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ABC MARTES 7 6 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC CLASE POLÍTICA Y SOCIEDAD CIVIL POR BENIGNO PENDÁS PROFESOR DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS ...El sábado en aquella larga avenida madrileña se hacía patente la voluntad del pueblo, cargada de sentido cívico, dignidad moral y orgullo democrático. Todo ello de forma ejemplar, con firmeza pero sin odio ni extremismo. Exigiendo justicia... A democracia es la única forma legítima de gobierno a estas alturas del tiempo histórico. Las mejores páginas de la teoría política, desde Pericles hasta Abraham Lincoln, se han escrito en su honor. Pero la política no es geometría y los conceptos no viven en un laboratorio aséptico. En rigor, plantean tantos problemas como soluciones. ¿Cuál es el demos ¿Qué derechos conserva la minoría? ¿Dónde se sitúan los límites intangibles en el ejercicio del poder? Preguntas apasionantes, con respuesta incierta. Estamos en el ámbito de la prudencia y el sentido común. Los profetas dogmáticos fracasan sin remedio. Marx, por ejemplo. Spengler, por supuesto. ¿Qué decir de sus epígonos recientes? El asunto vuelve ahora al primer plano. La calle y el Parlamento. Escaños y papeletas electorales. ¿Clase política contra sociedad civil? La gente común se hace presente en el ágora, ante el desconcierto del aparato político- tecnocrático. La calle dice que no en Francia y en Holanda, por vía de referéndum. En Madrid, una marea humana defiende la dignidad del Estado y de la Nación en contra de la negociación con ETA. Se anuncian nuevas expresiones de la voluntad popular: en Salamanca, a favor del Archivo de todos; otra vez en Madrid, en defensa de la familia de siempre. Algunos se quejan en nombre del progresismo sedicente. Suelen ser los mismos que sentaban cátedra populista en tiempos recientes. Parece ser que el poder cambia por completo la perspectiva, si nos atenemos a las opiniones suscitadas en relación con las manifestaciones sobre el Prestige o la guerra de Irak. L mentos padecen el mal de la partitocracia. La teoría acusa el impacto: R. Michels y la doctrina de las oligarquías. G. Mosca y sus reflexiones sobre la clase política. Entre nosotros, García- Pelayo y su idea del Estado de partidos, dueños ya del monopolio de la representación. Calla la gente de a pie, no siempre dispuesta a ser valiente. Crece la brecha entre mandato popular y obediencia al partido. Las leyes siguen ancladas en el siglo XIX. Los tribunales confirman su vigencia. Los tránsfugas reciben la crítica de todos, bien merecida por cierto. Pero tampoco se libran los diputados fieles- -como corresponde- -a su propio partido. La historia enseña que la representación no es la única vía posible para el gobierno del pueblo. Nace, de hecho, como un sucedáneo de la participación directa. Resisten todavía múltiples resabios, viejas asambleas vecinales, entre la tradición y el folclore, ya sea en los cantones suizos o en los concejos abiertos de nuestro régimen local. Mecanismos de revocación del mandato, que sirven incluso para provocar el cese del gobernador de California. Iniciativa legislativa popular, fórmula difícil- -pero no imposible- -para poner en marcha el procedimiento parlamentario. Acción popular, para la defensa del interés público en sede judicial. Sobre todo, el referéndum, expresión máxima del poder irresistible del pueblo. Es cierto que la representación domina sin resistencia desde los días de las Revoluciones francesa y americana. No faltó entonces un debate profundo, porque la elección, aunque no lo parezca, es un mecanismo aristocrático (se elige, en teoría, a los mejores) en contra del sorteo de cargos públicos, sistema genuino de la democracia ateniense. El gobierno directo cuenta incluso con el aval teórico de Rousseau, mucho más grato a la izquierda que a la derecha. La soberanía popular se instala en lugar preferente en la moderna retórica constitucional. La representación, en cambio, se articula mediante la letra pequeña: prácticos y sagaces, los ingleses construyen un régimen parlamentario que alcanza su pleno sentido en la sociedad liberal. Sin embargo, el incipiente Estado intervencionista rompe las reglas del juego. Elecciones y parla- La lógica democrática