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ABC DOMINGO 19 6 2005 Los domingos 63 El Vaquilla murió preso en 2003 tras pasar su vida en la cárcel, donde una condena de seis años se multiplicó hasta cien por incidentes y fugas en prisión. A la derecha, Mario Conde, cuya consecución de beneficios penitenciarios le costó la suspensión a una juez de vigilancia cía Pablos- -en delitos de terrorismo y de crimen organizado, para alcanzar el tercer grado, se exige haber satisfecho las responsabilidades civiles incluidas en la sentencia reparando económicamente el mal causado y que hayas dado pruebas de que te has desvinculado de la organización. Y para los delitos más graves, hoy sólo se obtiene el tercer grado cuando falta por cumplir un quinto de la condena, y para la libertad condicional una octava parte. Pero para los que estaban en la cárcel con anterioridad a la reforma del pasado verano, sigue funcionando la redención de penas por el trabajo, con lo que se puede lograr hasta un 30 ó 40 por ciento de reducción de la sentencia El sanguinario De Juana redimió hasta doce años. se debe tocar, aunque es mejorable. ¿Por qué si un español ataca a un colombiano se le agrava la pena por xenofobia, y no al revés? Deberíamos pararnos a reflexionar De cualquier forma- -añade Santa Cecilia- lo que hay que hacer es no cambiar cada dos por tres criterios mediante la doctrina del Tribunal Supremo, porque eso nos está llevando a callejones sin salida. Así ocurre en materia de prescripción, que es la que afecta al caso de los Albertos y lo que al final les librará de la cárcel. Y hay otras cosas tremendas, como los llamados plenos no jurisdiccionales del TS, en cuyas reuniones, a mi juicio ilegales, se hacen interpretaciones de la ley que están llevando a muchas personas a padecer los efectos de la prisión, incluso por deudas, cuando está prohibido por la Constitución y desde el siglo XIX. Esta barbaridad traducida a la práctica nos lleva a que, por ejemplo, Mario Conde esté en la cárcel cuando, en mi opinión, ya debería estar en la calle. La contaminación política llega hasta límites insospechados y cala en la sociedad. Lo mismo que la imagen de un representante de terroristas entrando por una puerta de la cárcel y saliendo por otra Pero esto no va a quedar así. Mientras la Asociación de Víctimas del Terrorismo congrega un sentimiento general para el cumplimiento íntegro de las penas, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, José Miguel Ayllón- -que como letrado y ex miembro de Tribunales de Acceso a Carrera Fiscal, de lego en la materia no tiene nada- ha anunciado a ABC que recurrirán ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al menos para que se enteren de lo que está pasando lo que tacha de falta de tutela judicial efectiva del Reino de España hacia los ciudadanos, por un cumplimiento del Código penal que es ilegal A juicio de Ayllón, el actual estado de ejecución de penas privativas de libertad no se ajusta estrictamente a la legalidad vigente, sino que es producto de interpretaciones jurisprudenciales, algunas de ellas radicalmente contrarias a la literalidad, sentido propio, espíritu y finalidad de la norma penal. No se aplica en la refundición de penas la necesaria conexión entre delitos, ni la pena a cumplir efectivamente o la progresión en grado guardan relación con la gravedad del delito, ni es el tribunal sentenciador el que dirige la ejecución, ni se guarda el debido respeto a la víctima ni se le da trámite alguno, sino que, amén de contraria a la norma, la ejecución penal es discriminatoria, por tratar igual a los desiguales, y por tanto peca de irracional y arbitraria Este portavoz de víctimas clama que no es posible que, tal y como se deduce de las decisiones de los tribunales, el legislador haya sido tan malo y necio. Además, es una barbaridad que la víctima no sea parte en la ejecución de la sentencia mientras que lo ha sido durante todo el proceso, no se le dé trámite de la actualización de la pena, hurtando esa información también a la opinión pública y convirtiendo al poder judicial en auténtico monopolio que escapa a cualquier auditoría de control por parte del pueblo, del que, según la Constitución, y aunque a veces no lo parezca y se sienta tan distante, emana la Justicia El peso de los criterios políticos Estas reformas también son consideradas por el penalista Fernando Santa Cecilia muy positivas, porque tratan de evitar esa imagen que se está proyectando hacia la sociedad de que, efectivamente, no todos somos iguales ante la ley penal. Uno de los grandes fallos de estas modificaciones es que no se han hecho, como sucede por ejemplo en Portugal, de acuerdo con la criminología, que nos enseña qué tipo de delincuencia tenemos en cada momento y cómo combatirla; pero el legislador penal, el anterior al 96 y el que nace en mayo de ese año, no se preocupa de ese factor y actúa por razones exclusivamente políticas, con las consecuencias que padecemos. La delincuencia- -insiste- -hay que tratarla con criterios científicos. Pese a todo, creo que la legislación penal no Gatza el decano de los presos Con casi un cuarto de siglo entre rejas, el etarra José María Sagarduy Moja, alias Gatza de 47 años, confinado actualmente en Jaén, es el reo que lleva más años en las cárceles españolas. Frente a los 18 años que cumplirá su camarada José Ignacio de Juana Chaos de una pena de 3.000 años, su condena a 71 años de reclusión, entre otros delitos por el asesinato de un policía local en Guernica, se le complicó tras protagonizar en 1993 un intento de fuga en la prisión provincial de Granada, mediante la apertura de un agujero en el techo de su celda, que fue abortado por agentes de la Guardia Civil, y por la que volvió a ser juzgado. Desde 1980, ha pisado la calle en dos ocasiones: por el nacimiento de su hija y por la muerte de su abuela. Eso sí, sus vecinos de la localidad vizcaína de Amorebieta no le olvidan: el pasado verano, el alcalde del PNV, David Latxaga, leyó un comunicado en el aniversario de su encarcelación lamentando que no pueda disfrutar con nosotros de las fiestas, como también les ocurre a otros vecinos El portavoz de Víctimas de Delitos Violentos acusa a los tribunales de aplicar ilegalmente el Código penal y anuncia que llevará ante Estrasburgo la falta de tutela judicial que sufren los españoles