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4 Opinión JUEVES 16 6 2005 ABC PEORES SÍNTOMAS E L déficit exterior, uno de los males crónicos de nuestra economía, se ha duplicado hasta marzo, con números rojos de casi 15.000 millones de euros en la balanza por cuenta corriente. Este nuevo deterioro se debe además a dos factores preocupantes: un creciente y alarmante déficit comercial, reflejo de una menguante competitividad en nuestras exportaciones, y un peligroso menor superávit por turismo, tradicional enjuague de nuestra balanza exterior, provocado por una caída en los ingresos del sector. Estos síntomas debieran alertar al Gobierno sobre la necesidad de encarrilar nuestra renqueante competitividad, revisar la política turística, vigilar los precios y mejorar la productividad. Todo un reto para una complaciente política económica, ayuna también de la estimulante espuela de la oposición. PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil UN FISCAL A LA DERIVA E Pedro Solbes JAVIER PRIETO DEMASIADO CRUDO OMO los males nunca bienen solos, a la crisis del sector exterior diagnosticada por el Banco de España hay que sumar el alza del precio de los carburantes, que ayer marcaron un nuevo máximo histórico y que acumulan ya un incremento superior al 10 por ciento en lo que va de año. Con el crudo por encima de los 50 dólares el barril- -y sin expectativas de una caída en su cotización, pese al aumento de la producción anunciado por la OPEP, puramente cosmético- -la contabilidad del Estado sigue en el aire. Diseñados para una coyuntura, tan irreal como imprudente, que establecía el precio del barril en 35 euros, los Presupuestos elaborados por Pedro Solbes siguen alejándose cada vez más de un paisaje económico que el Gobierno no supo o no quiso prever. C L fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, parece no ser consciente de que su forma de dirigir el Ministerio Fiscal está transformando su desprestigio personal en una crisis de la institución a la que representa. El Ministerio Público ha de ser un valedor del Estado de Derecho, vinculado sólo al principio de legalidad y a la defensa del interés general. Por eso la Constitución le encomienda el ejercicio de las acciones judiciales que sean necesarias para cumplir esa función, de forma que los más altos bienes de la sociedad no estén a expensas de impulsos privados. Sin embargo, un repaso a los principales hitos del mandato de Conde- Pumpido pone de manifiesto que han sido precisamente los intereses generales los grandes perjudicados por su gestión, siempre que, claro está, por intereses generales se entiendan los propios de una sociedad democrática y de un Estado de Derecho, y no los de un Gobierno y sus estrategias partidistas. El problema de Conde- Pumpido es que, por sí o a instancia ajena, o por las dos cosas al mismo tiempo, no se puede distinguir en sus decisiones al fiscal general del Estado de un fiel abogado del Gobierno. Con el desamparo del Tribunal Supremo en el caso Atutxa, Conde- Pumpido dejó inerme la soberanía del más Alto Tribunal frente a un desacato flagrante. Con su obediente pasividad ante el Partido Comunista de las Tierras Vascas, el fiscal general está privando de protección a los valores esenciales de la democracia. Y al anunciar que apoyará a unos funcionarios policiales- -imputados en una causa penal- -en un recurso que ni siquiera conoce, porque no se ha presentado, aparte de prejuzgar y perder así su imparcialidad, está poniendo a la Fiscalía frente a las libertades fundamentales de dos ciudadanos, militantes del PP, que, según un auto judicial, fueron detenidos ilegalmente. Lo peor, sin duda, no es la decisión de apoyar a ciegas ese recurso, sino que el fiscal general ha iniciado la táctica de descalificar a quienes son procesalmente víctimas de un delito y destacar que vociferaban alrededor del ministro de Defensa, como si eso fuera causa suficiente para detenerlos y, además, para disculpar la ilegalidad de la detención. Lamentable- mente, también el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha cedido su ecuanimidad habitual para criticar el auto de imputación de los policías. Uno y otro se han encontrado, además, con la desautorización más severa que cabía esperar: la decisión del Juzgado de Instrucción n 42 de Madrid de archivar la denuncia por las supuestas agresiones a José Bono, lo que aumenta los perfiles de la ilegalidad de la detención que sufrieron los dos militantes del PP. El argumento de Conde- Pumpido sobre los ciudadanos vociferantes es