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4 Opinión SÁBADO 11 6 2005 ABC ATRAPADO E estrecha el círculo. El margen de maniobra del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, se reduce a medida que avanza la actuación judicial. La imputación del jefe de Información y de otros dos policías por detención ilegal en el caso Bono le enfrenta, de bruces, a un escenario sin puerta de salida. Atrapado en su propia responsabilidad, el auto del magistrado da credibilidad a los agentes que declararon que no existían pruebas contra los militantes del PP y coloca contra las cuerdas a quien no dudó en señalar, a las primeras de cambio, que hay información gráfica suficiente para identificar a las personas con nombres y apellidos a partir de ahí, será fácil construir la responsabilidad de quienes estaban allí Palabras que dejan huella y se convierten en prueba de cargo. S PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA VOLUNTAD DE ETA C Julián Lanzarote, alcalde de Salamanca DAVID ARRANZ LA HORA DE SALAMANCA ALAMANCA recoge hoy el testigo de Madrid y se echa a la calle para que no pare la marcha. El motivo es bien distinto- -la defensa del Archivo- pero muchos de los protagonistas políticos son los mismos que hace una semana. Pese a la ofensiva del Gobierno y su contraprogramación de última hora con el Centro Documental de la Memoria- -eufemístico nombre más largo que hondo en contenidos- -todo apunta a que la ciudad será hoy un clamor que el Ejecutivo debería valorar en su verdadera dimensión. Diez años después de aquella otra multitudinaria protesta que frenó en seco las intenciones del entonces Gobierno socialista de Felipe González, Salamanca vuelve a trazar el mismo recorrido para exhibir los mismos argumentos. S UANDO a un terrorista se le pregunta por su voluntad de dejar las armas, acaba contestando como hizo ayer ETA en Zaragoza, lanzando una granada contra el aeropuerto de la capital aragonesa y dejando otra preparada que, afortunadamente, pudo ser desactivada por los Tedax. Nada nuevo. Ya lo anunció un dirigente batasuno con claridad procaz: ETA no va a dejar la lucha armada porque sí. El 26 de mayo hizo estallar un coche bomba en Madrid. Ayer fue Zaragoza. Para ser un tiempo de esperanza, la curva estadística del terrorismo aumenta constantemente. La voluntad de ETA es seguir aterrorizando, lo que da al presidente del Gobierno la respuesta a la expectativa que ha abierto sobre el cese dialogado de la violencia. Cuestión distinta es que el Ejecutivo no atienda a los hechos e ignore sus consecuencias. Pero éste es el problema que hace inverosímil la iniciativa personal de Rodríguez Zapatero de tratar el terrorismo de ETA como un fenómeno reversible por efecto, casi taumatúrgico, de una mera aplicación de gestos y declaraciones seductoras. Hay, en el fondo de esta actitud gubernamental, un profundo desconocimiento acerca de la naturaleza de los terroristas y de su determinación criminal. El terrorista es un delincuente y, además, actúa de mala fe cuando se le trata como interlocutor. La creencia de que en un determinado punto crítico de la evolución política cabría sentar en una mesa de negociación al Estado y a ETA roza la puerilidad y, sobre todo, desprecia la experiencia histórica. El Gobierno socialista está actuando como si su llegada al poder hubiera sido la ocasión que esperaban los terroristas, impacientes ellos, para sacar a la luz su vocación negociadora, frustrada por la intemperancia de los gobiernos anteriores. El cúmulo de espejismos ya es suficiente. El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene datos por sí mismo, no heredados, para saber cómo está manejando ETA las ofertas de diálogo que el Ejecutivo y el Parlamento le han puesto sobre la mesa y en condiciones progresivamente favorables, porque no sólo el jefe del Ejecutivo rebajó en el Senado el listón del diálogo a que los terroristas simplemente mostraran voluntad de abandonar las armas. También se están encontrando con el viento a favor que provoca el divorcio entre el Gobierno y las víctimas, la recuperación diaria de la izquierda abertzale, la impunidad del regreso de Batasuna y otros factores indiscutibles que no entrañan ningún avance y sí muchos lastres y dudas en la lucha antiterrorista. Cada vez que se produce una reiteración de la oferta de diálogo, ETA responde con un atentado, no porque no le interese tácticamente la confusión que está produciendo la política gubernamental, sino porque le permite comprobar que el Ejecutivo aumenta en la misma proporción