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22 Nacional JUEVES 16 6 2005 ABC La oposición rechaza que el PSOE limite los derechos de los diputados andaluces Los socialistas plantean el recorte cuando se cometan ofensas graves del PP- A, Javier Arenas, dijo que es una barbaridad y un atropello porque en democracia es el Poder Judicial el que decide sobre estos asuntos M. BENÍTEZ ABC SEVILLA. Apenas un mes después del incidente de los cartelitos que el PP- A exhibió en el pleno de la Cámara andaluza denunciando la cacicada del Consejo Audiovisual y provocando la suspensión del debate, el PSOE ha presentado una iniciativa para intentar que episodios de ese tipo no vuelvan a repetirse o al menos para sancionar a los que los protagonicen. Ayer se conoció que, dentro de la reforma del reglamento del Parlamento, los socialistas han presentado una iniciativa que propone un nuevo apartado en el artículo 101 para regular que un diputado pueda ser privado de alguno o de todos los derechos que le conceden los artículos 6 a 8 del Reglamento cuando de palabra u obra infringiera ofensas graves al Parlamento o a sus miembros dentro o fuera del recinto parlamentario Ello supondría que el reglamento sería más restrictivo ya que, hasta ahora, sólo se suspende de sus derechos a b El presidente EDICTO El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ANUNCIA 1. Que en el procedimiento concursal número 82 2005 referente al deudor Taller Artístico Multiarte, S. L. se ha presentado el informe de la administración concursal, al que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley Concursal (LC) junto con el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores. Dichos documentos pueden ser examinados por los interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obtener copias a su costa. 2. Dentro del plazo de diez días, computado desde la última de las publicaciones de este edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el diario ABC, los interesados que se consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de lo Mercantil. 3. Para hacerlo se necesita valerse de abogado y procurador. Y para su publicación en el BOE y diario ABC y su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el presente en Madrid, a veintisiete de mayo de dos mil cinco. LA SECRETARIA. La enmienda de la discordia La enmienda socialista amplía los supuestos por los que se privaría a los diputados de todos o algunos de sus derechos. En la actualidad, el reglamento legitima a la Mesa del Parlamento a privar al diputado de sus derechos según tres supuestos: falta de asistencia reiterada y no justificada a las sesiones; quebrantamiento del deber de secreto, y omisión de actividades en las declaraciones. La propuesta del PSOE pretende ampliarlos a: Cuando de palabra u obra infringiera ofensas graves al Parlamento o a sus miembros dentro o fuera del recinto parlamentario EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN Mediante Decreto de la Alcaldía- Presidencia de 15 de junio de 2005, se ha acordado someter al preceptivo trámite de información pública previsto en el art. 247.1 de la Ley 9 2001, de 17 de julio, de la Comunidad de Madrid por término de VEINTE DÍAS, las modificaciones introducidas en el Convenio Urbanístico suscrito inicialmente por Decreto de esta Alcaldía- Presidencia de 18 de marzo de 2005, para la ejecución del planeamiento en el Área de Planeamiento Incorporado 4.4- 01 ìESICî, promovido por la ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING (ESIC) y el Ayuntamiento. Dicho periodo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, durante el cual podrán presentarse las alegaciones que se consideren oportunas. Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber que el expediente puede ser consultado en el Área de Asuntos Jurídicos y Urbanismo de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras en horario de oficina. En Pozuelo de Alarcón, a 15 de junio de 2005. EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y OBRAS, Fdo. Gonzalo Aguado Aguirre los diputados que faltan voluntariamente a plenos o comisiones, a aquellos que quiebran el deber de secreto o a los que omiten actividades laborales en su declaración. Es decir, que si la enmienda prospera, los diputados que ofendan podrán perder sus derechos a asistir con voz y voto a plenos y comisiones, la facultad de recabar documentos de las administraciones o incluso el derecho a percibir retribuciones. La decisión de la privación de esos derechos se adoptaría por la Mesa, oída la Junta de Portavoces y previa resolución motivada por la Comisión del Estatuto de los Diputados. Sin embargo, la iniciativa no sólo fue rechazada por toda la oposición sino que, incluso, el letrado mayor de la Cámara, José Antonio Víboras, recordó que el Reglamento del Parlamento es una norma de funcionamiento interno y que, por tanto, sólo alcanza a lo que se refiere a las paredes del edificio Con ello se refería al hecho de que se hayan incluido las ofensas graves dentro o fuera del recinto parlamentario Y, en este punto, el letrado mayor aseguraba que valorar conductas externas corresponde al Código Penal Por su parte, PP, IU y PA reaccionaron airadamente. Así, Javier Arenas, calificó de auténtica barbaridad y atropello que fuera la Mesa de la Cámara la que dictaminara sobre esta decisión. Arenas se preguntó quién decidiría cuándo se produce una ofensa por parte del diputado ya que, según dijo, en un sistema democrático es el Poder Judicial el que decide sobre estos asuntos La portavoz de IU, Concha Caballero, tachó la iniciativa de mordaza y exigió su retirada inmediata. Otras fuentes jurídicas tildaron la enmienda de barbaridad que si prosperara, sería inconstitucional. El ex ministro socialista García Valverde dice que involucrarle en la trama del AVE es humillante N. V. MADRID. El ex ministro socialista y ex presidente de Renfe Julián García Valverde aseguró ayer en la Audiencia Provincial de Madrid que el que se le acuse de participar en una trama de comisiones ilícitas le produce un tremendo sentimiento de humillación y de injusticia García Valverde está siendo juzgado junto con otras 12 personas por la presunta financiación irregular del PSOE en la década de los 80- -en concreto, la relacionada con el pago de comisiones por adjudicaciones del AVE Madrid- Sevilla, una causa separada del caso Filesa El ex presidente de la compañía ferroviaria, quien se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y una multa de 9,6 millones de euros por un delito de cohecho, declaró que durante el tiempo que estuvo en la Presidencia de Renfe nunca tuvo conocimiento del estado económico en el que se encontraba el PSOE; ni me lo han dicho, ni lo he preguntado ni he tenido contactos con los responsables de financiación del partido dijo García Valverde, quien respondió a la fiscal que las acu- saciones que pesan sobre él parten de premisas falsas y vacías de argumentos En este sentido negó ser un eslabón un elemento fundamental en la trama de financiación presuntamente urdida por el PSOE para recaudar comisiones por parte de empresas interesadas en el proyecto de Alta Velocidad. En concreto, y según sostiene el fiscal, una de las empresas ficticias supuestamente creadas para recaudar esas comisiones era GMP, que facturó 168 millones de pesetas a Siemens. García Valverde aseguró que se enteró de éste y otros detalles del sumario por los medios de comunicación y defendió su trayectoria profesional al frente de la compañía pública, en la que se volcó, dijo, tomando decisiones estratégicas García Valverde, ayer, en un momento de su declaración CHEMA BARROSO