Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
20 Nacional DETENCIONES DE DOS MILITANTES DEL PP JUEVES 26 5 2005 ABC Los dos afiliados amplían su denuncia a los delitos de prevaricación y coacciones Sostienen que se han simulado las diligencias policiales y las personas b El escrito se ha presentado tras Justicia destinará este año 100.000 euros más a gastos bibliográficos N. C. MADRID. El Ministerio de Justicia destinará este año 100.124, 28 euros más a financiar los gastos bibliográficos del Tribunal Supremo y del Instituto Nacional de Toxicología. La cantidad prevista inicialmente en los Presupuestos para 2005- -y que debían compartir Supremo, Toxicología, Audiencia Nacional, Fiscalía General y Registros Civiles Centrales- -era de 50.000 euros (la misma que en 2004) una cifra que, como ocurrió también en el pasado ejercicio, se vio ampliamente rebasada en los primeros meses del año. El Supremo puso en conocimiento de Justicia el pasado 7 de abril la gravedad de la situación y advirtió del riesgo de perder las suscripciones a revistas especializadas, textos de consulta de los magistrados. Asimismo, solicitó del CGPJ un adelanto de 12.000 euros sobre el presupuesto anual que este órgano destina a gastos de biblioteca, lo que se acordó el martes. Para evitar que se repitan situaciones como esta, Justicia tiene previsto arrancar el año 2006 con una dotación de 300.000 euros para los órganos citados. la declaración del delegado del Gobierno y el jefe de Información de Madrid porque confirman la inexistencia de indicios de delito C. MORCILLO P. MUÑOZ MADRID. Los dos militantes del PP detenidos tras la supuesta agresión sufrida por el ministro de Defensa en una manifestación de la AVT han ampliado su denuncia inicial- -detención ilegal y violación de los derechos fundamentales- -a los delitos de prevaricación, falsedad documental, coacciones y falso testimonio. La ampliación, presentada en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, se basa en los testimonios prestados los días 13 y 20 de mayo por el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, el jefe de la Brigada de Información y tres policías de esa Brigada. Los dos afiliados populares Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz entienden que esas declaraciones confirman la inexistencia de indicios de actuación delictiva según consta en la denuncia, y acreditan que el cese del segundo instructor de las diligencias, el inspector jefe H. C. estuvo motivado en su negativa a arrestar a los dos militantes por no existir indicios para ello. Según recoge el escrito, en esos testimonios se confirma que intervinieron tres instructores, no uno como se aparentó en las anteriores declaraciones La alteración pretendía encubrir que los 14 policías que declararon negaron la existencia de agresión a Bono y, por tanto, la decisión de detener a Barrios y De la Cruz obedeció a órdenes superiores Simuló su intervención A juicio de los denunciantes se han simulado las diligencias policiales y las personas que en ellas han intervenido, reconstruyendo el mencionado expediente a fin de convertir y aparentar como auténtico el que no lo era Por este motivo, según Barrios y De la Cruz, participó un nuevo secretario en las diligencias quien simuló su intervención en la totalidad del expediente Los dos militantes negaron ante el juez que ese policía les asistiera cuando prestaron testimonio en la Brigada. En la misma denuncia se pide la imputación del jefe de la Brigada de Información de Madrid y del secretario que figura en la comparecencia- -ambas han sido ya acordadas por el juez, con lo que son tres los policías imputados- Además, se solicitan otras diligencias tales como el listado de todos los funcionarios que prestaban servicios en la Brigada entre los días 22 y 25 de enero, cuando se produjeron los hechos, así como la certificación de todas las causas que ha instruido el inspector jefe J. F. en los dos últimos años. El ministro del Interior, José Antonio Alonso- -sobre cuya citación el juez aún no se ha pronunciado- reiteró ayer en el Congreso de los Diputados que no existieron órdenes políticas para las detenciones de los dos militantes y que el Gobierno respetó absolutamente el marco constitucional y legal de competencias en la actuación del sistema judicial del Estado de Derecho y la Policía informa Efe. Alonso sostuvo que la tarea policial fue exclusivamente profesional, de oficio y pidió al PP que no traiga la Justicia a la política porque entonces mezclamos cosas serias