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4 Opinión SÁBADO 28 5 2005 ABC ...Y SE FUE POR DONDE VINO RAS presentar el aval por importe de 400.000 euros, el dirigente proetarra Arnaldo Otegi abandonó ayer la prisión de Soto del Real, sacó a pasear su tradicional victimismo y se fue por donde vino. Libertad por la vía de urgencia y previo pago que ha provocado el malestar de los presos de ETA con menos suerte y liquidez que el líder batasuno, que al menos tuvo el detalle de mandarles un cariñoso recuerdo. Movimientos transversales del mundo etarra en pleno estallido de ese final dialogado de la violencia que ha servido para que ETA recobre el protagonismo perdido. Las múltiples caras del entramado terrorista se solapan, se cruzan o se enfrentan, convertidas siempre en peligrosas armas de doble filo. Dos noches en prisión y un peligroso guión sin final definido. T PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MUERTES BAJO SOSPECHA OS expertos médicos designados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han concluido que de 169 sedaciones practicadas en el Hospital Severo Ochoa, de Leganés, 73 se realizaron de forma irregular y provocaron la muerte del paciente. Los casos varían entre sedaciones excesivas, inadecuadas o contraindicadas, pero en todas se aprecia una mala práctica médica. El Partido Socialista madrileño y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública niegan valor al informe porque los expertos médicos fueron designados a dedo por el Gobierno popular de la Comunidad de Madrid. Normalmente, a los médicos se les acusa de protegerse entre sí cuando se trata de juzgar sus actos profesionales y ahora que un grupo de especialistas asume la responsabilidad de valorar objetivamente hechos tan graves como 73 muertes sospechosas, se les niega también todo crédito. En su propia contradicción está el fracaso de la crítica. El problema político, a estas alturas de la investigación, es del PSOE madrileño y de su secretario general, Rafael Simancas, al que un estado de permanente excitación electoral le ha llevado a actuar con grave imprudencia, poniendo a su partido a abanderar una causa equivocada y a defender a las personas inadecuadas. No tienen buen ojo los socialistas madrileños, como ya se apreció en el caso Tamayo Fue Rafael Simancas el único que habló de eutanasia y de doctor muerte cuando salieron a la luz las posibles irregularidades del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa. Luego cambió el discurso para imputar al consejero Lamela una persecución contra la Sanidad pública. Si ha habido alarma social en este caso, se habrá debido más a la agitación del PSOE madrileño que a las valoraciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Lo que siempre debió ser un caso de valoración médica, por un lado, y enjuiciamiento penal, por otro, se ha convertido en una polémica política inflada artificialmente por la oposición socialista contra Esperanza Aguirre, sin duda, por el compromiso que la presidenta madrileña asumió de recortar las listas de espera a treinta días, con la garantía de su dimisión si no alcanzaba este objetivo para el próximo mes de noviembre. L Arnaldo Otegi IGNACIO GIL TSUNAMI FRANCÉS E L no francés a la Constitución europea se consolida en las encuestas pese a los desesperados intentos de Jacques Chirac de salvar los muebles en un referéndum cuyo resultado amenaza con un corrimiento de tierras. En vísperas de la consulta, ya hay un primer balance de daños que sitúa a la propia presidencia francesa entre los damnificados del eventual tsunami galo. Rodríguez Zapatero se vuelca con un sí que mengua a medida que se acerca el momento de la verdad. Viaje a Francia en misión especial; carrera contrarreloj en auxilio del corazón de Europa mientras las manecillas del reloj corren implacables hacia ese nuevo escenario salpicado por las primeras gotas de una gigantesca ola que avanza a toda prisa. De Francia a Holanda. Sea quien sea la autoridad que haya designado a los expertos autores del dictamen, este documento recoge unos hechos muy graves. Que constituyan o no delito es una conclusión que corresponde exclusivamente a los juzgados que ya los están investigando, y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo criterio legal será muy importante para predecir por dónde pueden ir las instrucciones sumariales. En el terreno de las responsabilidades administrativas, la situación descrita por el informe de los expertos avala la actuación