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18 Nacional POLÉMICA TERRITORIAL LAS REFORMAS ESTATUTARIAS JUEVES 26 5 2005 ABC El Estatuto valenciano modula el debate territorial y templa las relaciones PP- PSOE Camps asegura que no habrá 17 agencias tributarias y aboga por la multilateralidad reforma valenciana recoloca a Rajoy en el centro político y despeja incertidumbres sobre el rumbo de la reforma territorial MARIANO GASPARET VALENCIA. El acuerdo PP- PSOE en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana pondera el debate sobre el modelo territorial, devuelve cierta templanza a las relaciones entre los partidos mayoritarios y sirve para depurar la imagen de un líder de la oposición poco menos que arrojado a las cavernas del inmovilismo tras la dureza del Debate sobre el Estado de la Nación. Estas son algunas de las conclusiones apuntadas por las intendencias de Génova y Ferraz en la valoración de un envido constitucional que responde a los amagos rupturistas del Plan Ibarretxe y de la propuesta de financiación catalana. Según varias fuentes consultadas, gana Rajoy, que resitúa al PP en el centro político y se zafa del sambenito de extremista de derechas con que ha tratado de castigarle la izquierda b El consenso en torno a la desde hace una semana. La restitución y vindicación de Rajoy como un líder de centro capaz de guiar a Zapatero en la reforma del modelo territorial se revela fundamental para la actual dirección del PP. Más aún en la antesala de las elecciones gallegas, cuyo resultado podría tener importantes consecuencias de orden orgánico. Desde Ferraz, también se celebra la aprobación de la Carta valenciana porque permite a Zapatero despejar de incertezas y temores el rumbo de una reforma del modelo de Estado marcada por el vacío de poder en el País Vasco- -tras el boicot parlamentario de las nekanes y por los rumores de opacidad en el marco de inicio de negociaciones con ETA. También se derivan valoraciones orgánicas sobre cómo puede afectar la vía valenciana auspiciada por Francisco Camps al plantel de liderazgos y baronías políticas en el PP. Camps, ayer en Palma con Matas, que puede emular para Baleares la vía valenciana con la consigna que prendió las manifestaciones previas al 14- M y que podría pasar factura al presidente. Parece entonces que el consenso en torno a esta reforma viene como agua de mayo tanto al Gobierno como al PP. Un indicio es el rechazo que la Carta Valenciana ha originado entre los líderes de los partidos nacionalistas y fuerzas centrífugas que no dudaron ayer de tachar de descafeinada (CiU) o de estrategia para acotar las propias aspiraciones (ERC) la misma propuesta que ha unido en congratulaciones y parabienes a Zapatero, Solbes, Sevilla, Jaume Matas, Josep Piqué y el PSC. El pacto por el Estatuto valenciano permanecía varado desde hace un mes por las diferentes propuestas y concepciones que populares y socialistas valencianos mantenían respecto al alcance y tono de la reforma en materia de financiación, atribuciones de la agencia tributaria y- -en menor medida- -competencias del TSJCV y del futuro Consejo Valenciano de Justicia. Es decir, el caballo de batalla volvía a ser, como en el caso catalán, cuanto afectaba a la reforma financiera y judicial. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, han cerrado una reforma de ida y vuelta -según expresión de algunos expertos constituicionalistas- -que permite una revisión del autogobierno al alza pero absolutamente ceñido al marco constitucional y normativo actual, puesto que no roza leyes orgánicas. Con todo, el Estatuto es susceptible de asumir los niveles competenciales que deriven las futuras reformas del modelo de financiación y de la ley del Poder Judicial. Esta adecuación al marco normativo actual y futuro se basa en el consenso entre los partidos mayoritarios y en la salva- Críticas en el PP Sin embargo, fuentes de Génova reconocen que el coste de esta reconquista del centro político es que una parte minoritaria del partido considera un error haberle dado oxígeno a Zapatero justo cuando las posibilidad de que se hayan producido ya conversaciones con ETA, y los posicionamientos maximalistas de sus socios de Gobierno en la reforma del modelo de Estado, pueden afectar negativamente a su imagen pública. Cabe recordar que las víctimas del terrorismo han anunciado movilizaciones para saber la verdad un lema coincidente Zapatero, Matas, Piqué y el PSC celebran la vía valenciana que se pretende modelo de las reformas estatutarias Un servicio tributario valenciano limitado por la ley estatal y un consejo judicial sólo asesor M. G. VALENCIA. La reforma del Estatuto valenciano ha unido a los dos partidos mayoritarios en torno a una propuesta de autogobierno de máximos, pero absolutamente escrupulosa con el pacto constitucional y con la vigencia de las leyes orgánicas. Se trata de una formulación abierta, que primero actualiza el nivel competencial de la Generalitat Valenciana respecto del resto de autonomías y después condiciona la ampliación del autogobierno al entendi- miento previo de los dos grandes partidos en las reformas de leyes orgánicas. El Estatuto valenciano permite a esta comunidad asumir la condición de histórica y faculta al presidente de la Generalitat a disolver el Parlamento y convocar elecciones de forma anticipada. Contempla una carta de derechos de nueva generación (al agua, a una renta básica mínima, al desarrollo sostenible... prevé la creación de un Consejo Audiovisual y elimina el límite actual de consellerias. De forma pareja, compromete a los dos partidos mayoritarios en la modificación de varias leyes fundamentales para el autogobierno (RTVV, de publicidad institucional, electoral... El caballo de batalla del acuerdo ha sido la propuesta de agencia tributaria y financiación. El Estatuto crea un Servicio Tributario Valenciano con capacidad para gestionar impuestos propios y cedidos conforme a lo que dictamine en el futuro la ley estatal, LOFCA La propuesta financiera prima el criterio poblacional y prevé elementos niveladores si disminuyen los ingresos estatales, pero condiciona la financiación a un acuerdo multilateral en el Consejo de Política Fiscal. También crea un Consejo de Justicia de carácter asesor, pero susceptible de adecuarse a una hipotética descentralización judicial.