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20 Nacional JUEVES 9 6 2005 ABC El CGPJ nombra al límite las tres presidencias del Supremo pese a existir acuerdo Deja desierta una plaza de magistrado al no conseguir ningún candidato la mayoría necesaria b Fuentes de la mayoría aseguran que las dificultades para sacar adelante los nombramientos ponen de manifiesto que la reforma de los tres quintos no funciona NIEVES COLLI MADRID. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cubrió ayer las tres plazas de presidente de Sala del Tribunal Supremo vacantes desde hace medio año, así como una de las dos vacantes- -la segunda se declaró desierta- -de la Sala de lo Contencioso- Administrativo. La dificultad de las votaciones puso de relieve una vez más los problemas que genera la aplicación de la polémica reforma de los tres quintos. Pese al acuerdo alcanzado por los grupos mayoritario y minoritario del Consejo, las presidencias de la Sala Civil y Militar necesitaron las cuatro votaciones que, como máximo, puede celebrar el Pleno para cada nombramiento. Si en la última no se alcanza la mayoría necesaria, la plaza se declara desierta y la terna de candidatos se devuelve a la Comisión de Calificación. Sólo Juan Saavedra, único aspirante a presidir la Sala Penal, obtuvo los votos necesarios- -14- -en primera votación. Juan Antonio Xiol y Ángel Calderón necesitaron de las cuatro oportunidades para reunir 15 y 13 apoyos, respectivamente. Fuentes de la mayoría conservadora del CGPJ interpretaron estos resultados como una demostración de que la reforma de los tres quintos no funciona ya que hace primar el consenso sobre los criterios de mérito y capacidad que deben imperar en los nombra- mientos. La consecuencia es que, pese a los acuerdos alcanzados por los dos grupos, hay candidatos que no satisfacen a todos los vocales. Más problemas aún causaron los nombramientos de dos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo. Los vocales de la mayoría conservadora se quejaron de que la minoría los hubiera introducido en el orden del día del Pleno sin un acuerdo lo suficientemente maduro, extremo que niegan los vocales progresistas. Con 17 votos en la cuarta votación salió elegido el magistrado José Díaz Delgado, miembro de la asociación Francisco de Vitoria. La otra plaza- -del turno de jurista- -quedó desierta. Versiones contrapuestas En opinión de la minoría progresista el pacto existía y sólo ha sido respetado por nuestro grupo que ha dado su apoyo a Díaz Delgado. Luis María Díez- Picazo, sin embargo, no consiguió el apoyo de la mayoría. La versión ofrecida por el grupo mayoritario es, sin embargo, completamente diferente. Fuentes del sector conservador del CGPJ insisten en que en ningún momento se había cerrado el acuerdo ya que las dos plazas de la Sala Tercera estaban vinculadas a las tres que aún siguen vacantes en la Sala Social del Supremo y a los puestos de magistrado que, en sus respectivas Salas, han dejado libres los recién nombrados presidentes Juan Antonio Xiol (también Sala Tercera) y Ángel Calderón (Sala Militar) Por otra parte, el Consejo aprobó con once votos la propuesta de renovar la confianza del Pleno en el presidente de la Escuela Judicial. Jueces progresistas proponen un acuerdo entre las asociaciones para reforzar la independencia del Consejo N. C. MADRID. La progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha lanzado una propuesta a las demás asociaciones judiciales con el fin de elaborar de manera conjunta un código de conducta para los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) La invitación es una de las conclusiones de su XX Congreso, que JpD ha celebrado este año en Granada y en el que se ha sometido a debate el funcionamiento del Consejo y la actuación de sus miembros, a la vista de las críticas que habían despertado entre los asociados. Desde Jueces para la Democracia se considera que debe evitarse la política de bloques dentro del CGPJ y, para ello, se propone la apertura de un proceso de reflexión y debate entre todas las asociaciones judiciales con el fin de reforzar la independencia de los vocales a través de la regulación de su estatuto personal. Los miembros de esta asociación critican que en el órgano de gobierno de los jueces se haya impuesto una dinámica de bloques y que cada uno de ellos se identifique con uno de los dos grandes partidos del Parlamento así como con sus políticas.