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4 Opinión JUEVES 9 6 2005 ABC TALANTE FISCAL L OS relevos llevados a cabo por Cándido Conde- Pumpido en puestos clave de la Fiscalía apuntan más a la purga del sector conservador de la carrera que a razones técnicas o profesionales. Especialmente sectaria se presenta la remoción de Eduardo Torres- Dulce al frente de una de las jefaturas de la Fiscalía de la Sala Segunda del Supremo, decidida en contra del criterio del Consejo Fiscal. Menos mal que estábamos en la legislatura del diálogo. Tras el bochornoso retraimiento en la querella contra Atutxa, Conde- Pumpido parece haberle cogido gusto a la parcialidad. En un año, de las siete renovaciones de fiscales de sala, seis han ido a parar a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, que tiene 70 asociados de los 1.710 miembros de la carrera. En fin, que los datos apuntan a que se ha abierto la veda contra la Asociación de Fiscales y el sector conservador. PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MÁS DISCORDIA L Cándido Conde- Pumpido JAIME GARCÍA MATICES SEMÁNTICOS N año después, la imprevisión se torna en insuficiencias y en desatención en las alertas Ya no hay engaño masivo Matices semánticos con los que el PSOE pretende distanciarse de ERC, radical hasta en sus últimas conclusiones. La comisión de investigación del 11- M entra en esa fase en la que la política teje un sutil entramado de consideraciones medidas al detalle, donde se impone la retórica. Al final, el Partido Popular sale trasquilado, pero menos, porque el PSOE le abre levemente la puerta, movimiento táctico que conjuga a partes iguales prudencia y fingida magnanimidad, lo que le permite marcar distancias sobre sus socios más intemperantes y, al tiempo, mostrar su lado más amable. Conclusiones trazadas con tiralíneas para no pasarse de la raya. U A multitudinaria manifestación de las víctimas del terrorismo no ha hecho mella en la nueva política del Gobierno sobre el final dialogado de la violencia de ETA. Antes bien, las palabras de Rodríguez Zapatero durante la sesión de controlen el Senado alejan aún más la posibilidad de una reconducción de los acontecimientos y añaden argumentos en contra de la autoridad moral de las víctimas que se manifestaron el pasado sábado. Sin duda, como dijo Zapatero, no podemos saber cuál fue la última voluntad de las víctimas del terrorismo de ETA pero dicho así parece como si su testamento se hubiera perdido en el camino, cuando lo obvio y cierto es que si no conocemos su voluntad se debe a que ETA se la quitó junto a la vida. Pero ETA ha dejado muchos heridos, viudos, huérfanos, padres y madres sin hijos y hermanos sin hermanos. Y fueron estas víctimas a las que la sociedad convirtió en albaceas del sacrificio de sus familiares y las que animaron decisivamente en diciembre de 2000 la unidad política de PP y PSOE en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Entonces, los socialistas sí sabían perfectamente cuál era la voluntad de las víctimas, entre ellas la de sus militantes y cargos asesinados por ETA, y esta claridad de conceptos les permitió ser coherentes con los compromisos del Pacto Antiterrorista. Y mientras lo fueron, nunca tuvieron el apoyo de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya o del PNV en la lucha contra ETA. Apoyaron al PP en una política que perseguía el objetivo definido conjuntamente: derrotar a los etarras de manera incondicional. Hoy, el PSOE tiene asu lado a los partidos que sistemáticamente votaron en contra de toda reforma penal, procesal o penitenciaria que perseguía inclinar la balanza antiterrorista a favor del Estado. Repasen los diarios de sesiones y las hemerotecas los que ahora, además de descalificar a las víctimas por el apoyo que reciben del PP- -y a éste por darlo- alaban el nuevo consenso impulsado por el jefe del Ejecutivo y podrán recordar las opiniones de estas formaciones sobre la Ley de Partidos Políticos, el cumplimiento íntegro de las penas, la persecución de la kale borroka o la protección penal de los concejales, entre otras. Fueron esas reformas, algunas de ellas (como la Ley de Solidaridad con las Vícti- mas del Terrorismo) anteriores al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, las que permitieron hablar realmente de la fundación de una política antiterrorista mucho más amplia que la acción meramente policial. Por eso no la apoyaron nunca quienes a día de hoy siguen valorando el terrorismo como expresión de un conflicto político, incluso de las carencias democráticas del Estado español, lo que, a la postre, se traduce en sustituir la erradicación de ETA por una supuesta negociación de prestaciones recíprocas, que evite que los terroristas- -y sus ideas nacionalistas- -pasen a la historia de los derrotados. Cuando