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4 Opinión SÁBADO 25 6 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL BARRIL, A 60 DÓLARES E VEREDICTO DE FISCALES AS elecciones celebradas el pasado jueves para cubrir nueve plazas electivas del Consejo Fiscal han representado un serio revés para el fiscal general del Estado y, por elevación, para la política que está aplicando el Gobierno socialista en el ámbito de la Justicia. La Asociación de Fiscales (AF) muy crítica en las últimas semanas con la gestión de Conde- Pumpido, ha obtenido las seis plazas a las que podía optar como máximo, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha ratificado su condición minoritaria con sólo tres vocales. Estos resultados habrían sido distintos, y aún mejores para la AF, si el fiscal general no hubiera introducido, a toda prisa, una reforma en el Reglamento del Consejo orientada a contrarrestar por decreto la fuerza electoral de esa asociación, reforma que establecía que dentro de una misma candidatura sólo pudieran ser votados seis candidatos, como máximo. Aun así- -y a pesar de las frustradas maniobras de Conde- Pumpido para excluir a determinados candidatos de la AF, finalmente elegidos- esta asociación ha barrido, literalmente, en las elecciones. Mala noticia para el fiscal general, cuyo prestigio se está empobreciendo a marchas forzadas por actuaciones y declaraciones claramente impertinentes, tanto en el ámbito judicial (caso Atutxa, Partido Comunista de las Tierras Vascas, detención ilegal de dos militantes del PP) como en el ámbito interno (abandono de la Junta de Fiscales de Sala, arbitrariedad en los nombramientos y desprecio por el Consejo, como en la no renovación de Eduardo Torres- Dulce en el Tribunal Supremo) El Gobierno ya dispone, en el plano judicial, de un cuadro de la situación muy preciso. Los jueces también dieron, en octubre pasado, un voto de castigo a la política de intromisión gubernamental en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, el 68 por ciento de los puestos de las salas de Gobierno de L los Tribunales colegiados fue cubierto por la Asociación Profesional de la Magistratura. Sólo el 6 por ciento fue a parar a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Son dos claros rechazos a la política judicial del Ejecutivo, basada en un afán de control que, lamentablemente, parece consustancial al PSOE, cuya relación con la Justicia siempre resulta conflictiva. Los fiscales acaban de responder de manera similar a los jueces, ante una gestión claramente negativa de Conde- Pumpido, cuyo empeño principal, aparte de dirigir este órgano como si fuera su coto privado, ha sido promocionar a la Unión Progresista de Fiscales de manera desproporcionada a su cuota de representación. Por desgracia y en algunos casos, también en contra de los escasos méritos de ciertos miembros de la carrera encumbrados a la máxima categoría. Además del dato puramente electoral, el Gobierno debería tener más en cuenta otro muy importante: su forma de tratar la Justicia ha movilizado a jueces y fiscales de forma desconocida en la historia electoral de ambos cuerpos. Y esto es debido a las decisiones radicales, impositivas y, en algunos aspectos, sectarias que tanto el Gobierno como Conde- Pumpido han tomado para doblegar a un Poder que el socialismo acostumbra a mirar con desconfianza y a veces con cierta animadversión. Es muy ilustrativo el dato de que en las elecciones del pasado jueves hayan votado aproximadamente el doble de fiscales que en los últimos comicios. Políticamente, la inequívoca voluntad democrática de jueces y fiscales debería ser tenida en consideración por un Gobierno pródigo en discursos sobre el diálogo y el consenso, abanderado del respeto a las mayorías y teórico defensor del principio de representatividad. Algo dice, sin embargo, que la Justicia seguirá siendo para el Ejecutivo no un poder del Estado, sino un obstáculo político que hay que superar. L petróleo sigue su imparable escalada alcista y, como efecto secundario inmediato, provocó ayer caídas en las principales Bolsas del mundo. Este peligroso cóctel para la economía se completa con la tendencia a la baja del euro, que sigue por debajo de la marca de los 1,21 dólares y al que la crisis europea no ayudará a remontar anteriores glorias. Hay estudios que señalan que, calculado en la divisa europea, el crudo ha aumentado su precio un 60 por ciento desde el mes de enero. El panorama apunta, pues, a tiempos