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88 Economía JUEVES 2 6 2005 ABC El Constitucional rechaza el recurso de Botín por el caso de las cesiones ABC MADRID. La Sala Primera, Sección Segunda de lo Penal, del Tribunal Constitucional ha acordado no admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por Emilio Botín y otros encausados contra la apertura de juicio oral dictada por la juez Teresa Palacios en el caso de las cesiones de crédito, informa Ep. El auto del Constitucional, con fecha 24 de mayo, establece que al deducirse esta demanda contra una resolución interlocutoria (auto de apertura de juicio oral) y por una cuestión sobre la que no han tenido siquiera la posibilidad de pronunciarse los órganos judiciales y que todavía puede ser objeto de planteamiento y resolución en la vía judicial, está incursa en la señalada causa de inadmisión Esta decisión elimina el último impedimento para la apertura del juicio oral en el caso de las cesiones de crédito, por el que deberán comparecer Botín, el ex consejero delegado y actual consejero del SCH Rodrigo Echenique, el ex jefe de la asesoría jurídica José Ignacio Uclés, y Ricardo Alonso Clavel, antiguo jefe central contable. La CE da vía libre a la reestructuración de Izar con algunas condiciones Las ventas civiles de la actual Navantia no podrán superar el 20 del total obligación, según el artículo 298 del Tratado de la CE, de llevar dos cuentas separadas, una para la actividad civil y otra para la militar MARIBEL NÚÑEZ, CORRESPONSAL BRUSELAS. Después de meses de tiras y aflojas la Comisión Europea aprobó ayer las ayudas concedidas por el Gobierno español a los antiguos astilleros Izar, la actual Navantia. Según el Ejecutivo comunitario las ayudas que ha concedido el Gobierno español a esta empresa ahora sí se enmarcan dentro de la normativa comunitaria, que permite a los Estados miembros proteger sus intereses esenciales de seguridad relacionados con las industrias de la defensa. El objetivo de Bruselas era que estas ayudas no produjeran alteraciones en las normas que rigen el libre mercado en el sector de la construcción y la reparación de buques. Además, para adoptar la decisión final, Bruselas ha tenido en cuenta el impacto social que hubiera supuesto el cierre de las factob La empresa tendrá la Historia de una segregación La segregación de Izar se puso en marcha el 1 de abril de este año y, entre las condiciones que establecieron los liquidadores para pasar los activos a la nueva Navantia estaba la venta de los astilleros en GIjón, Sestao y Sevilla, así como la fábrica de motores en Manises. La venta de estos activos, según Bruselas, se realizará en condiciones de mercado en un proceso abierto, transparente y sujeto a un pliego de venta, para evitar que los compradores tuvieran que hacer frente al dinero que Izar tiene que devolver todavía en concepto de ayudas ilegales. rías de Izar, en el caso de que no se hubieran aprobado las ayudas, tal y como pedía tanto el Gobierno español como los sindicatos. La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, aseguró ayer que este es un importante paso en la reorganización del sector público de construcción naval española Izar fue hasta finales de 2004 la principal constructora naval española y contaba con 11 factorías repartidas entre Galicia, Asturias, País Vasco, Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid. Tiene 10.700 empleados y alrededor de la mitad de su producción está dedicada al sector militar. Los desacuerdos de los últimos meses entre Madrid y Bruselas han dejado al final paso a un acuerdo mediante el que España ha aceptado compromisos conforme al artículo 298 del Tratado europeo, y que tendrán una vigencia de diez años, en los que se establece, entre otras cosas, que las ventas civiles de Navantia no podrán exceder el 20 del total en los próximos tres años. Además, Navantia tendrá que tener una contabilidad separada para las actividades militares y civiles para que sea más fácil el control de la Comisión Europea de cada una de las actividades. En cuanto a empleo se refiere, el número máximo de trabajadores con que podrá contar Navantia será de 5.562. Las ayudas de Estado estarán prohibidas y sólo podrá recibir aquellos créditos para la exportación que sean compatibles con los criterios de la OCDE.