reclama el retorno a las raíces: Vox populi, vox Dei Para ocupar el espacio vacante, surgen fórmulas alternativas no siempre admirables: medios de comunicación, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, augures que interpretan al pueblo en miniatura disfrazado de encuestas y de sondeos. Cuando crece la indignación, el derecho de manifestación refleja de forma inequívoca la voluntad colectiva. Los políticos más sensibles toman nota del problema. Se acuñan conceptos como déficit democrático regeneración institucional participación cívica Vanidosos, pero a la vez ingenuos, muchos líderes están convencidos de que gozan del amor de su pueblo. Todo consiste en preguntar... No se trata aquí y ahora de determinar quién tiene razón. Sócrates vale más que los sofistas. Del acuerdo surge la decisión, no la verdad. Pero cuando el soberano habla, es obligado escuchar y obedecer. Veamos la Constitución Europea. Salta a la vista el contraste entre los ciudadanos y sus representantes. Otra Europa debe surgir. No caben los subterfugios jurídicos para salvar a una Constitución que, tal vez, debería ser defendida de sus propios amigos. Bernard Crick, un inteligente pensador bri- tánico, escribe que las naciones no piensan, sólo sienten Aquí está la prueba. Porque la decisión soberana pertenece al pueblo que se hace presente y operante a través de todos los procedimientos previstos por la Constitución, y no sólo por los de naturaleza electoral. También juega el ejercicio de los derechos fundamentales. Reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, dice nuestra norma suprema. El sábado en aquella larga avenida madrileña se hacía patente la voluntad del pueblo, cargada de sentido cívico, dignidad moral y orgullo democrático. Todo ello de forma ejemplar, con firmeza pero sin odio ni extremismo. Exigiendo justicia, pero no venganza. Defendiendo la voz del Poder Constituyente en contra de la voluntad expresada- -sin duda, legalmente- -por una resolución del Congreso de los Diputados. Porque el poder supremo en la España constitucional deriva del acuerdo que refleja una abrumadora mayoría de los dos grandes partidos nacionales. Rodríguez Zapatero pretende romper el empate sociológico entre PSOE y PP por medio de una maniobra táctica que sólo se explica por razones de interés partidista. La vox populi exigía, en ese momento, el acuerdo entre Gobierno y oposición para una política de Estado en la lucha contra el terrorismo y en la vertebración territorial. A día de hoy, eso es lo que importa realmente a los españoles. Paradojas de la libertad. Desde su experiencia en el régimen totalitario, Juan Pablo II rompió muchos tópicos arraigados en el ámbito moral. Supo además utilizar como nadie las posibilidades tecnológicas que ofrece el mundo moderno. Hasta hace poco, la izquierda parecía ser dueña en exclusiva de la movilización de masas. La derecha política también aprende ahora lecciones de estrategia democrática. Sabe hacer la política de la calle y desde la calle. Y lo hace con toda limpieza y con escrupuloso respeto a las reglas del juego. Sólo el sectarismo conduce a negar la realidad. Aquí está la sociedad civil. Éstas son las asociaciones que tanto envidiamos en el mundo anglosajón. Es la palabra de la gente normal, de las clases medias en el más amplio de los sentidos, y no de las elites seudoilustradas, de los supuestos burgueses insolidarios o de los fantasmas creados ad hoc por la imaginación dogmatizada. Gente normal, en efecto, que quiere con naturalidad a su patria, prefiere que ganen los honrados y no los criminales, y defiende un proyecto de vida en común que nos ha costado un enorme esfuerzo construir. Nos ha costado, sobre todo, la vida y la integridad física de muchas víctimas y las ganas de vivir de sus parientes y amigos. Les debemos, faltaría más, reconocimiento moral y cariño personal. Lo ha entendido perfectamente el Partido Popular, tal vez porque no se ha movido ni un milímetro de su postura anterior. Lo reconocen también muchos socialistas, que callan en público pero se desahogan en privado. Debe asumirlo el Gobierno, que es- -en pura teoría democrática- -mandatario del pueblo español; titular único de la soberanía nacional, según proclama la mejor Constitución de la historia de España.