difíciles, o al menos a mucha incertidumbre, tanto para los consumidores como para el desarrollo económico de los países europeos, que habrían de revisar sus previsiones de crecimiento (en España los Presupuestos aún están calculados con el crudo a 32 dólares) si el barril del Brent toma la senda de los 60 y la supera. Benedicto XVI EPA ROMPER CLICHÉS E VIEJA Y NUEVA RTVE E L Consejo de Ministros dio ayer luz verde a un Plan de Reforma del sector audiovisual que parece, en un primer análisis, más ambicioso en las formas que en los contenidos. En este contexto, se acordó la remisión al Congreso del proyecto de ley sobre la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal (RTVE) También en este caso la modernización en las formas jurídicas y económicas (corporación RTVE o mandato- marco) no es suficiente para ocultar una cierta continuidad en los aspectos sustanciales. Así sucede con el nombramiento del ahora llamado director general ejecutivo del antiguo Ente Público, que pasará a ser seleccionado por el consejo de administración mediante un procedimiento público, lo que parece derivar hacia un concurso previo de méritos y una valoración objetiva de los mismos. La buena intención que se presume, y que efectivamente apunta a una mejora evidente del actual procedimiento electivo, no debe arrellanarnos en la ingenuidad. En efecto, el consejo que designará al director será nombrado a su vez por el Congreso y el Senado y por los sindicatos. Es notorio por tanto que las cuotas de partido van a ser decisivas, como ya ocurre con el consejo actual o incluso con órganos todavía más necesitados de imparcialidad como el CGPJ. Es imprescindible que la democracia sea capaz de superar ciertas tentaciones partitocráticas que impiden a determinadas instituciones alcanzar un prestigio que sólo otorgan la independencia de criterio y el rigor en el ejercicio de sus funciones. El proyecto de ley acelera el proceso de huida del Derecho Administrativo, fenómeno de sobra conocido desde hace años en el marco de las Administraciones públicas. Se constituye ahora una sociedad pública estatal, lo que conlleva ventajas para un funcionamiento acorde con pautas mercantiles, pero deja por entero la capacidad de decisión en manos de la mayoría política de turno. Se pone énfasis en la eliminación de la financiación mediante endeudamiento y en la desaparición del aval ilimitado del Estado, pero se mantiene de forma expresa el sistema de doble financiación (subvención y publicidad) lo que significa que sigue sin abordarse el problema nuclear de la televisión pública. No se han tenido en cuenta las opiniones disidentes en el marco del llamado comité de sabios ni las objeciones del Ministerio de Economía y Hacienda. En definitiva, el régimen jurídico de la radio y la televisión públicas en España, bajo el manto de la modernidad terminológica y organizativa, no se altera en sus claves profundas. Si no lo remedia la tramitación parlamentaria, se habrá perdido una nueva oportunidad. L primer discurso oficial de Su Santidad el Papa fuera del Vaticano, que tuvo lugar en el palacio del Quirinal con motivo de su visita oficial a Italia, ha de servir para romper el equivocado cliché ultraconservador con que algunos sectores le catalogaron cuando accedió a la silla de Pedro. Benedicto XVI expresó ayer su respeto por un sano Estado laico sin que ello haya de suponer la renuncia a la ética que indudablemente emana de la religión, como él mismo recordó. Porque no es lo mismo laicidad que laicismo, término asociado a una actitud hostil hacia las religiones. Y ese es el mensaje que seguramente quería transmitir el Sumo Pontífice, quien volvió a recalcar el valor de la familia, a la que los estados han de defender como pilar central que es de la sociedad. NO SABE, NO PREGUNTA UNQUE a cualquiera le ha de parecer extraño, los gestores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no consideraron oportuno preguntar sobre la irrupción de EHAK en el Parlamento vasco en un sondeo realizado en esa Comunidad tras las elecciones autonómicas. El asunto de los comunistas de las tierras vascas, que ayer facilitaron la reelección de Ibarretxe como lendakari, parece un tema que incomoda sobremanera al Gobierno, que ahora quizá se esté cuestionando por qué no instó al fiscal general a pedir la anulación de las listas de esta nueva máscara de ETA Batasuna. Como es previsible la reacción de la ciudadanía ante esta circunstancia, lo mejor, según parece, es no preguntar. A