se buscan culpables de la ruptura del Pacto, se reprocha a la oposición que manifieste públicamente su discrepancia y se llega a negar el valor moral de las víctimas ante un proceso de negociación, es necesario ver la evolución de los acontecimientos e identificar las compañías de cada cual. El Pacto no se ha roto porque la oposición haya salido a la calle, sino porque ha habido una decisión política del Gobierno de abandonar una estrategia que, educada en laexperiencia de las treguas de ETA y en la supervivencia de la democracia, sólo aceptaba la derrota de los terroristas. Ayer, el presidente del Gobierno dio la razón a quienes afirman que es el Gobierno quien ha abandonado el Pacto Antiterrorista. Literalmente afirmó que si existe una opción de que el Gobierno pueda contrastar que ETA tiene la voluntad de dejar las armas para siempre, por supuesto que el Gobierno dialogaría La palabra derrota no existe en el calculado lenguaje presidencial. No se ha vuelto a hablar de cumplimiento íntegro de las penas ni tampoco de exigencias de perdón. A los etarras no se les advierte de la cárcel sino que se les emplaza a algo tan condescendiente como la disolución. Las condiciones del final dialogado se rebajan progresivamente, porque ya es suficiente que ETA tenga sólo la voluntad de desarmarse para que el Gobierno dialogue. Y, sobre todo, ETA sabe que, a pesar de todo el mal que ha causado, ha recuperado frente al Estado la posición de interlocutor que había perdido. Cabría preguntarse si es así como el Gobierno pretende ganarse la confianza de las víctimas, atraer al PP a un nuevo consenso y transmitir a la sociedad un mensaje de firmeza. EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EL AAIÚN, A OSCURAS L C OMO era de prever, Marruecos tampoco dejó desembarcar del avión a la delegación del Parlamento catalán que pretendía visitar El Aaiún. Nueva muestra del inveterado oscurantismo de Rabat y de las nulas contraprestaciones que ofrece a lo que en su día se vendió desde el Gobierno como un nuevo periodo de distensión en las relaciones bilaterales ¿Se disminuye la tensión prohibiendo la entrada en el país? Quien no quiso tener problema es el representante socialista, que para no incomodar a Marruecos se quedó en casa. Nueva pregunta, ¿es ésta la solidaridad que, según Moratinos, ofrece la izquierda en el conflicto del Sahara? A presidencia luxemburguesa está trabajando denodadamente para conseguir la aprobación del Presupuesto comunitario en la Cumbre de mediados de mes, pero su última propuesta no parece ser suficiente para unos y es excesiva para otros. Tres son las cuestiones a decidir en las llamadas Perspectivas Financieras 2007- 2013: el límite de gasto, la excepción británica y el reparto de los Fondos. Y en ninguna hay avances significativos que sean favorables a la posición española, contra la que corre además el calendario, porque de aplazarse hasta el próximo año- -nadie espera que pueda resolverse durante la presidencia del Reino Unido- -se usaría la nueva Contabilidad Nacional, quedebilita la posición española al igualar su renta per cápita a la media comunitaria. Alemania sigue insistiendo en no superar el techo de gasto del 1 por ciento del PIB comunitario- -y a lo más que estaría dispuesta a llegar es a un porcentaje ligerísimamente superior, como parece que apunta la última propuesta luxemburguesa- -y no es razonable esperar que cambie su postura en pleno período electoral. Gran Bretaña ha reiterado su disposición a vetar cualquier acuerdo que cuestione el cheque con el que se le compensa por el mantenimiento de una política agraria que se lleva las dos terceraspartes del presupuesto y se considera fortalecida en suautoridad moral tras elfracaso francés. España no haconseguido consenso para un período transitorio que suavice la pérdida de los fondos estructurales y de cohesión, ni se ha avanzado en la idea de un incremento sustancial en el gasto en I+ D con que amortiguar su carácter de contribuyente neto de la ampliación. A todos estos problemas se ha sumado la amenaza italiana de usar el veto como castigo por haber sido amonestada su política fiscal. El Gobierno ha encarado mal la negociación, entregando su única baza objetiva, el deseo de otros de reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin más contrapartida que unas fotos y unas sonrisas. Ahora sólo le queda confiar en que el miedo al vacío, y la voluntad de apaciguar a unos mercados nerviosos tras los referéndums y las dudas sobre el euro, muevan a los gobernantes a alcanzar un acuerdo. Escasos argumentos para un Gobierno que ha presumido de liderazgo en Europa, tan escasos que pueden traducirse en un acuerdo, vacío, que salve las formas pero que suponga una contribución neta española de 8.900 millones de euros. Un precio demasiado alto.