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16 Nacional VIERNES 17 6 2005 ABC El fiscal general parece no salir de un charco cuando se mete en otro. Irritó al Supremo al respaldar a Atutxa; enfada a buena parte de la carrera por su política de nombramientos; el PP le ha llamado mercenario del Gobierno no impugnó las listas de EHAK; y ahora agrada a Carod Cuando el fiscal se torna galáctico TEXTO: MANUEL MARÍN MADRID. Harto conocido es que el cargo de fiscal general del Estado no es una perita en dulce. Sencillamente, no es cómodo para quien lo ejerce. Los hilos visibles- -y los invisibles- -que le cosen al Gobierno de turno están predeterminados por la ley. Es el presidente del Gobierno quien le designa a voluntad y ha sido insólito, casi anecdótico, el caso de que un Ejecutivo nombrara a un fiscal general sin una base de común afinidad ideológico- política. Precisamente por eso, el elegido asume como inherente a su condición de jurista la exigencia de una espalda ancha que le permita soportar una triple carga: ejercer su función de imparcial garante de la legalidad; lidiar entre los bastidores de una carrera compleja, muy profesionalizada, remisa a intrusos y sometida por criterios de legalidad a estricta obediencia; y, por supuesto, aceptar que irremisiblemente será tildado de comisario del Gobierno, un clásico cuando lo más fangoso de la política fondea entre togas y puñetas. Elefante en cacharrería. El inestable equilibrio de este andamiaje aconseja a quien ocupa el cargo no entrar como un elefante en una cacharrería. O si lo hace, que al menos no lo parezca y el ruido sólo se oiga dentro. Y si a uno le llaman esbirro del Gobierno pues nada, como quien oye llover. Va en el sueldo no ser mal encajador de críticas. Su delicada función apela a la discreción y a medir con cautela los riesgos de sucumbir al encanto de focos y micrófonos, ante los cuales un simple error de cálculo puede multiplicar sus efectos hasta límites insospechados. Por eso, ha impactado en la carrera fiscal la marcada inclinación de su actual jefe, Cándido Conde- Pumpido, a profusas declaraciones públicas, lo que ha movido a algunos de sus subordinados a ironizar: Hemos pasado de la época de los jueces estrella a la del fiscal galáctico La sumisión al Gobierno. Este comentario quedaría reducido a una jocosa anécdota sobre el afán de protagonismo que se le atribuye dentro y fuera de la carrera fiscal si no fuera por las consecuencias políticas de cada una de sus afirmaciones. Como le ocurriera a su antecesor, Jesús Cardenal, la oposición ya ha reclamado varias veces su destitución por actuar de modo inflexible y sumiso al servicio del Gobierno. Lo manda el guión. Cándido Conde- Pumpido es un magistrado de prestigio, con 30 años de sentencias a sus espaldas, los últimos diez en la delicada Sala Penal del Supremo; es considerado un referente técnico- jurídico e intelectual en amplios sectores de la judicatura y no sólo progresistas; y su nombre circuló por conciliábulos jurídicos y políticos como sólido aspirante a magistrado del Constitucional a propuesta del PSOE. Finalmente Zapatero se inclinó por nombrarle fiscal general, avalado por los influyentes María Teresa Fernández de la Vega y José Antonio Alonso, de la vieja guardia de Jueces para la Democracia. El caso Atutxa molestó al TS. No obstante, su reconocida trayectoria profesional ha topado, desde hace un año y de manera continuada hasta ahora, con decisiones de hondo calado político cargadas de controversia que le han valido serias desafecciones y antipatías. Primero, entre compañeros del Tribunal Supremo, que quedaron desautorizados e irritados cuando CondePumpido decidió no recurrir el archivo del proceso por desobediencia contra el entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV) Segundo, entre los escalones de la Fiscalía. La guinda ha sido la inesperada destitución de uno de los fiscales más significativos de la carrera, Eduardo Torres- Dulce, al frente de la Sala Penal del Supremo, en el marco menos independiente de la democracia Más que discutida fue su decisión de ordenar a Anticorrupción la investigación de una trama urbanística en Majadahonda (Madrid) a manos de cargos del PP, en las mismas fechas en que eludió hacer lo mismo tras las acusaciones de Pasqual Maragall a CiU a cuenta del famoso tres por ciento El primer episodio le valió a Conde- Pumpido una infructuosa querella del PP por prevaricación. Recientemente, Conde- Pumpido no ha juzgado necesario investigar si los 400.000 euros que el líder de Batasuna Arnaldo Otegi pagó por salir de prisión tiene un origen ilícito. Incluso, en una incursión más política que jurídica, se aventuró a afirmar que ese auto de prisión no tenía por qué afectar en nada a un eventual diálogo con ETA. De la legalidad de EHAK al caso Bono De charco en charco, las críticas más severas que ha tenido que soportar han tenido su origen en su reiterada negativa a instar la ilegalización de EHAK porque el PP no ha visto en él sino el instrumento imprescindible del Gobierno para consumar, por inactividad, el retorno de un partido afín a ETA al Parlamento vasco. Pero ahora, otros tres episodios han vuelto a ponerle en jaque en cuestión de horas. Primero, su anuncio de que se sumará- -aun sin conocerlos- -a los recursos en defensa de los policías imputados por la detención de dos militantes del PP de Madrid en una manifestación de la AVT por una supuesta agresión al ministro José Bono. Segundo, su salida de tono al afirmar que la actitud vociferante de esos dos militantes en la marcha les convierte en sospechosos de un acto delictivo justo el día antes, además, de que el juez archivara el caso. Cándido Conde- Pumpido Conde- Pumpido se granjeó desafectos en el Supremo porque con Atutxa no vio delito donde el Tribunal sí Su última salida de tono ha sido sospechar de miembros del PP por vociferar en una manifestación de un anunciado e implacable reequilibrio ideológico de la Fiscalía. Majadahonda... ¿y el tres por ciento? Y tercero, aunque no haga mucha falta porque va de suyo, entre la oposición al Gobierno, que le ha colgado ya el letrero de fiscal general más sectario y Un favor a Carod en Salamanca. Y tercero, su aval a las diligencias abiertas por la Fiscalía de Salamanca para aclarar si la existencia de unas pancartas contra el líder de ERC, Josep Lluis Carod- Rovira, en una manifestación contra el traslado del Archivo a Cataluña constituirían delito. Carod exigió que el fiscal investigase. Y lo hace, pese a que Pumpido aseguró horas antes que nada tenía que decir. Cuando en una comparecencia en el Congreso, meses atrás, el PP le pidió que dimitiera, adujo que cuenta con la confianza del presidente del Gobierno. Una declaración de intenciones tan innecesaria, por obvia, como sintomática.