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4 Opinión VIERNES 27 5 2005 ABC ALTAS DOSIS DE NEGLIGENCIA RAS valorar las historias clínicas de 109 pacientes del Severo Ochoa de Leganés, el informe del comité de expertos resulta concluyente: en 73 casos se produjeron sedaciones inadecuadas o no indicadas cuatro de las cuales expresamente inadecuadas Dicho de otro modo, que hay indicios de responsabilidad penal en algunos profesionales muy concretos. Ello debería servir de reflexión a quienes, como Rafael Simancas, se lanzaron, sin red, a una furibunda campaña de acoso contra el consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Torticera estrategia de insidias en cadena que le obligan, por decencia, a pedir perdón en lugar de tratar de escurrir el bulto descalificando el criterio de selección de los expertos. La prueba del nueve resulta concluyente: los historiales revelan negligencia y demagogia en dosis excesivas. T PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL TURNO DE OTEGI ARA evitar especulaciones sobre las razones por las que Arnaldo Otegi ingresó en prisión provisional- -que podría eludir hoy tras recaudar ayer en tiempo récord buena parte del importe de la fianza de 400.000 euros- -basta leer el último párrafo de la fundamentación jurídica del auto: Nos encontramos ante una persona que ocupa uno de los puestos dirigentes dentro del entramado terrorista, siempre hablando en grado de seria probabilidad No le faltaba razón al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aunque su intención apuntara en otro sentido- -como siempre, deslegitimando a la Justicia- cuando ayer consideró con extrañeza que siendo Otegi, según el juez, un dirigente cualificado de la organización terrorista, se le permita eludir la prisión con una fianza, por alta que ésta sea. Ciertamente, Otegi nunca ha sido un dirigente político más, dentro de la clase democrática, sino el portavoz del brazo político de ETA y correa de transmisión de las consignas de la dirección etarra en las instituciones y ante la opinión pública. Es decir, un miembro cualificado de la organización terrorista. Estos datos tienen que estar sobre la mesa para que los perfiles de Otegi no se diluyan en los efectos de la banalización del mal que últimamente premia a los cooperadores del terrorismo, es decir, de la normalización de Batasuna en la vida pública, que ha sido creciente y ya constante en los últimos meses. No es que Otegi dejara de ser lo que siempre fue- -un conspicuo secuaz de ETA- sino que la presión política sobre el entramado batasuno se ha aflojado en los últimos tiempos. El auto del juez Grande Marlaska no dice nada que no se supiera de él, aunque el momento presente parece poco propicio para actuar con coherencia frente a la izquierda proetarra. Aparentemente, la prisión de Otegi podría parecer desproporcionada si, al mismo tiempo, no se recordara el dato fundamental de que, en agosto de 2002, el juez Garzón decretó la suspensión cautelar de las actividades de Batasuna- -y de sus marcas anteriores, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok- -tras llegar a la conclusión, sólidamente avalada por informes policiales y hechos notorios, de que esta coalición abertzale era una parte de la organización terrorista, sometida disciplinadamente a las directrices de la cúpula militar de ETA. A pesar de esta declaración judicial, desde ha- P Manuel Lamela SIGEFREDO CUESTIÓN SEMÁNTICA C UANDO Batasuna se quitó la careta, apareció el rostro del Partido Comunista de las Tierras Vascas embozado tras las siglas PCTV, que entró a cara descubierta en el Parlamento vasco para imponer su voluntad. Parapetados en su escaño, y tras cumplir con el guión- -no condenar el último atentado etarra en Madrid- sus nueve diputados volvieron a mutar ayer para seguir siendo lo mismo: de oca a oca y tiro porque me toca, el PCTV es ya Izquierda Abertzale, casualmente el nombre del grupo parlamentario tras el que antaño se parapetaba Batasuna. Cuestión semántica que revela hasta qué punto conviene llamar a las cosas por su nombre para no perderse en esa siniestra sopa de letras que termina siempre igual: ETA. ce unos meses ha sido constante la violación de esta medida cautelar por parte de Batasuna, como organización, y de sus portavoces, con Arnaldo Otegi a la cabeza, con ruedas de prensa, actos públicos y mítines. Además, el dirigente proetarra estaba ya imputado en el sumario abierto por Garzón sobre la financiación de ETA y su situación procesal dependía de que perdiera el aforamiento parlamentario, fuente de inviolabilidades que ha aprovechado, entre otros, Jon Salaberría, absuelto