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20 Nacional MIÉRCOLES 1 6 2005 ABC España concede, por primera vez, asilo a una mujer por violencia doméstica OTR MADRID. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció ayer que su departamento concedió, por primera vez, el estatuto de asilo a una mujer víctima de la violencia doméstica, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) Esta mujer tiene 38 años y dos hijos, y procede de la zona del Golfo Pérsico. Al parecer, ha sido objeto de malos tratos en el seno del matrimonio, tanto por parte de su esposo como de la familia de éste y, como consecuencia, sufre de graves trastornos psicológicos. Alonso se reunió con parlamentarias españolas y representantes de asociaciones de mujeres para informarles de los trabajos de su Departamento en la lucha contra la violencia de género y las previsiones para 2005. Tras el encuentro anunció la concesión del estatuto de refugiada a la mujer por ser forzada a casarse, sufrir violencia ambiental y estructural y no tener protección por parte de las autoridades de su país. Hay determinadas zonas del planeta donde las mujeres son forzadas a casarse, sufren situaciones estructurales de malos tratos por parte del marido y la familia, y que no reciben protección por parte de las autoridades. Para el ministerio del Interior estas mujeres pertenecen a un grupo social acreedor de la condición de refugiado en España afirmó Alonso. El fiscal del Yak acepta que declare la última persona que vio con vida a los 62 militares El general Navarro se perfila como único responsable de las identificaciones erróneas b La Audiencia Nacional está pendiente de un informe pericial que permitirá saber si la omisión en el deber de vigilancia del vuelo fue relevante en el siniestro NATI VILLANUEVA MADRID. Cuando se acaba de cumplir el segundo aniversario de la muerte de los 62 militares españoles que viajaban a bordo del Yak- 42, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, ha remitido a la juez Teresa Palacios un escrito en el que fija el objeto del proceso e interesa que se admitan algunas de las diligencias solicitadas por las partes (familiares de las víctimas) como la declaración del jefe del destacamento destinado en el aeropuerto del que despegó el avión siniestrado. Se trata de la última persona que vio con vida a los militares y posible testigo directo de los primeros momentos del vuelo En su informe, al que ha tenido acceso ABC, el fiscal coincide con las partes en que también puede resultar útil (por su relación con la investigación) la declaración del ingeniero que estuvo presente en las tareas de la comisión interestatal, constituida por representantes de Turquía, Ucrania y Rusia, para indagar en las causas del siniestro. No obstante, Burgos es partidario de aplazar este testimonio hasta que llegue al Juzgado el informe pericial elaborado por esa comisión. El fiscal recuerda que averiguar las causas del accidente es competencia de las autoridades turcas- -que siguen el Los generales Beltrán y Navarro (derecha) en Trabzon (Turquía) donde fueron enviados por Trillo para hacerse cargo de la identificación de los cuerpos correspondiente proceso- pero asegura que su conocimiento resulta imprescindible para saber si hubo algún tipo de omisión en el control o vigilancia del vuelo siniestrado que fuera relevante en la producción del resultado. Es decir, si el observar la conducta debida (vigilancia) hubiera alterado la sucesión de causas y efectos que desembocaron en el siniestro. Precisamente, el fiscal centra en este punto el objeto de esta causa, distinta a la que se deriva de los errores en la identificación de 30 de los 62 cuerpos, una responsabilidad EFE que asumió el general Vicente Navarro en su declaración ante la juez Palacios el 15 de noviembre pasado. En lo que se refiere a esta parte de la investigación, el fiscal ha pedido al Juzgado que solicite a los cementerios en los que fueron enterrados los cuerpos de los militares toda la documentación generada a propósito de esas inhumaciones Según señalaron fuentes jurídicas, la posible inexactitud de esos expedientes sería uno de los efectos jurídicos derivados de la errónea identificación.