nueva York y Washington, el mayor atentado de la historia se produjo sin armas las mismas armas que otros magistrados consideran necesarias para conseguir el carné oficial de terrorista. Garzón también lo tiene claro. Para despejar dudas, el próximo diciembre vuelve a la Audiencia Nacional. C DESCARGA JUDICIAL EN LA RED L Tribunal Supremo de EE. UU. ha puesto en el alero a las compañías de intercambio de archivos a través de internet, al dictar una sentencia que autoriza a tribunales de primera instancia a revisar si esas entidades promueven la descarga ilegal de música y cine. En sí misma no es una condena de las compañías afectadas por la resolución, pero les levanta la inmunidad en la que venían moviéndose gracias a que los jueces de tribunales inferiores, en virtud de otra sentencia del Supremo de 1984, consideraban que la ilegalidad la cometían los usuarios que accedían al intercambio, pero no las empresas que lo permitían. El Supremoentiende ahora que estascompañías podríaninducir a cometer actos contra la propiedad intelectual. Esta responsabilidad en escala es el efecto principal de la resolución, adoptada por unanimidad, lo que indica una fuerte convicción judicial de que la situación en la red requiere una intervención legal más intensa. Sin duda, la decisión tendrá detractores y partidarios, según se aprecie la circulación, descarga e intercambio de archivos musicales y de cine en la red como un avance de la E comunicación y del desarrollo, o como un fraude masivo contra la propiedad intelectual. Es evidente que, al margen de quién tenga más o menos razón, el Supremo ha cambiado de criterio porque el conocimiento de cómo está evolucionando la red ha aumentado tanto como la experiencia acerca de los problemas que está ocasionando. Cabría ahora recordar que ese tribunal declaró la inconstitucionalidad de dos Leyes de la administración Clinton contra la pornografía infantil en internet, por entender que vulneraban la libertad de expresión. No hay que descartar que dentro de unos años el Supremo de EE. UU. resuelva con la lección aprendida sobre este asunto, pues para entonces se habrán rebasado todos los límites imaginables, como prueban las operaciones policiales contra la pederastia en la red. Ciertamente, el intercambio de archivos y la pornografía infantil son asuntos completamente distintos que no pueden merecer juicios éticos equivalentes, pero si de lo que se trata es de establecer reglas para el funcionamiento de la red, ambos sirven como evidencia de lo difícil que resulta poner barreras a un mundo virtual. MULTA PSICOLÓGICA N O podemos conducir por ti ni multarte, al parecer. Con la instalación de nuevos radares, la Dirección General de Tráfico ha anunciado la puesta en marcha de la multa psicológica basada en que el infractor recibirá la notificación en su domicilio pero no tendrá que pagarla. Al menos, la primera vez, pues si vuelve a vulnerar las normas de tráfico sí será multado. Pasando por alto la desigualdad que supone tratar a unos conductores de manera diferente a otros, según el radar que capte la infracción, la medida apela al arrepentimiento casi espontáneo de los conductores. Desgraciadamente, la experiencia indica que no basta.