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4 Opinión VIERNES 3 6 2005 ABC SEQUÍA SIN TRASVASE L Congreso firmó ayer el acta de defunción del trasvase del Ebro. La iniciativa del Gobierno socialista, inscrita en la contumaz tarea de demolición de la producción legislativa del PP en la anterior legislatura, ha coincidido con una de las peores sequías que se recuerdan, con lo que el casi ancestral problema de la España seca hace pronosticar, y temer, un incierto futuro para el bienestar y progreso de Levante. Paralelamente, el proyecto que supuestamente ha de reemplazarlo, la red de desaladoras inscrita en el programa A. G. U. A. aún no ha demostrado su viabilidad. A estas alturas, apenas hay una certeza: que contamina más que el derogado trasvase. De paso, se asesta un duro golpe a la solidaridad interregional. Entre el agua y algún proyecto de financiación autonómica no corren buenos tiempos para la cohesión y la vertebración nacionales. E PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil VIOLENCIA CULTURAL OS recientes episodios de violencia juvenil, dentro y fuera del ámbito escolar, merecen una atención específica de la clase política y de la sociedad, porque indican la formación incipiente de un problema realmente grave. En Villaverde (Madrid) Berga y Hospitalet se han producido homicidios y lesiones por armas blancas. Jóvenes contra jóvenes, en una espiral de violencia a la que no se debe responder con tópicos que son, en sí mismos, tan inútiles como falsos. También peligrosos si llevan a conclusiones equivocadas. Hay un problema de inseguridad en determinados estamentos de la juventud y la negación de esta realidad sólo agrava el problema. En este sentido, resulta preocupante que haya autoridades y responsables académicos que se pierdan en explicaciones antropológicas para rebajar la gravedad de, por ejemplo, la agresión colectiva que se produjo a las puertas del Instituto Margarita Xirgú, de Hospitalet de Llobregat. Los agresores fueron provocados y respondieron con armas blancas porque era de la única manera que en su cultura saben reaccionar según declaró el jefe de estudios del Instituto. Si es así, la responsabilidad de los poderes públicos es cambiar drásticamente esa reacción cultural por otra adecuada a la sociedad en que vivimos. Pero no parece fácil este objetivo, porque para Montserrat Tura, consejera de Interior de la Generalidad de Cataluña, la respuesta que hay que proponer es informar a las familias de los alumnos inmigrantes de que, aparte de sobrante e innecesario (sic) llevar navajas no es tradición en este país Ciertamente, no sólo no es tradición sino que incluso está expresamente prohibido y sancionado por el Reglamento de Armas de 1993. En el fondo de esta interpretación multicultural de los hechos, que se juzga por sí misma, subyace el temor a la incorrección política, por la participación de jóvenes inmigrantes en las lesiones causadas a otros compañeros del centro escolar de Hospitalet. Sin este dato, la agresión habría sido un acto criminal más, sin ropaje retórico alguno. Pero no es falseando el lenguaje como se cambia la realidad. Es necesario un debate sincero sobre la inseguridad escolar- -en la que se inscribe también el L Pasqual Maragall YOLANDA CARDO FRENTE COMÚN A oposición interna a Maragall en el PSC- Ágora socialista y Socialistas en positivo -comienza a organizarse, con José Montilla al fondo. Las dos corrientes críticas con la deriva nacionalista que ha emprendido el socialismo catalán desde que se formalizara el tripartito han decidido aunar su estrategia para conseguir una Cataluña plural y democrática El objetivo de esta plataforma deja en evidencia la gestión del presidente de la Generalitat, cuya alianza con los independentistas de ERC ha abierto fracturas en el seno del PSC. Tanto que desde el sector crítico se habla del régimen que nos atenaza Estábamos acostumbrados a escuchar este discurso en boca de dirigentes del PP. Maragall y sus socios han conseguido que este mensaje se escuche ahora en las filas socialistas. L acoso entre compañeros- la pérdida de autoridad del profesorado, la falta de colaboración de las familias con los centros escolares y, en general, el desprestigio de la disciplina, tergiversada como si fuera un antónimo de libertad. También habrá que tratar las políticas de integración de los inmigrantes, que en materia educativa requieren un trato específico, orientado más a la asimilación de valores que a experimentos multiculturalistas. ¿O hay que negar la incidencia de la inmigración en la planificación educativa de