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26 Nacional MARTES 14 6 2005 ABC El uso de las lenguas autonómicas en la UE costará 1 5 millones de euros al año El Gobierno negociará cómo utilizarlas con ocho instituciones comunitarias reciben con satisfacción la noticia, si bien CiU y ERC insisten en que se trata sólo de un primer paso y que el catalán debe ser lengua oficial ENRIQUE SERBETO, CORRESPONSAL LUXEMBURGO. Después de un esfuerzo diplomático extraordinario, el Gobierno español ha logrado que sus socios comunitarios acepten que las lenguas oficiales en algunas comunidades autónomas puedan utilizarse en ciertas circunstancias en las instituciones europeas, pero nunca como lenguas oficiales ni con valor jurídico. El coste de esta operación es de un millón y medio de euros anuales, pagado íntegramente por España. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, consideró sin embargo que se trata de un buen regalo de nuestros socios europeos coincidiendo con el vigésimo aniversario del ingreso de España y que en el fondo esa cantidad no es tan alta, porque representa el coste del funcionamiento diario de los sistemas de traducción de las instituciones europeas Algunos piensan que además de este gasto, el acuerdo alcanzado ayer tendrá otro tipo de costes en las discusiones sobre el presupuesto comunitario. Lo que el Gobierno pidió en diciembre fue que las lenguas autonómicas (cuatro nombres y tres textos, como se establece para evitar polémicas con el valenciano al que el Gobierno unifica b Los partidos catalanes El pacto protege el valenciano del cat- val VALENCIA. El Gobierno valenciano celebró ayer doblemente el acuerdo de los 25 sobre las lenguas cooficiales: por cuanto reconoce y legitima el uso del valenciano en Bruselas, y por cuanto este reconocimiento parte de un refrendo de la realidad estatutaria, y por tanto nos protege frente a propuestas como el cat- val (catalán- valenciano) señaló ayer el consejero portavoz de la Generalitat, Esteban González Pons, en referencia al enunciado primigenio del Memorándum Moratinos. El Gobierno valenciano cree que el acuerdo es un varapalo a las pretensiones del Gobierno central, desde donde bien se ignora el valenciano, bien se da por hecha la unidad lingüística entre el catalán y el valenciano González Pons cree que Bruselas ha blindado la lengua, porque el Estatuto dice que nuestra lengua es el valenciano Miguel Ángel Moratinos EPA con el catalán excepto en el nombre) fueran consideradas oficiales de trabajo pero la conclusión a la que se ha llegado es que sólo pueden ser de uso oficial y sin ningún valor jurídico. Las lenguas que pueden ser usadas deben estar reconocidas por las Constituciones nacionales o por los Estatutos. En España, por tanto, hay cuatro: catalán, valenciano, gallego y euskera. El Gobierno ha de empezar ahora a negociar una por una con ocho instituciones comunitarias las modalidades concretas del uso de esas lenguas, de manera que se dificulte lo menos posi- ble el funcionamiento normal en un entorno en el que habitualmente ya resulta muy complejo trabajar con veinte lenguas oficiales. El país más beneficiado por estas gestiones, además de España, será Irlanda, que de este modo ha encontrado un pretexto para incluir el gaélico que era una lengua que si se había mencionado en el momento de la adhesión y que gracias a que se ha iniciado este debate, se añadirá a la lista de lenguas oficiales en 2007. Los más disgustados son los holandeses, y según fuentes diplomáticas, el presidente del Gobierno tuvo que llamar personalmente a su colega holandés para conseguir que aceptase esta propuesta. Holanda es el país más reticente a aumentar los gastos del presupuesto comunitario, lo que hace pensar que si ha habido contrapartidas se acabarán notando en lo que deje de recibir España en los próximos presupuestos comunitarios. La previsión del Gobierno es aprobar lo antes posible un real decreto que establezca los procedimientos de tradicción, de manera que es posible que en octubre se puedan utilizar ya las lenguas cooficiales. El Gobierno confía en el hecho de que un tercio de los traductores españoles ya conocen alguna de las lenguas autonómicas, de manera que no será necesario hacer más contrataciones. En cualquier caso, se