algo más que inadmisible. Es todo un síntoma- -uno más- -de que el Estado de Derecho no está bien protegido con él en la Fiscalía General y de que el principio de legalidad ha sido sustituido por el principio de oportunidad política que, aplicado al ejercicio de potestades públicas, se convierte en pura y simple arbitrariedad, el peor veredicto que puede recibir un servidor público. Si no es así, debe explicar el fiscal general por qué primero rechaza la petición de Esquerra Republicana de Cataluña de abrir diligencias por la pancarta exhibida en la manifestación de Salamanca contra Carod- Rovira y por qué luego, tras una conversación telefónica con representantes de esta formación política seguida de una carta, cambia de criterio y abre esa investigación. Todo un trato de favor a un socio del Gobierno socialista- -por un hecho políticamente deleznable pero de improbable encaje jurídico penal- -simultáneo a un prejuicio hostil a la defensa de los derechos de dos militantes del PP, víctimas de una detención declarada ilegal por un juez instructor. Y mientras tanto, otro etarra de nutriso historial criminal, Juan María Tapia Irujo, está en libertad desde abril, gracias a unas generosas y discutibles redenciones de pena que la Fiscalía no revisó. Sería, sin embargo, un error centrar toda la crítica en Conde- Pumpido. Como él mismo ha dicho, es un hombre de la confianza del presidente del Gobierno y, en tal condición, la responsabilidad política de la crisis de confianza en la Fiscalía recae plenamente en el Ejecutivo. No hay beneficio político que compense el daño que el fiscal general está ocasionando al Estado de Derecho. LA AMENAZA DEL TERROR ISLAMISTA EL OFICIO DE PRINCESA N su primer discurso oficial como Princesa de Asturias- -domando los nervios de un debut afortunado- -Doña Letizia destacó ayer la ejemplar vocación de servicio, basada en el honor, la lealtad, el compañerismo, el espíritu de sacrificio y el exacto cumplimiento del deber de la Guardia Civil. Madrina de la bandera concedida en Logroño a la Unidad de Acción Rural del Cuerpo, Doña Letizia actualizó en su primera intervención oficial la profunda e histórica relación entre la Corona y las Fuerzas de Seguridad del Estado, perpetuando así un discurso de patriotismo que, como Princesa de Asturias, asume y expresa desde su puesto en la Familia Real. E L A detención de dieciséis personas vinculadas al terrorismo islamista- -en una operación llevada a cabo en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Ceuta- -pone de relieve que los tentáculos de este peligroso entramado criminal siguen desplegados en buena parte de nuestro país. La dimensión de la redada llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en las últimas horas revela, asimismo, el carácter multidisciplinar de estos grupos, pues mientras cinco de estos individuos fueron capturados por ayudar a huir a los miembros de la célula del 11- M que escaparon del piso de Leganés, a los otros once se les vincula con la captación y envío a Irak de activistas para reforzar el grupo terrorista que lidera Al Zarqaui, autor de cientos de asesinatos en aquel país. Incluso, la Policía sospecha que uno de los huidos de Leganés, el marroquí Mohamed Afalah, recorrió varios países europeos antes de convertirse en terrorista suicida e inmolarse en un atentado en territorio iraquí. Asistimos, pues, a la constatación de que estos grupos radicales islamistas conforman una verdadera interna- cional del terror que golpea de Kabul a Madrid, de Estambul a Nueva York y que tiene bases o infraestructura en innumerables países. La amenaza sigue, por tanto, ahí, a un paso de todos nosotros, más peligrosa si cabe por la irracionalidad que la inspira. Los detalles de la Operación Sello aportan además la alta capacitación de los agentes de la lucha antiterrorista, cuya investigación partió de la simple compra de un teléfono móvil, el 14 de marzo de 2004, cuyo destinatario era el padre de uno de los huidos del piso de Leganés. Pero para hacer fructífera esa pericia es imprescindible por ello mantener alta la guardia y la prevención. En este sentido, la labor de las Fuerzas de Seguridad resulta vital para erradicar una amenaza que, en ningún momento, ha de minusvalorarse, como ocurriera en aquellas detenciones que durante el Gobierno del PP fueron trivializadas por la oposición con el remoquete de comando Dixán que luego resultó un chiste sin ninguna gracia. Es de esperar que la clase política aporte el aliento unánime que precisan cuestiones tan trascendentales.