ciertas Comunidades Autónomas, como Madrid y Cataluña? Y, por supuesto, asumiendo que este no es un problema que se resuelva sólo en el plano escolar y que necesita, además, un plan de seguridad que garantice la integridad física de los alumnos. En un plano distinto, pero no ajeno, se sitúa la Ley penal del Menor, y la manifiesta insatisfacción social que producen algunas de sus aplicaciones, más causadas por el aumento de la edad penal a 18 años, introducido por el Código Penal de 1995, que por el tratamiento esencialmente rehabilitador que prevé aquella ley. El principio no es discutible: una sociedad moderna y civilizada no puede equiparar la responsabilidad penal de menores y adultos. Pero también es cierto que la educación que reciben nuestros jóvenes hoy en día les permite discernir sin problema alguno el valor de la vida humana y de la integridad física de las personas. Si hay discernimiento hay capacidad para decidir y, por tanto, responsabilidad. Debe entrar en juego, en tales casos, un sentido sancionador de la pena impuesta, disuasorio para el propio joven delincuente y para otros que puedan sentirse animados por la lenidad de las leyes. El Estado de Derecho dispone de procedimientos y garantías suficientes para armonizar seguridad y libertad, sanción y rehabilitación. La violencia juvenil no debe sustraerse a estos binomios con la interferencia perturbadora de la corrección política o del progresismo científico. Siempre debe ser el Estado el que conjure, con medidas proporcionadas y justas, el temor de la sociedad a que sea ésta la que se autotutele con reacciones primarias de venganza, que no han faltado en los últimos días. EN SU JUSTA MEDIDA DURAO ACUSA N O le falta razón al presidente de la Comisión cuando achaca a los Gobiernos la nefasta tesitura en la que se encuentra el Tratado constitucional tras los noes francés y holandés. Hay que poner a los Estados frente a sus responsabilidades. No se puede decir siempre que Bruselas es el problema y luego pedir a la población que vote a favor ha asegurado Durao. El reproche atina en buena parte de los males del enfermo europeo. Pero llega tarde. Habría sido mejor que la Comisión hubiese tenido el arrojo de alertar de este error de los Veinticinco de manera preventiva. Hoy parece que ya es tarde y la solución suena a simple quejido. L OS datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social son buenos, reflejan la fortaleza del crecimiento español y de la creación de puestos de trabajo, pero también sus debilidades. Por ello, aunque es lógico que el Gobierno tienda al optimismo y los califique de históricos, sería bueno no caer en una euforia desmedida, sobre todo porque, como señalan el propio INEM y los sindicatos, son deudores de cambios estadísticos y de circunstancias excepcionales. Felicitarse por la buena marcha del mercado de trabajo es comprensible, pero no se puede dejar de subrayar que los datos responden a cambios metodológicos que dificultan toda comparación con períodos anteriores y que son producto de una regularización extraordinaria de emigrantes que ha hecho aflorar más de medio millón de empleos. Tampoco se puede negar la evidencia de que mayo ha sido un mes positivo y de que las afiliaciones a la Seguridad Social responden a una situación económica saneada, aunque España siga teniendo más de dos millones de parados y una baja tasa de actividad. Ello obliga a una reforma en profundidad del mercado de trabajo, necesaria para evitar el desperdicio de recursos y la pérdida de competitividad, y prolongar así la fase de crecimiento. Insistir en que los problemas laborales de nuestro país son la temporalidad y precariedad en el empleo, sin mencionar el alto coste del despido y la rigidez de la negociación colectiva, que son sus causas determinantes, es distorsionar la realidad. España tiene todavía una tasa de desempleo de las más altas de Europa. Un paro que incide especialmente en las mujeres y en los jóvenes y que evidencia un mercado de trabajo excesivamente protegido y regulado que hay que flexibilizar. Confiar en el diálogo social suena bien, pero hace falta poner en marcha los mecanismos necesarios para que ese diálogo se sustente en propuestas concretas. En definitiva, lo prudente sería celebrar con cautela el retroceso de 88.522 parados en mayo- -un dato que invita al optimismo- pero lejos de la euforia y, sobre todo, del catastrofismo, porque nada más nocivo que hacer política manejando a conveniencia de parte las cifras del desempleo, el principal problema para los españoles, según la última encuesta del CIS.