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18 Nacional DETENCIONES DE DOS MILITANTES DEL PP MIÉRCOLES 25 5 2005 ABC Imputan al jefe de Información de Madrid que exigió no dudar de la versión de Bono El juez cita como testigo en la causa al jefe superior de Policía b Además del máximo responsa- Marín expulsa de la tribuna a otro diputado de ERC por hablar en catalán b Los independentistas catalanes echan un pulso a la Cámara tras anunciar el presidente del Congreso su negativa a aceptar el uso de lenguas cooficiales J. L. L. MADRID. El presidente del Congreso, Manuel Marín, puso fin ayer a lo que él mismo denominó periodo de reflexión sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Con el argumento de que no existe unanimidad, Marín comunicó a los portavoces parlamentarios su decisión de no volver a permitir el uso breve de las lenguas autonómicas y se remitió de nuevo a un acuerdo de todos los grupos parlamentarios en el marco del futuro Reglamento. No satisfechos, los independentistas de ERC se propusieron echar un pulso a la Cámara al intentar hablar hasta en cuatro ocasiones en catalán desde la tribuna de oradores. El portavoz adjunto de ERC, Joan Tardá, abrió el desafío cuando se debatía una proposición de ley del Parlamento de Cataluña. Apenas terminó de saludar en catalán, Marín le cortó recordándole que el vigente Reglamento sólo permite utilizar el castellano. La misma argucia emplearon horas después los diputados independentistas Francesc Canet y Josep Andreu, y la misma respuesta obtuvieron del presidente del Congreso. La gota que colmó el vaso de la paciencia de Marín la vertió Jordi Ramon, que comenzó hablando en castellano y al final de su intervención empleó el catalán. Marín optó por apagarle el micrófono: Conoce las instrucciones de la Presidencia, y le ruego, con toda amabilidad, que abandone la tribuna por haberlas incumplido ble de la Brigada de Información, el magistrado imputa también al policía que figura como secretario en las diligencias C. M. P. M. MADRID. El sumario abierto tras la detención de dos militantes del PP a raíz de la supuesta agresión sufrida por el ministro Bono en una manifestación de la AVT dio ayer un nuevo giro. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, que lleva el caso de la denuncia presentada por los afiliados por detención ilegal y violación de derechos fundamentales, ha citado como imputado al jefe de la Brigada de Información, Rodolfo Ruiz. El comisario, como informó ABC, ordenó a sus subordinados que no dudaran de la versión del titular de Defensa: Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona replicó a uno de sus agentes que tras visionar la grabación de los hechos le había dicho: Jefe, aquí no se ve nada Pero el juez adoptó también otras decisiones relevantes. Así, ha decidido imputar al policía que figura como secretario en las diligencias en poder del juzgado y que dijo que había tomado declaración a los dos militantes del PP, a pesar de que éstos aseguraron que él no era el agente al que habían contestado en dependencias policiales. Asimismo, este funcionario incurrió en otras contradicciones respecto a lo testificado por varios agentes que ya han comparecido como testigos. Tanto el comisario jefe de la Brigada de Información como el agente prestarán declaración el próximo viernes, según fuentes jurídicas. Pero no serán los únicos, ya que el juez ha citado como testigo al jefe superior de Policía, Miguel Ángel Fernández Rancaño. El máximo responsable policial de Ma- El ministro del Interior con el delegado del Gobierno en Madrid drid tendrá que aclarar quién dio la orden de detener a los dos militantes del PP y explicar si se recibieron instrucciones políticas para que se llevaran a cabo. JAIME GARCÍA Alonso no ha sido citado El juez tomará declaración, también en calidad de testigo, a otro policía que participó en el dispositivo de seguridad de la manifestación de la AVT y presenció los hechos denunciados por José Bono. Por el momento, el titular del Juzgado 14 no ha acordado citar al ministro del Interior, José Antonio Alonso, tal y como había solicitado el PP de Madrid. Con las dos nuevas imputaciones acordadas ayer son ya tres los agentes que se encuentran en esta situación tras la denuncia presentada por los dos afiliados populares de Las Rozas. El primer imputado al que el juez tomó declaración es un inspector jefe de la Brigada que actuó como instructor en las diligencias que finalmente llegaron al juzgado. Fue el tercer responsable de la causa por la supuesta agresión, después de que el primero traspasara la comparecencia a otro grupo de la Brigada por sobrecarga de trabajo y de que el segundo se negara a detener a los militantes y fuera relevado de su puesto. Ambos han dejado sus responsabilidades en la Brigada de Información por motivos distintos. El primero, por estar en desacuerdo con el tratamiento del terrorismo internacional, y el segundo, por el incidente que le costó el cargo momentáneamente. La semana próxima, acuerdo Precisamente, los portavoces de los dos partidos mayoritarios, Alfredo Pérez Rubalcaba y Eduardo Zaplana, anunciaron ayer que darán a conocer previsiblemente la semana próxima el acuerdo alcanzado- -a falta de cerrar los últimos flecos- -sobre la reforma del Reglamento del Congreso. Según reconocieron ambos, el enfrentamiento que PP y PSOE han mantenido en las últimas semanas por la lucha antiterrorista no ha permitido hasta ahora presentar el pacto a la opinión pública. No hemos tenido ocasión ni hueco político. Si estamos discutiendo de temas importantes, parece que no es compatible por la mañana denunciar determinadas irresponsabilidades políticas del Gobierno y por la tarde darnos abrazos con la firma del Reglamento explicó Zaplana. En el acuerdo no hay referencia al uso de las lenguas cooficiales. El Supremo pide un anticipo para poder comprar libros N. COLLI MADRID. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó ayer un acuerdo que pone de manifiesto una vez más las estrecheces económicas en las que se mueve el Ministerio de Justicia. Por unanimidad de sus cinco miembros- -tres nombrados a propuesta del PSOE y dos a propuesta del PP- la Permanente aprobó anticipar al Tribunal Supremo 12.000 euros con cargo a la partida que todos los años, en septiembre, el CGPJ entrega al alto Tribunal para fondos bibliográficos. La decisión responde a la petición hecha por el presidente del Supremo y del CGPJ, Francisco Hernando, quien califica la situación de verdaderamente preocupante ya que las peticiones de códigos y libros por los magistrados del Tribunal Supremo y los miembros del Gabinete Técnico no pueden ser satisfechas en todos los casos por causa de la referida insuficiencia presupuestaria Sin ese anticipo, afirma, el Supremo podría perder las suscripciones a revistas especializadas y no le sería posible seguir suministrando códigos y libros a magistrados y letrados. La cantidad global que el Ministerio de Justicia ha destinado en 2005 a los llamados órganos centrales -Supremo, Audiencia Nacional, Fiscalía General del Estado, Instituto Nacional de Toxicología y Registros Civiles Centrales- -para gastos bibliográficos es de 50.000 euros, cifra que Hernando considera notoriamente insuficiente y que se rebasó con creces en los dos primeros meses del año. A 7 de marzo, el gasto ascendía ya a 85.288,51 euros. En el escrito dirigido a la Comisión Permanente, Francisco Hernando señala que el servicio que presta la biblioteca del Supremo exige una dotación presupuestaria amplia cuya cuantificación es perfectamente previsible En 2004, el gasto global realizado por los órganos centrales fue de 216.732,98 euros.