el nivel de compatibilidad entre atentados y ofrecimiento negociador. Así es muy difícil que ETA se vea compelida a una tregua que le está resultando materialmente innecesaria porque sus efectos se los está encontrando gratuitamente, sin coste alguno. De hecho, esta política aparentemente novedosa ya es conocida por ETA. Los terroristas constatan que han vuelto al Parlamento de Vitoria, donde podrán condicionar durante cuatro años más la vida política de los ciudadanos vascos, con el coro ingenuo de los que dicen que siempre es mejor que estén dentro que fuera, como si las dos décadas de Batasuna en la Cámara vasca hubieran contribuido a la paz. También aprecian que el Estado de Derecho se está inhibiendo más allá de la neutralización de la Ley de Partidos para entrar otra vez, y a pesar del procesamiento de Otegui, en el sofisma de que sólo son terroristas los que atentan. Comprueban que el constitucionalismo vasco y las víctimas pueden verse forzados a iniciar un camino de vuelta después del apogeo de Ermua. Es decir, la modernidad de los discursos del Gobierno sobre el fin de ETA es, en realidad, la reformulación de planteamientos fracasados (Argel, Santo Domingo, Pérez Esquivel, etcétera) no porque fueran mal aplicados, sino porque eran estériles para producir el desistimiento de ETA. Por eso, la ruptura del Pacto Antiterrorista está siendo, también, expresión de la deliberada falta de memoria del Gobierno socialista. ETA, que sigue siendo la misma, lo sabe y se aprovecha. BOLIVIA Y LA SOMBRA DEL POPULISMO SEVILLA INVESTIGA L prometedor género parlamentario de las comisiones de investigación tiene en el modelo municipal sevillano- -improvisado sobre la marcha para depurar responsabilidades en el caso de las facturas falsas- -un ejemplo de cómo combinar ingredientes detectivescos y de ocio popular. El barroco sevillano ha tocado techo y capitel con las conclusiones del grupo municipal de Izquierda Unida, que, coaligado con el PSOE en el gobierno de la capital andaluza, no ha encontrado mejor defensa que un atroz ataque y ha pedido la dimisión de un concejal del Partido Andalucista y un alto cargo del PP, partidos denunciantes del escándalo. Investigar, en España, es fabular. I E NSTALADA en un escenario de permanente inestabilidad, Bolivia afronta una nueva crisis política que ha estado a punto de precipitarla en el caos de una guerra civil. Con este nuevo episodio, la frágil democracia boliviana ha vuelto a demostrar que vive bajo una atmósfera de ebullición latente. De hecho, la dimisión del presidente Carlos Mesa no ha resuelto nada. Los incidentes provocados por la muerte de un minero han agudizado febrilmente la crisis y han permitido alcanzar una solución que se interpreta provisional y de puro compromiso. El nombramiento del titular de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, como nuevo presidente de Bolivia no despeja las incertidumbres que siguen condicionando el futuro del país. Todo lo contrario. Su elección las confirma, ya que se ha producido después de que se forzara desde la calle la renuncia de quienes estaban llamados constitucionalmente a ser los sucesores del dimisionario Mesa: el presidente del Senado, Hormando Vaca, y el de la Cámara de Diputados, Mario Cossío. Aquí reside realmente la entraña del problema: en que después de la tempestad vivida estos días el aire político sigue tan enrarecido como antes, sometido al mal de altura de una sociedad crispada y en tensión desde que en 1989 el país decidió hacer la guerra al cultivo de la coca y reorientó su economía hacia un modelo de mercado abierto que atrajera inversiones que hiciesen posible el aprovechamiento de sus cuantiosos recursos naturales. De aquel escenario de cambio social y económico ensayado hace quince años vienen los actuales problemas que padece Bolivia. No sólo debido a la presión ejercida por las oligarquías provinciales, recelosas de perder su poder tradicional debido a las reformas liberalizadoras emprendidas, sino porque fue en los años noventa cuando echó a andar la red de asociaciones y sindicatos que alimenta el movimiento indigenista que en 2000 provocó la insurrección de Cochabamba y que posteriormente, de la mano de Evo Morales y Felipe Quispe, ha logrado cobrarse la cabeza de dos sucesivos presidentes democráticos mediante el recurso al chantaje populista de los tumultos, las huelgas indiscriminadas y los boicots. Con un gobierno renqueante y prisionero de la presión indigenista, el futuro de Bolivia pinta muy mal. La sombra del populismo es alargada.