Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
20 Nacional DOMINGO 12 6 2005 ABC PP recelan de la categoría de excluyente que ERC y CiU sostienen. Curiosamente, fue el sistema electoral el que más controversia generó. El presidente Pasqual Maragall y el jefe de la oposición, Artur Mas (CiU) se enzarzaron en una agria discusión sobre las mayorías necesarias para aprobar una ley electoral de la que Cataluña carece. En el trasfondo de esta controversia está la oposición de ERC y CiU a la igualdad de voto. Finalmente, se acordó fijar una mayoría cualificada y posponer la ley electoral a la aprobación del Estatuto. Se ha aplazado la decisión sobre la composición de la delegación que negociará el texto en el Congreso. Optimismo moderado Pese a estas diferencias, los miembros del tripartito, con Maragall a la cabeza- veo un paso adelante dijo- expresaron su optimismo respecto a la consecución de un nuevo Estatuto. La presidenta del grupo parlamentario del PSC, Manuela de Madre, dijo solemnemente que pese a las dificultades, tendremos Estatuto mientras que el presidente de ERC, Josep Lluís Carod- Rovira, aseguró ver la botella medio llena y atribuyó a las elecciones gallegas la resistencia del PP. El presidente del PP catalán, Josep Piqué, advirtió de que el dictamen del Consejo Consultivo sobre el Estatuto podría retrasar el calendario y habló de avances de escasa relevancia Artur Mas expresó su moderada satisfacción mientras que el presidente de ICV y consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, admitió la existencia de discrepancias significativas, pero está convencido de que habrá acuerdo. Piqué, Carod, Mas, Maragall, Benach, De Madre y Saura, protagonistas de la reunión de líderes celebrada ayer ELENA CARRERAS Todos los partidos, excepto el PP, mantienen que Cataluña sea definida como nación en el Estatuto La esperada cumbre de líderes catalanes finaliza sin acuerdos relevantes M. A. PRIETO M. J. CAÑIZARES BARCELONA. Pese a las grandes expectativas que había generado, la cumbre de líderes políticos celebrada ayer en el Parlamento catalán para impulsar el nuevo Estatuto finalizó sin acuerdo en los asuntos más importantes; es decir, financiación y competencias. Ni tan siquiera hubo unanimidad en la definición de Cataluña, pues el tripartito- -PSC, ERC e ICV- -y CiU mantienen el término nación, mientras que el PP pretende que se mantenga el de nacionalidad. Tampoco hay consenso sobre el redactado de este párrafo, pues el PSC insiste en incluir una referencia a la Constitución y a la condición de comunidad autónoma. Esas diferencias impidieron que la reunión concluyera con una declaración institucional, tal como ocurrió en la primera cumbre celebrada en Miravet (Tarragona) en noviembre de 2004. El PP se opuso a ello, alegando que esa reunión de trabajo -los populares se niegan a hablar de cumbre- -no puede considerarse decisiva. El resto de los grupos no insistieron demasiado. Los populares también se desmarcaron del calendario de aprobación del nuevo Estatuto, ya que ven imposible que el texto esté concluido el 31 de julio. El Govern y CiU pretenden que, a finales de junio, la ponencia acabe sus trabajos para debatir el texto en comisión en forma de proposición de ley. PSC y ERC sugieren que el pleno extraordinario se celebre el 11 de septiembre, Diada Nacional de Cataluña. Sí hay consenso en la necesidad de celebrar una tercera reunión de líderes para desencallar la cuestión de la financiación, donde el tripartito y CiU mantienen su enfrentamiento. También lo hubo en el concepto de bilateralidad, es decir, en las relaciones Generalitat- Estado. Todos los grupos coincideron en que el título preliminar debe contemplar esa relación de tú a tú entre ambas administraciones, sin perjuicio de que determinados asuntos se analicen de forma multilateral con el resto de autonomías. De esta forma, ERC y CiU desisten en reclamar que las decisiones de la Generalitat en ámbitos como la UE fueran vinculantes en algunas materias. Se mantiene, asimismo, el desacuerdo en cuanto a la tipología de competencias, pues PSC y Las lenguas autonómicas no podrán ser oficiales en Europa ni tener valor jurídico Luxemburgo propone un complejo sistema de traducciones simbólicas b Los embajadores se reunirán en lunes para tratar de cerrar un acuerdo sobre un método que no cause perjuicios al funcionamiento de las Instituciones ENRIQUE SERBETO. CORRESPONSAL BRUSELAS. El Gobierno español está negociando con sus socios comunitarios los últimos detalles de un acuerdo sobre el uso en Europa de las lenguas cooficiales en varias Comunidades autónomas, que según fuentes diplomáticas podría ser aprobado este lunes en el Consejo de Ministros correspondiente, el último de la presidencia luxemburguesa. La petición de que las lenguas autonómicas fueran declaradas como oficiales tal como quería el Gobierno, ha sido descartada completamente desde el punto de vista jurídico, según consta en un documento de la presidencia luxemburguesa que forma parte del debate. Sin embargo, como se suele decir en Europa, cuando hay una negocia- ción todo el mundo se lleva su regalo y el acuerdo que está sobre la mesa propone para España que las lenguas distintas del español que tienen un estatuto de lengua oficial en España, a saber el catalán valenciano, el vasco y el gallego que así es como consta, puedan ser utilizadas en ciertas instituciones, como el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité de las Regiones. En todo caso, se necesitará un acuerdo separado con estas instituciones (es decir, que habrá que volver a negociar con algunas, como el Parlamento, por ejemplo) y tendrá que ser siempre después de haber tramitado una petición de usar una lengua determinada con la suficiente antelación siempre que existan los medios necesarios y naturalmente todo España tiene que crear un organismo para traducir los textos dirigidos a las instituciones europeas ello pagado por el Gobierno español. Para la traducción de los documentos oficiales, España podrá enviar a las instituciones europeas concernidas copias traducidas a sus expensas de aquellos que considere necesario. Esos documentos serán archivados, pero no tendrán valor jurídico, aunque el Consejo y el Parlamento, se comprometerían a publicarlas en Internet. En cuanto a la posibilidad de que un ciudadano quiera dirigirse en una lengua autonómica a una institución comunitaria, la propuesta sugiere que el Gobierno español cree un organismo que se encargue de traducirla al castellano y enviarla a Bruselas o Estrasburgo, que responderá en español y al mismo organismo, que a su vez traducirá la respuesta a la lengua original, todo ello a cargo de España. En fin, la propuesta luxemburguesa propone que las lenguas autonómicas sean incluidas en el programa Lingua de difusión de la enseñanza de los idiomas europeos, aunque esto debería ser aprobado por el Consejo y ratificado por el Parlamento.