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ABC MARTES 14 6 2005 43 La normalidad dejó olvidado el caos en el nuevo cierre completo de la línea 3 de Metro El PP y el PSOE se enfrentan en la Asamblea por el control al Gobierno de Esperanza Aguirre Me dejan sin casa, ¿qué voy a hacer ahora? El asentamiento ilegal de Carrolomillo está compuesto por casetas, instalaciones, almacenes y huertos, pero también por algunas viviendas que aún no han sido derribadas, como resaltó el concejal de Seguridad de Alcorcón, Ginés Meléndez, que la cifró en una sola donde vive una familia. Se supone que las viviendas que haya, dos o tres, las van a respetar confiaba el abogado de estos vecinos, Francisco Moreno. José Antonio Pazos lleva viviendo ocho años allí, en una casa que construyó hace veinte, y tanto él como sus hijos Tania y Daniel estuvo gran parte de la mañana de ayer conversando con los policías para saber qué pasaría con su vivienda. El Ayuntamiento me deja sin casa y no se qué voy a hacer ahora se lamentaba. El Consistorio, por su parte, recuerda que los propietarios reales del suelo crearon un fondo de garantía al que pueden acceder los ocupantes del suelo, de un total de 190.000 euros, y ofrecía ayer los servicios sociales correspondientes para estas personas: Pueden acceder a ellos como cualquier otro vecino si están en una situación complicada, pero lo que está claro es que nos vamos a ceñir a la legalidad y vamos a derribar todos los asentamientos, aunque antes esperemos a que saquen todas sus propiedades y enseres concluían. ne el abogado de estos vecinos, Francisco Moreno, que considera que si la resolución del TSJM es favorable para sus intereses se dictaminarán como ilegales todas las actuaciones llevadas a cabo en esa zona (Sector de Industrias Especiales) desde 1987. El Ayuntamiento de Alcorcón, por su parte, insiste en la legalidad de su actuación: Nuestros servicios jurídicos han dejado claro en todo momento la legitimidad de este acto administrativo, que viene a solucionar una situación que está lesionando derechos de los verdaderos propietarios del suelo, nos hemos limitado a llevar a cabo un acto administrativo para permitir el desarrollo de un área industrial resaltaron en una nota informativa. Retraso de una fuente de empleo Se está retrasando la creación del Polígono Industrias Especiales, con el perjuicio que eso conlleva para el municipio y la pérdida de puestos de trabajo hacía hincapié estos días la concejal de Urbanismo de la localidad, Anunciación Romero, tras tildar a estos vecinos de okupas Para el Ayuntamiento, sólo va a tratar de cumplir la ley porque el suelo no pertenece a estos vecinos y han usurpado los derechos de los propietarios Sabemos que el terreno no es nuestro, pero sí hemos adquirido unos derechos por el uso continuado de estas propiedades durante más de veinte años replicaba un vecino, que sostenía que asumirían el derribo si lo hubiera ordenado un juez. Hasta entonces, resistiremos prometía. Los vecinos acudieron a los tribunales para defender sus derechos sobre las propiedades, que no sobre el suelo añadía el abogado vecinal. Con el derribo, previsto que concluya en unos días, entran en juego las indemnizaciones, fijadas tras una tasación municipal llevada a cabo en 2002 y que se elevan a 190.000 euros en total- -aportados por los propietarios del suelo- una cantidad irrisoria para gran parte de los vecinos, pero definitiva para el Ayuntamiento. Aproximadamente, una decena de vecinos ya lo ha aceptado. Hoy proseguirán los derribos, aunque se prevé que los vecinos se aferren definitivamente a la opción judicial y que ya no se produzcan más incidentes. Uno de los detenidos durante los altercados de ayer Algunos okupas se acercaron a apoyar a quienes se oponían al desalojo Los dueños del suelo han aportado un fondo para indemnizar a los vecinos, pero la mayoría lo encuentra irrisorio y pisotea sus derechos y recuerda que están a la espera de lo que determine el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras denunciar al Ayuntamiento por su actuación. A su juicio, todo el proceso parte de una ilegalidad, ya que no se les notificó la tramitación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba el interés en convertir en suelo industrial su terreno hasta años después de hacerlo, por lo que no pudieron reclamar. Hasta 2001, los vecinos no conocieron la intención de derribar sus propiedades para construir un polígono industrial, pese a que se empezó a tramitar en 1987 y se aprobó en 1994. Lo conocieron, además, el día antes, con un cartel situada en cada puerta mantie-