Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
6 Opinión VIERNES 17 6 2005 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA RAÚL ALFONSÍN EX PRESIDENTE DE ARGENTINA OBISPOS CON PANCARTA C OMO tengo con ustedes, amables lectores de ABC, el compromiso de decir lo que pienso, después de haberlo pensado un rato, me atrevo a señalar, aun sabiendo que me traerá muchos disgustos e incomprensiones, que la presencia de algunos destacados miembros de la jerarquía de la Iglesia católica en la manifestación de mañana contra las bodas gays es un exceso formal y que, además, entremezcla la función apostólica, tan suya, con la política, tan ajena. La Sociedad debe organizarse en cada momento de la Historia según sus criterios mayoritarios. Siempre debieran coincidir esos criterios con el Derecho Natural, y, en nuestro caso, con M. MARTÍN las bases de la cultura FERRAND cristiana y los antecedentes grecolatinos en que nos asentamos. Para los creyentes, y sólo para ellos, también la fe condiciona los supuestos de cualquier diseño. Ahora, la organización civil de las parejas homosexuales se presenta como una demanda generalizada. Posiblemente lo sea- -aunque yo no lo vea en la pluralidad de ambientes que frecuento- -y es razonable que esas parejas puedan organizar sus vidas con las garantías jurídicas, asistenciales y patrimoniales que son comunes, por la ley y la costumbre, entre los heterosexuales. Vale, pero no hay razón alguna para llamarle a esa nueva situación matrimonio como corresponde a las uniones clásicas entre un hombre y una mujer con el fin primordial de la perpetuación de la especie. Mañana, en la convocatoria del Foro de la Familia, saldrán a la calle, para manifestarse contra la iniciativa gubernamental, un montón de ciudadanos católicos y otros muchos que, sin serlo, tienen reparos morales y o cívicos contra la norma. Dejarán de asistir, conscientemente, otros muchos católicos, menos rigurosos en el análisis o en la praxis. La presencia anunciada del cardenal Antonio María Rouco y de otros respetables prelados, terminará por ser el enfrentamiento la discordia, entre dos familias de la misma fe dentro de un marco de convivencia y aspiraciones comunes. Una desgracia. Queda claro que yo no le discuto a nadie, y menos a personas de mi máximo respeto, el derecho al uso de sus libertades civiles y, en consecuencia, a manifestarse en la calle; pero no es esa la forma tradicional, inteligente, que la Iglesia viene utilizando para sus protestas y, menos todavía, para sus prédicas. La calle y la pancarta, con el riesgo de los excesos formales que suelen acompañar a las grandes movilizaciones populares, son algo demasiado laico y distante de los líderes morales que reconoce un amplio porcentaje de la población y que, con sólo excepciones episódicas, respeta el resto. Si se le añade a la contemplación la coincidencia, intencionada o no, con la víspera de las elecciones gallegas, tendremos un nuevo factor para la duda y el desconcierto. EL PASADO VUELVE A CONDICIONAR EL PRESENTE Tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto y final y obediencia debida en Argentina, el autor- -principal impulsor de aquellas normas- -defiende su utilidad como herramienta que consolidó la democracia en su país A democracia está definitivamente consolidada en la Argentina. Como lo mencioné hace algún tiempo en una carta que envié a los jefes de los bloques parlamentarios de la Unión Cívica Radical, estoy convencido de que en su momento las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida fueron válidas e indispensables como herramientas de protección de los derechos humanos para el futuro. Es fundamental comprender en este momento que la Justicia no puede significar la venganza de la sociedad. La necesidad imperiosa que teníamos durante mi gobierno, y que se transformó en un verdadero dilema, era el fortalecimiento de la democracia y saber en qué nivel se debilitaba, con la sanción de estas leyes, el proceso que tanto sacrificio les había costado a los argentinos. L cionalidad de las leyes y de la posibilidad de continuar con los juicios a los violadores de derechos humanos durante la última dictadura militar, la cuestión sufre aún de una evidente renquera, debido a que permanecen incólumes los indultos aplicados por el presidente Carlos Menem. La pregunta es: ¿se fortaleció la democracia con la sanción de estas leyes? Y la única respuesta es sí, porque a veinte años de sancionadas se pueden derogar, declarar nulas o inconstitucionales, como lo ha decidido finalmente el máximo tribunal, en el marco de una democracia decididamente afirmada. Sin embargo, a pesar de la declaración de inconstitu- El problema se transforma en un evidente sentido de injusticia, ya que ahora sí se puede juzgar a aquellos individuos beneficiados por las leyes, pero no se puede perseguir penalmente a quienes, juzgados y condenados, fueron beneficiados por un indulto presidencial, entre quienes se contaban los máximos responsables de la represión. Quiero insistir, además, en una postura que ya he ratificado: como máximo responsable en la sanción y promulgación de ambas leyes, no me siento desautorizado ni agraviado. Además, como lo señalé en la carta enviada al Congreso, en aquellos años se actuó de una manera que no reconoce antecedentes históricos, en la búsqueda de penalizar las violaciones anteriores. Todas las naciones modernas europeas se han construido a partir de amnistías tan amplias que comprendieron, en su momento, a nazis, fascistas, franquistas, colaboracionistas, y a represo- -Yo soy de Jueces para la Democracia Socialista, ¿y usted?