inicial de la Consejería de Sanidad y los ceses de determinados responsables del Hospital Severo Ochoa. Las responsabilidades, sin embargo, no se han agotado y hay que depurarlas, con respeto al principio de presunción de inocencia, como han pedido el Colegio de Médicos y los sindicatos, pero también con respeto a la verdad de los hechos, es decir, a 73 muertes que nada tienen de presuntas y todo de ciertas. Se ha puesto en tela de juicio el derecho de los pacientes a la vida, el respeto a su consentimiento y el protagonismo insustituible de sus familiares. Los médicos que hayan intervenido en estos hechos deben responder en la categoría jurídica que corresponda, pero es necesario saber cuál ha sido su responsabilidad. Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la tarea no termina con este informe ni con la depuración de responsabilidades. Tendrá que abordar el daño causado a la imagen de la Sanidad pública madrileña por la polémica partidista montada alrededor del Severo Ochoa. Los ciudadanos ya saben que se han producido unas muertes bajo sospecha y es preciso que una prestación tan básica como la sanitaria retenga la confianza social. El mensaje oportunista de que el equipo de Aguirre quería desprestigiar la Sanidad pública con la denuncia de las sedaciones letales ha circulado ampliamente, con el coste de sembrar la inseguridad entre los usuarios. Los jueces tienen la responsabilidad de investigar y juzgar los delitos, pero la gestión de los intereses generales y el bienestar social incumbe a la clase política y a los gobernantes, y en este luctuoso asunto ha habido políticos que se han desentendido de unos y otro por pura estrategia electoralista. GALICIA: EL GOBIERNO EN CAMPAÑA la luz de lo aprobado ayer en el Consejo de Ministros para Galicia, se puede dar por seguro que la modificación estatuaria en marcha va a incluir en todas las Comunidades el derecho a convocar elecciones al margen del calendario general. Ninguna Autonomía va a renunciar a esa bicoca que viene con su pan bajo el brazo en forma de inversiones públicas. Porque bien podría decirse que el del viernes ha sido un Consejo electoral, con la vista puesta en desbancar a Fraga de la presidencia de la Xunta. Como en la película de Berlanga, el Ejecutivo ha aprobado una serie de obras de infraestructuras incluidas en aquel maldito Plan Galicia y que, a la luz de las elecciones anticipadas, se han convertido en una prioridad ineludible. Las promesas de regeneración democrática han durado poco, porque no es razonable pensar que incluían también una utilización tan electoralista de los Presupuestos Generales del Estado. Las obras aprobadas son necesarias. Los accesos terrestres a la ampliación del puerto del Ferrol son consus- SUPUESTAMENTE A medida que avanza la instrucción, se acumulan los indicios y se va estrechando el círculo en torno al caso de la detención, supuestamente ilegal, de los militantes del PP acusados, supuestamente sin pruebas, de agredir, supuestamente, a José Bono. El jefe de la Policía de Madrid derivó ayer las supuestas responsabilidades hacia hombros supuestamente más altos que los suyos. Cabe suponer que en algún momento alguien con responsabilidades políticas concretas habrá de asumir lo que, supuestamente, parece que fue una detención política. Y, supuestamente, todas las miradas apuntan a la figura del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez. A tanciales a la obra misma para cumplir los objetivos de aumento de su eficiencia y productividad. El convenio con el Ayuntamiento de Santiago permitirá la construcción de nuevas carreteras que mejoren el acceso a la ciudad y desarrollen su área metropolitana. El Parque Empresarial de Mondoñedo busca dinamizar una comarca interior y aislada. El Plan de Reestructuración del Sector Lácteo, que incluye generosas ayudas para inducir al abandono de la actividad a los ganaderos de más edad, persigue aliviar un problema de sobreproducción que se ha hecho crónico y ha sido denunciado repetidas veces por las autoridades europeas, a la vez que conducir a la renovación generacional en el campo. Nada que objetar a lo aprobado. Pero ha hecho falta una convocatoria electoral para que el Ejecutivo se diese cuenta de su urgencia. Éste es el peligro de la España de las Autonomías: que las inversiones públicas no respondan a criterios de racionalidad económica, justicia social o bien común, sino a un frío cálculo electoral. En la mejor tradición del clientelismo clásico.