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ABC SÁBADO 25 6 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC EL GUARDIÁN DE LA CONSTITUCIÓN POR RAMÓN TRILLO TORRES PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO Cada vez que actúa de esta guisa, el Tribunal rompe el equilibrio que la propia Constitución quiso fijar entre las potestades del Poder Judicial... UELE decirse que los auténticamente grandes de la literatura universal se distinguen por su esplendorosa y refulgente monotonía, aparente contradicción entre adjetivos y sustantivo que se explica por el hecho de que girando normalmente su obra en torno a uno o dos problemas fundamentales, en ellos obsesivos, sin embargo son capaces de enfocarlos, describirlos e iluminarlos desde perspectivas, intensidades y expresiones literarias tan polifacéticas, que el resultado final es la ubérrima variedad y la excelencia artística. Este don de los dioses con toda evidencia no nos es dado al común de los mortales y por eso cuando volvemos sobre un tema del que ya habíamos tratado con anterioridad, solemos exudar monotonía, porque nuestro menguado ingenio no abastece a la entretenida y variopinta innovación, que en este caso ni siquiera alcanza al título del artículo, que tomo de un breve diálogo con que concluía otro publicado hace años en la Tercera, en el que aludía al sueño del protagonista de El Guardián entre el Centeno la novela del norteamericano Salinger, para llamar guardián de la Constitución al Tribunal Constitucional. Afirmada esta eminencia del Tribunal, que se corresponde con la supremacía jurídica del texto legal cuya guarda le ha sido encomendada, es- -desde mi punto de vista- -exigencia institucional del sistema que sea consciente de que su posición en el mismo le obliga más que a nadie al respeto escrupuloso de la Constitución que aplica, con especial y muy definidora incidencia cuando ésta le impone limitaciones que si son rebasadas lesionan gravemente la intangibilidad del núcleo esencial de los poderes del Estado. Este posible achaque, en que el celador se tornaría en dañador, constituye una quiebra del equilibrio constitucional que adolece de la profunda gravedad de someter a ocasional voluntarismo el rigor del mandato Constitucional por parte de quien ha sido llamado por la soberanía nacional a ser su más estricto vigilante. S compete al Tribunal Supremo, al que el propio texto Constitucional atribuye la calidad de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes siendo este mandato el que la Sala de lo Penal considera que ha sido incumplido por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué ha sido incumplido? El derecho es un instrumento para organizar la convivencia ciudadana, que en sus planteamientos teóricos y normativos tiende a alcanzar un alto grado de racionalidad y eficacia, de modo que su afán y anhelo es encontrar respuesta a todas las posibilidades de conflicto que puedan surgir en la sociedad, reconociendo también la realidad de que hay un dato, como es el transcurso del tiempo, que por sí mismo primero llena de herrumbre y después acaba haciendo intempestiva la exigencia de los derechos que ha permanecido vivos, pero no reclamados. A este fenómeno atiende el instituto de la prescripción, muy buenamente explicable durante la campaña del impuesto sobre la renta en la que ahora nos vemos sumidos los españoles: a usted, caro lector, le toca pagar una suma por este impuesto, pero si ni usted la paga voluntariamente ni la Real Hacienda se la reclama y esta posición de inactividad por ámbas partes se mantiene durante cuatro años, su deuda tributaria habrá prescrito y si el Fisco le requiere después el pago, usted tendrá derecho a entonar a voz en grito el tururú y, si no es usted muy exquisito en sus formas, dedicar a la entidad peticionaria un sonoro doblado de codo. Hace muy pocos años, sin embargo, usted tenía que permanecer agazapado cinco años para obtener tan eficaz beneficio. Algo parecido pasa con lo que se le debe a un particular o con el caso del delincuente que no es perseguido por la Justicia durante un determinado período de tiempo, pero- ¡cuidado -el Derecho siempre acaba rindiendo culto final a la moral, incluso en sus soluciones más cínicas y pragmáticas, y si usted tiene una deuda que ha prescrito su acreedor no podrá exigírsela, pero si por despiste o elemental decencia usted la paga voluntariamente, entonces no podrá exigir que el acreedor le devuelva la cantidad que le ha pagado. Todo este montaje, dirigido a sanear el sistema me- diante la eliminación