después de justificar el terrorismo en un Pleno del Parlamento vasco. Salaberría, quien debía prestar declaración junto con Otegi, está huido y en busca y captura, siguiendo el ejemplo de otro político José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera Sería, por tanto, aventurado, como mínimo, enlazar la prisiónprovisional de Otegi con una voluntad política de administrarlos impulsos judiciales en el supuesto proceso dediálogo con ETA, aunque las dudas interesadas quedarían disipadas totalmente si el Gobierno presentara la demanda de ilegalización del PCTV, que se ha negado, por tercera vez, a condenar un atentado de ETA. Ante todo, Otegi es un terrorista- -presunto- -que presentaba riesgo de fuga y estaba reiterando una actividad delictiva. De todas formas, el Gobierno debe tomar buena nota de dos respuestas. La de Batasuna, por un lado, que ha calificado la prisión de Otegi como un portazo de Rodríguez Zapatero al proceso de paz. Hasta el momento, cada reconvención de la izquierda proetarra al Ejecutivo se ha saldado con un atentado. Y la de sus socios parlamentarios- -los preferentes y los coyunturales- todos los cuales, sin excepción, han criticado duramente la medida judicial. Si la intervención de la Justicia en los intersticios pseudopolíticos de ETA se va a topar sistemáticamente con la oposición de los aliados del Gobierno en la nueva política sobre terrorismo, las expectativas no son nada estimulantes. Sólo el PP ha respaldado el encarcelamiento de Otegi, mostrando una vez más que si el Gobierno aplica firmeza, únicamente Rajoy va a estar a su lado. El Gobierno no ha de temer esta actuación judicial. Puede, incluso, facilitarle una rectificación del rumbo que estaba tomando su arriesgada gestión de los acontecimientos. Otegi es la prueba de que el terrorismo es polifacético y de que la Justicia está para quitar las máscaras. REACCIÓN FRENTE A LA INFAMIA NA eficaz operación policial permitió ayer la detención de cinco individuos, a quienes se atribuyen graves actos de pederastia y su difusión a través de internet. El propio ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha expresado públicamente el horror que inspira la crudeza de dichas escenas. Es llamativo que el supuesto cabecilla de la red fuera un joven de apariencia y comportamiento normales, a quien sus vecinos nunca hubieran identificado con un personaje de características tan depravadas. Algo falla en los resortes morales de la sociedad contemporánea cuando este tipo de comportamientos no sólo existe, sino que se ve alentado por la demanda de imágenes de abusos y vejaciones hacia la infancia. No basta, aunque sea imprescindible, con traer a colación la Declaración Internacional de Derechos del Niño y con exigir que el Código Penal sea aplicado con todo rigor a los responsables. Es también imprescindible que se refuerce la educación cívica en los valores más elementales de humanidad y dignidad, así como utilizar los medios tecnológicos nece- ROMPER EL CÍRCULO C ONTRA la uniformidad nacionalista que se vive en Cataluña, la plataforma creada por un grupo de intelectuales catalanes aspira a convertirse en un partido político constitucionalista seña de identidad indiciaria de un estado de ánimo que tiene que ver mucho con el acoso del Gobierno tripartito. Con el pensamiento libre en estado de sitio, Porta Perales, Pericay, Vázquez Rial, Trías o Boadella, entre otros, parecen dispuestos a abandonar la resistencia para lanzar una ofensiva en toda regla al nacionalismo más excluyente. Objetivo: romper un círculo que se hace cada vez más estrecho. U sarios para impedir la distribución impune de este material repugnante. El conocimiento público de actuaciones similares ha producido en algunos países europeos (en especial, en el caso de Bélgica) un fuerte impacto en la moral colectiva. No hay que dejarse llevar por el alarmismo, porque- -como es obvio- -se trata de comportamientos patológicos y excepcionales, pero la sociedad española debe ser consciente de que conviene afinar los mecanismos jurídicos policiales y socioculturales para evitar su repetición. En particular, nuestra sociedad tiene una deuda pendiente con los niños y niñas afectados por tales infamias, de manera que las Administraciones Públicas deben ponerse a su disposición para ayudarles a superar las secuelas físicas y psíquicas. Estas agresiones son intolerables por razón del respeto que merece todo ser humano, mucho más cuando se trata de personas indefensas por razón de su edad o debilidad física. Ojalá que en el futuro no tengamos que reprocharnos que la reacción colectiva haya sido insuficiente.