ABC MADRID 28-05-2005 página 16
- EdiciónABC, MADRID
- Página16
- Fecha de publicación28/05/2005
- ID0004922389
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16 Nacional SÁBADO 28 5 2005 ABC El fiscal acusa a Unió de inducir el desvío de fondos públicos para financiarse No aclara el destino del millón de euros distraído del Consorcio de Turismo catalán b El abogado de la Generalitat El Congreso deja la reelección de Múgica para finales de junio ABC MADRID. El Congreso y el Senado reelegirán a Enrique Múgica Defensor del Pueblo en el penúltimo pleno del curso antes de las vacaciones, en principio el día 23, pues aunque los dos principales grupos parlamentarios, el PSOE y el PP, ya han acordado el nombramiento tendrán que esperar a que cese en el cargo el día 16 para proceder después a votarle para un segundo mandato. Las Cortes se enfrentan a un hecho sin precedentes en el trámite de la elección de Defensor del Pueblo como es que repita su titular. La ley es muy clara el respecto y fija que el mandato acaba justo a los cinco años de su elección y que entre a desempeñar sus funciones al día siguiente el adjunto primero. Múgica cuenta con el apoyo de más del 90 por ciento de los diputados. Sólo han hecho público su rechazo el grupo parlamentario del PNV y la diputada de EA integrada en el Mixto. CiU decidirá su voto el próximo lunes, mientras que en Izquierda Unida no ha caído bien la candidatura. Su federación vasca quiere que el grupo se oponga. coincide con el fiscal en que UDC está detrás de la malversación de caudales públicos en el organismo autonómico ÁNGEL MARÍN BARCELONA. La conducta delictiva del ex director del Consorcio de Turismo, Joan Cogul, y de los doce acusados que colaboraron con él en el desvío ilícito de casi un millón de euros de este ente de la Generalitat, entre 1993 y 1995, vino principalmente determinada por las indicaciones que recibió de dirigentes de su partido (Unió) que no han podido ser identificados asegura el fiscal Fernando Rodríguez Rey, en el escrito de conclusiones definitivas sobre el llamado caso Turismo En el documento del ministerio público, que se hizo público ayer, se afirma que dirigentes de Unió Democrática de Cataluña (UDC) indicaron a Cogul que debía distraer sumas de dinero público para fines desconocidos, pero en todo caso ajenos al interés general Es decir, el fiscal anticorrupción no aclara el destino del dinero sustraído ilícitamente del Consorcio, pese a que varios de los imputados en este caso apuntaron directamente a las arcas del partido nacionalista. El ministerio público sí considera probado que Cogul y sus colaboradores aprovecharon la circunstancia para lucrarse personalmente dedicando parte de las sumas distraídas a fines puramente particulares Cogul recibía, siempre en metálico, entre un 60 y un 70 por ciento del dinero que varias empresas ficticias- -administradas por sus colaboradores- -cobraban al Consorcio por estudios turísticos plagiados y burdos o por servicios que nunca llegaron a prestar. El silencio de la viuda de Cogul Otra de las circunstancias del caso destacadas en el escrito del fiscal es que los responsables de Unió- que tampoco han podido ser identificados -decidieron en 1998 retribuir a Cogul y su esposa, Carmen Fargas, con 600 euros mensuales dos años después de que fuera cesado en su cargo por las numerosas irregularidades cometidas en el Consorcio. La viuda de Cogul- -su ma- rido se suicidó en Manila (Filipinas) en 2003- -aseguró al inicio del juicio que durante dos años cobró 600 euros mensuales del partido por su silencio en el caso Turismo y que fue el líder de Unió, Josep Duran Lleida, autorizó personalmente dicho pago. Duran negó rotundamente las acusaciones de Carmen Fargas. Por su parte, el abogado de la Generalitat, Joan Josep Queral, coincide con el fiscal en que los delitos cometidos por Cogul y el resto de acusados fueron por indicación de la organización política a la que pertenecían y con la connivencia y apoyo de sus superiores en el organigrama público de la consejería de Turismo Durante el juicio del caso Turismo, la mayoría de los doce acusados- -diez de los cuales son o han sido militantes de UDC- -reconocieron los hechos por los que se enfrentaban entre cinco y nueve años de cárcel y restituyeron el dinero sustraído del Consorcio. Estos dos hechos han servido para que el fiscal reduzca las penas solicitadas inicialmente para los acusados que han colaborado con la Justicia, incluida la principal acusada, Carmen Fargas. El juicio continuará la semana próxima.