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ABC JUEVES 2 6 2005 51 La comunidad educativa cree que los 6.100 millones de euros para la reforma son insuficientes El Senado exige al Gobierno que detalle el coste económico que suponen los matrimonios homosexuales El nuevo informe ambiental tampoco irá al Consejo del Agua Ya han alegado todas aquellas instancias que han querido, incluido el Consejo Nacional del Agua, y esas alegaciones se incorporarán a la memoria Así contestó la ministra de Medio Ambiente a la pregunta de si el Informe de Sostenibilidad Ambiental pasará por el Consejo Nacional del Agua para su votación. Lo mismo ocurrió en febrero, cuando sólo se sometió al voto de este órgano la propuesta para reformar la ley de Aguas, pero sin rastro del plan A. G. U. A. liza una cota media donde es necesaria esa agua de 150 metros frente a los 250 que consideran los expertos. Los datos de este informe apuntan a que, en cuanto a las emisiones totales de CO 2, el trasvase del Ebro es mejor opción que el Programa A. G. U. A. tanto a 50 años como a 25. En el resultado global ambas opciones se consideran altamente negativas, pero cuando se analizan las emisiones por metro cúbico de agua el Programa A. G. U. A. obtiene un valor medio, frente al trasvase que mantiene el nivel negativo. ¿Cómo es posible? Por un lado, porque el documento no considera los 1.050 hectómetros del trasvase, sino una cantidad del orden de 800 hectómetros cúbicos y por otro, porque se analiza el plan A. G. U. A. en su conjunto y no sólo las desaladoras (621 Hm 3) Si sólo se considerara esta cantidad- -el resto de actuaciones no tiene tanta incidencia en el consumo energético- el trasvase gana a 50 años, mientras que a 25 años, aunque emite más en total, lleva más cantidad de agua que las desaladoras, incluso usando el dato de los 800 Hm 3. La central nuclear de Vandellós II, vista desde la playa de La Almadraba EFE El PP culpa a una consejera del CSN de minimizar el incidente de Vandellós La pugna interna en el Consejo de Seguridad Nuclear llega al Parlamento b En el Partido Popular sostienen que desde el partido en el Gobierno han empezado las maniobras contra la presidenta del CSN, Estevan Bolea A. C. MADRID. Los problemas internos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) organismo cuyos miembros son elegidos por el Congreso, han empezado a alcanzar la pugna parlamentaria entre los dos principales grupos de la Cámara. El PP culpa a una consejera propuesta en su día por el PSOE, Carmen Martínez Ten, de ser la responsable de minimizar en primera instancia el fallo registrado en Vandellós II el verano pasado. El CSN ha tenido que reconocer ahora que el problema fue significativo El Consejo está compuesto por dos miembros propuestos por el PP, otros dos por el PSOE y uno más por CiU. La presidenta, María Teresa Estevan Bolea, procede del Grupo Popular y, tras el cambio de gobierno, los socialistas aspiran a relevarla para colocar a un consejero o consejera próximo. En el fondo del debate está además la intención del Ejecutivo de Zapatero de adelantar el cierre de las centrales nucleares, cuestión que también exigen sus principales socios parlamentarios: ERC e IU. En el PP sostienen que desde el partido en el Gobierno han empezado las la producción hidroeléctrica que se recuperaría a lo largo de su recorrido. La voluntad, manifestada en el informe, de utilizar energías renovables se queda en eso, al no hacer referencia alguna a los costes de generación de estas tecnologías, que podrían casi duplicar, en el caso de la energía eólica, o multiplicar por diez, en el caso de la energía solar, los costes energéticos de las alternativas que se trata de defender. No existe, por tanto, una alternativa rigurosa y fiable. Las deudas políticas contraídas por el gobierno Zapatero, débil e inestable, las pagan millones de ciudadanos que observan que la falta de agua amenaza con paralizar su desarrollo económico. maniobras contra Estevan Bolea y lo ocurrido con Vandellós II es prueba de ello. El portavoz del Grupo Popular en la materia, Javier Gómez Darmendrail, acusa a la consejera Martínez Ten de proceder de forma muy diferente ante el fallo registrado en la central José Cabrera a finales de 2003, cuando por un fallo leve, con la planta parada, sembró la alerta sobre lo que podía haber ocurrido, mientras que en Vandellós II, con la planta en marcha y ante un suceso mucho más grave- -corrosión en tuberías- -consideró que no era ni notificable. Al final, el fallo de José Cabrera se quedó en el nivel uno de los siete fijados en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) mientras que la calificación de Vandellós II tuvo que pasar al dos esta misma semana, tras reconocer el CSN que fue un fallo significativo por la corrosión general en las tuberías, problema ante el cual la empresa titular no tomó las medidas oportunas, no comunicó la condición degradada y consideró que las fugas no ponían en peligro la integridad del sistema de refrigeración, según ha tenido que reconocer ahora oficialmente el CSN. Conocimiento inmediato Según el diputado del PP, Martínez Ten tuvo conocimiento del fallo en la central de Vandellós II casi inmediatamente, pero admitió la versión de la directora general de Seguridad Nuclear correspondiente, no convocó a los técnicos de alto nivel y no informó ni al otro consejero propuesto por el PSOE, José Antonio Azuara, más experto en la materia y en el cargo, pues lleva nueve años en el Consejo. El resultado de la actuación de Martínez Ten es que hasta octubre no se descubrió la magnitud del fallo y la labor del Consejo de Seguridad Nuclear, puesta en cuestión hasta que esta misma semana se han reconocidos todos los fallos. El Grupo Popular, según Gómez Darmendrail, ve detrás del comportamiento de Martínez Ten un intento de desgastar a la presidenta del CSN, responsable última del funcionamiento del organismo, y denuncia que las malas relaciones o la incomunicación entre los consejeros perjudican el fin último del organismo: la seguridad de las centrales nucleares. Los problemas internos del Consejo serán objeto de debate parlamentario en una reunión de la ponencia correspondiente del Congreso. El Partido Popular denuncia que la incomunicación entre los consejeros perjudica el fin último del organismo, que es la seguridad de las centrales nucleares