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52 VIERNES 24 6 2005 ABC Sociedad El Gobierno da hoy luz verde al Plan de Reforma del Audiovisual y autoriza otra cadena privada El concurso para el nuevo canal se convocará a final de julio, tras los informes de la CMT y el Consejo de Estado el nuevo modelo de RTVE, con doble financiación, y el Consejo estatal de Medios Audiovisuales, con enorme capacidad sancionadora F. ÁLVAREZ MADRID. Tres anteproyectos de ley y dos reales decretos conforman el denominado Plan de Reforma del Audiovisual, una serie de medidas a las que el Consejo de Ministros de hoy tiene previsto dar luz verde. Tal y como adelantó ayer ABC, entre las iniciativas de mayor calado figuran la reforma de RTVE y la puesta en marcha de un concurso para adjudicar una nueva cadena privada de TV con cobertura en el 70 por ciento del territorio nacional. No obstante, este Plan no se aprobará definitivamente hasta finales de julio, cuando se espera que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) el Consejo Asesor de Telecomunicaciones (CATSI) y el Consejo de Estado hayan dado sus pareceres. Entonces se convocará el concurso para la concesión de la nueva TV privada. Los argumentos empleados por el Ejecutivo para justificar tan amplia batería legislativa van desde el pluralismo cultural, social y político hasta la consolidación de un sector audiovisual sostenible, rentable e independiente Para los próximos días, como anticipó este diario, también figura en la agenda del Gobierno la autorización a Canal para emitir en abierto las veinticuatro horas del día, trámite que no precisa pasar por Consejo de Ministros y que depende exclusivamente de una orden de Industria, cuyo titular es José Montilla. b También se presentarán hoy Zapatero ha seguido de cerca el plan audiovisual ideado por Montilla IGNACIO GIL Ley General Audiovisual 1. Normativa dispersa. El nuevo anteproyecto deroga una decena de leyes que han quedado obsoletas y que generan inseguridad jurídica, según el texto elaborado por el Gobierno. 2. Sin servicio público esencial. Los servicios de Radio y TV se liberalizan y dejan de ser servicio público esencial, con la única excepción de los que se prestan mediante empresas públicas (estatal, autonómico y local) 3. Recorte publicitario en TV pública. Se reserva la posibilidad de establecer límites específicos a la emisión de publicidad en las televisiones públicas, medida que ya recogía el informe de los sabios sobre RTVE. 4. Licencias para TV analógica. Para los difusores que empleen las ondas hercianas (TV convencional) por ser un recurso limitado, se establece un régimen de licencias audiovisuales. RTVE: diez consejeros elegirán al director general mediante procedimiento público El Consejo de Ministros también verá hoy el anteproyecto de la Radio y TV de titularidad estatal (RTVE) Entre los principales cambios previstos para el Ente destacan: 1. Corporación RTVE. Se acaba con el actual régimen jurídico del Ente como organismo público del Estado y se crea la Corporación RTVE. 2. Mandato- marco. Se introduce la figura del mandato- marco, con una duración de nueve años, que marcará la estrategia. 3. Doble financiación. RTVE seguirá con doble financiación, eliminando el aval ilimitado del Estado y acabando con la financiación vía endeudamiento. 4. Nuevo Consejo. El Consejo de Administración tendrá diez miembros. Cuatro serán elegidos por el Congreso, y otros cuatro por el Senado por mayoría de dos tercios. Los otros dos serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas en España. Su mandato será de seis años, frente a los cuatro actuales. 5. Director general ejecutivo. El director general será seleccionado por el Consejo mediante procedimiento público. 6. Consejos Informativos. Se constituirán Consejos Informativos en TVE y RNE. Se pondrá en marcha un renovado Consejo Asesor. 5. Topes accionariales. Se fijan límites al número máximo de licencias audiovisuales en que puede participar un operador dentro de una demarcación. Estatal: en analógico, un canal. En digital, máximo un múltiplex completo (4 canales) Autonómico: el 50 por ciento de los canales privados disponibles en cada comunidad autónoma. Local: un solo canal. Una sola empresa no podrá participar en más de dos licencias de TV de ámbito estatal, autonómico o local en el caso de que coincidan en la misma zona de recepción de la emisión. Una empresa no podrá ostentar una participación significativa (superior al 5 por ciento) en más de un operador de igual cobertura. 6. Programación local. En TV local, cada operador tendrá fijado un determinado volumen de programación local original referida a su ámbito de cobertura. Las comunidades autónomas fijarán el número de horas de programación local exigible a cada operador y fijarán la parte de esta programación, que deberá ser accesible para los espectadores en horario de máxima audiencia. 7. Operadores independientes. Se establece que las plataformas de TV de más de veinte canales (cable y satélite) tendrán que reservar parte de su capacidad de transmisión a operadores independientes. 8. Doblaje de contenidos. Los titulares de canales de tecnología digital que emitan en abierto con cobertura que incluya comunidades autónomas con lengua propia estarán obligados a ofrecer versiones dobladas o subtituladas en otras lenguas españolas que estén previamente disponibles para facilitar la elección del usuario. En todo caso, el 25 por ciento de los programas grabados de ficción, animación o documentales de los canales que se difundan en abierto con tecnología digital y cuya cobertura incluya comunidades con lengua propia deberán ofrecer al menos dos bandas con versiones dobladas o subtituladas en al menos dos lenguas cooficiales. 9. Adiós a la Ley de Interés General. Se deroga la Ley de Acontecimientos de Interés General y en su lugar se establecerán garantías para que las emisiones así catalogadas sean difundidas en abierto, ya sean de carácter deportivo, cultural o social. Ley del Consejo estatal de Medios 1. Control estatal. Se crea el Consejo Audiovisual estatal, asumiendo buena parte de la competencias hoy en manos de Industria. Estará formado por siete miembros, elegidos por el Congreso de los Diputados por mayoría de dos