tratará de traducción pasiva es decir que se traducirá lo que se diga en catalán u otra lengua española por un eurodiputado o un consejero autonómico, pero no se traducirán automáticamente todas las intervenciones. Los partidos catalanes recibieron con satisfacción la noticia, si bien CiU y ERC insistieron en que, aunque histórico el acuerdo es insuficiente Las dos fuerzas nacionalistas consideran que se trata de un primer paso, que debe acabar con la consideración del catalán como lengua oficial en Europa. El líder de ERC, Carod- Rovira, se arrogó el mérito por la presión que su partido ha realizado sobre el Gobierno. El socialista José Montilla también atribuyó el éxito al peso del PSC. Solbes cuestiona un plan de Sevilla para prejubilar a 25.000 funcionarios mayores de 58 años ABC MADRID. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció ayer que propondrá esta semana a los sindicatos de la Función Pública un plan de rejuvenecimiento del funcionariado del Estado, en el que se incluyen prejubilaciones voluntarias incentivadas para los trabajadores de 58 años en adelante, lo que podría afectar a 25.094 personas. El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, salió al paso de lo dicho por Sevilla y puntualizó que nada hay decidido en la materia. Sevilla, que pronunció una conferencia en el Foro Cinco Días, explicó que el objetivo es incrementar el personal joven en la plantilla pública, así como lograr una cualificación más alta y abordar una redistribución geográfica y por ministerios y también de la carga de trabajo. El asunto será planteado posiblemente mañana a los sindicatos de la Mesa General de la Función Pública y negociado también con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Este plan forma parte de la declaración para el diálogo social que suscribió el ministro con las organizaciones sindicales el pasado 21 de septiembre. Dicha declaración establece que se debe aplicar al conjunto de funcionarios la ley sobre jubilación flexible de la Seguridad Social y estudiar los criterios esenciales para la puesta en marcha de un plan de jubilación anticipada dirigido a colectivos específicos (como los bomberos) que atienda las necesidades del sector público y los derechos de sus empleados. Sevilla aseguró que su Ministerio ha realizado una estimación económi- ca del coste de este plan, si bien no quiso avanzar cifras porque el resultado dependerá de la negociación con los sindicatos y los gobiernos autonómicos. Por contra, Solbes sostuvo que no hay que sacar todavía ninguna conclusión específica, ni de años ni de colectivos y ni siquiera una conclusión final de que el tema está decidido El vicepresidente agregó que es una demanda sindical que ya se planteó en el pasado Las cifras de la Administración La Administración General del Estado es la menor del país (23 por ciento) por detrás de la local (23, 9 por ciento) y la autonómica (53, 10 por ciento. Suma unos 540.000 miembros (incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) una edad media elevada (la mayoría, entre 40 y 59 años) cualificación mayoritariamente de los niveles C y D, femenina y paradójicamente periférica es decir, con más funcionarios autonómicos que en Madrid o en el exterior. Sevilla ha defendido también la elaboración de un Estatuto de la Función Pública para los empleados de las tres Administraciones Públicas. que realizó Sáenz de Santamaría fue la cuantía de una operación que va a tener un doble coste; el del prejubilado y el del que ingresa por lo que lamentó no tener una memoria de afectados y coste También ironizó con que este plan de rejuvenecimiento bien podría llamarse plan renove y afectar a algunos de los ministros. Plan renove La responsable de Política Autonómica y Local del PP, así como experta en Función Pública, Soraya Saénz de Santamaría, recibió este plan con un entusiasmo perfectamente descriptible. En conversación con ABC expresó sus dudas en torno al modelo presentado por el ministro. En primer lugar, destacó que son los criterios de mérito y de capacidad los que se tienen en cuenta en la Administración y no tanto el de la edad. También recordó que la actual tendencia es, en lugar de la prejubilación, la extensión voluntaria de la vida laboral. Además, la tercera consideración