de lo vetusto, dar sosiego a los deudores y a los cacos y promover la diligencia de los acreedores y del Estado, ha estado de siempre en manos del legislador, de modo que su prudencia y tradiciones jurídicas muy sólidas y consolidadas han fijado unas reglas de actuación, cuyas dudas han sido resueltas pacíficamente por los jueces y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo materia que nadie duda que en absoluto compete o alcanza el territorio constitucional de los derechos fundamentales. Por eso la cuestión que subyace en el caso que comento no es la de cual de los Tribunales ha estado más acertado a la hora de decidir cuando se interrumpe el plazo de prescripción de los delitos, lo cual implicaría un mero problema jurídico- penal, sino que el conflicto se remonta al rango de lo jurídico- constitucional, porque la sentencia del Tribunal Constitucional desconoce- -con desconocimiento no fácilmente excusable- que la materia de prescripción sobre la que se ha pronunciado con afán dogmático no forma parte de sus competencias constitucionales. Cada vez que actúa de esta guisa, el Tribunal rompe el equilibrio que la propia Constitución quiso fijar entre las potestades del Poder Judicial, constituido por jueces profesionales, organizados en un cuerpo constitucionalizado, protegidos en su independencia por el Consejo General del Poder Judicial y con una cúpula también constitucionalizada, el Tribunal Supremo, y las más leves y residuales otorgadas en el ámbito judicial a los doce jueces del Tribunal Constitucional, designados directamente por las instituciones políticas del Estado. Esta peligrosa ruptura genera desigualdad en la aplicación de la Ley; inunda al Tribunal Constitucional de peregrinos recursos de amparo, puesto que se corre la voz de que, cualquiera que sea la materia, la flauta puede sonar; pone en entredicho la imparcialidad de la institución (véanse las constantes y malsanas alusiones al proceso pendiente de amparo de dos conocidos y homónimos hombres de empresa) le lleva al descuido de su misión más sustancial e imprescindible, por exclusiva, cual es el examen de la constitucionalidad de las leyes y, finalmente, interfiere de forma extravagante en uno de los más profundos, eficientes y saludables diálogos que se producen en la democracia, el que se desarrolla entre los representantes de la ciudadanía y los jueces, al interpretar éstos las leyes que aquellos dictan, poniendo de manifiesto, al resolver cada litigio particular, sus aciertos o sus insuficiencias y promoviendo así nuevas decisiones de los legisladores para mejorar o completar el sistema jurídico en el que vivimos. No estamos, pues, ante un banal caso de celos judiciales, como con elementalidad conceptual afirma el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt. El tema es complejo y afecta a vetas profundas de la sustancia constitucional, en las que ya hace tiempo que bucea la doctrina alemana para asegurar el desarrollo sano de la democracia, evitando que sus energías sean aplastadas precisamente por quien tiene la misión de estimularlas. Una belle écuyere pasa amazona sobre un caballo pío: ¿A qué se debe la lid, aguerrido caballero? -A que a veces es difícil mantener la mirada alta de las águilas Hace unos días la prensa se ha hecho eco de una declaración de la Sala que entiende en asuntos criminales en el Tribunal Supremo, en la que se dice que ciertas interpretaciones en las que se mete el Tribunal Constitucional vacían de contenido la competencia exclusiva y excluyente que a aquel le atribuye de manera directa e inmediata la Constitución, de la que resulta su naturaleza de máxima instancia judicial en el orden penal. El punto de arranque de la protesta se sitúa en que el Tribunal Constitucional, al conocer de un recurso de amparo contra una sentencia de una Audiencia Provincial, se ha dado el gusto de teorizar y fijar doctrina sobre cuál es el momento en que debe entenderse que termina la posibilidad de seguir contando el plazo de prescripción de los delitos, que para unos finalizaría cuando un ciudadano se querella o denuncia el hecho delictivo, mientras que otros entienden que es necesario esperar a que el juez tome una decisión afirmativa sobre dicha denuncia o querella. Para comprender los mimbres del debate, hay que partir de que la Constitución, en materia de amparo, solo reserva al Tribunal Constitucional el examen de los derechos fundamentales declarados en la propia Constitución, pero que la interpretación definitiva de todos los demás derechos e instituciones jurídicas