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20 Nacional MIÉRCOLES 22 6 2005 ABC ERC ya aplaza a octubre el nuevo texto estatutario BARCELONA. El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, afirmó ayer que es imposible tener listo el nuevo Estatuto antes del 31 de julio, como acordaron los líderes políticos catalanes en su reciente cumbre, y calcula que una fecha realista sería hacia mediados o finales de octubre De este mismo parecer es el viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien ve improbable que el texto pueda aprobarse antes de agosto. De esta forma, tanto el PSC como ERC contradicen al presidente catalán, Pasqual Maragall, quien tras entrevistarse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó que la aprobación en comisión parlamentaria, prevista para antes del 31 de julio, se mantiene El dirigente republicano dijo que ya es hora de empezar a decir las cosas claras sobre el calendario y evitar excesivas euforias Por su parte, PP y CiU expresaron sus dudas respecto a la posibilidad de que Cataluña tenga, finalmente, un nuevo Estatuto. ELENA CARRERAS Un millar de personas, con la iniciativa de los intelectuales catalanes Los impulsores del Manifiesto Por un nuevo partido político en Cataluña anunciaron ayer que se dan tres meses para calibrar las posibilidades de crear eL nuevo partido no nacionalista y propugnaron como objetivos preferentes de su acción política frenar la reforma del Estatuto catalán y dar un giro de 180 grados a la política lingüística de la Generalitat. En un acto en el que se desbordaron las previsiones más optimistas, con un millar de personas reunidas en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, informaron de que ya cuentan con 2.470 firmas de apoyo y que su página web ha recibido 93.000 consultas en doce días. El órgano asesor de Maragall cuestiona la mitad de las competencias del Estatuto Advierte a la ponencia de que más de 20 artículos vulneran la Constitución b Un informe del Instituto de Estu- dios Autonómicos critica que el Estatuto tenga plena libertad para diseñar un nuevo sistema de distribución de competencias MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. El Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) órgano dependiente de la Generalitat que, desde hace año y medio, asesora los trabajos del nuevo Estatuto catalán, ha dado un baño de realidad a los ponentes parlamentarios al advertir, en un informe al que ha tenido acceso este diario, que casi la mitad de los 53 artículos incluidos en el capítulo dedicado a las competencias de la Generalitat vulneran la Constitución. Además, el IEA cree necesario sintetizar este apartado al reconocer que la redacción final podría resultar excesivamente farragosa. Tanto el PSC como el PP se han basado en este informe para impulsar una compactación de competencias, lo cual indignó en su día a ERC, CiU e ICV, que atribuían esa propuesta a un deseo de los socialistas catalanes de reducir el techo competencial autonómico para acatar los designios del PSOE. Una propuesta que, además, venía precedida de varias reuniones entre diri- gentes populares y socialistas. La tormenta política ha quedado mitigada, pero en la práctica, el PSC está aplicando ese propósito de compactación en las sesiones de trabajo que se llevan a cabo en el Parlamento catalán. Si desde un principio hemos hecho caso del IEA, ¿por qué vamos ahora a hacer lo contrario? se preguntaba ayer un dirigente socialista. Volver a redactar En algunos casos, el IEA aconseja redactar casi por completo los artículos que presentan serios problemas de constitucionalidad, como es el dedicado a seguridad pública y tráfico, donde la redacción actual invade competencias del Estado. Asimismo, la exclusividad que se otorga a la Generalitat en materia de sanidad, salud pública y ordenación farmacéutica, también puede generar problemas legales. En el artículo dedicado a promoción y defensa de la competencia, el Instituto afirma que el Gobierno catalán no puede atribuirse competencias exclusivas. Meteorología suscita también problemas, igual que ordenación, promoción y planificación económica o energía y minas. En cuanto a universidad, en el documento se recuerda el principio de autonomía universitaria consagrado por la Constitución y la competencia estatal en materia de derechos de los funcionarios públicos. Redistribución Así, el informe del órgano asesor comienza con una serie de valoraciones genéricas. Asegura que es posible la redistribución de competencias entre Generalitat y Estado, pero eso no quiere decir que dentro de la Constitución quepa todo y que el Estatuto, que está subordinado a la Constitución y se debe interpretar de acuerdo con ella, tenga plena libertad para diseñar un nuevo sistema de distribución de competencias Añade que los estatutos, en tanto que normas institucionales básicas de las Comunidades autónomas, no son el lugar más adecuado para determinar cómo debe ejercer sus competencias el Estado. Los mandatos al legislador pueden establecerse siempre que se trate de mandatos genéricos y contengan remisiones al legislador estatal para su concreción. En cualquier caso, Los estatutos no son el lugar adecuado para determinar cómo debe el Estado ejercer sus competencias resalta como es obvio, corresponde al Estado aceptar o no las autolimitaciones que suponen este tipo de preceptos El IEA ve posible que desde los estatutos se puedan hacer interpretaciones de la Constitución siempre y cuando quepan diversas interpretaciones como es el caso de los horarios comerciales. No obstante, advierte de la necesidad de respetar las competencias estatales del artículo 149.1 de la Constitución Este organismo también se refiere a las críticas respecto al hecho de que la propuesta de Estatuto sea demasiado extensa y detallada Considera el IEA que no hay riesgo de petrificación pero reconoce la necesidad de reducir o condensar el listado de submaterias que contienen los diversos títulos competenciales A continuación, el documento aborda cada una de las competencias que contempla el proyecto de Estatuto catalán. De entrada, la tipología establecida- -exclusivas, compartidas y ejecutivas- -sigue generando disfunciones. La atribución genérica a la Generalitat de competencias ejecutivas puede suscitar, a juicio de el Instituto, problemas de inconstitucionalidad, así como la expresión administración ordinaria que puede ser interpretada como administración única algo que excede de la Carta Magna. La invasión de competencias atribuidas al Estado en la Constitución figura en buena parte del articulado. Así, el redactado actual de materias como educación, universidad o cultura supone una extralimintación constitucional, así como sanidad, seguridad pública y tráfico, ordenación del territorio, protección de datos, energía u organización territorial, entre otras.