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38 Madrid MARTES 17 5 2005 ABC Indemnizan a una mujer que abortó tras someterse a una prueba en el Severo Ochoa El Supremo aprecia evidente mala praxis y condena al Estado a pagar 300.000 euros la paciente de los riesgos de la amniocentesis ni recabaron su consentimiento; tampoco le hicieron ecografías tras fracasar la punción NIEVES COLLI MADRID. El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 300.506 euros- -cincuenta millones de pesetas- -a una mujer que abortó tras ser sometida a una amniocentesis en el hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) Tras perder al hijo que estaba esperando- -que habría sido el tercero- la madre, 39 años, cayó en depresión y desarrolló un estado de ansiedad que le ha impedido desde entonces llevar una vida normal. Como consecuencia de dicho trastorno psíquico, se ha declarado su incapacidad permanente. La Sala Tercera del Supremo anula la sentencia dictada con anterioridad por la Audiencia Nacional, en la que se declaraba que no existía relación de causa- efecto entre la práctica de la amniocentesis en el centro hospitalario y la pérdida del bebé. El Supremo, sin embargo, llega a la conclusión contraria al determinar que el aborto fue consecuencia de la mala praxis médica practicada en el Hospital Severo Ochoa Ni fue informada previamente de los riesgos consustanciales a la extracción del líquido amniótico, por b Los médicos no informaron a lo que no tuvo la oportunidad de decidir libremente si someterse o no a dicha prueba, ni se comprobó mediante ecografía el estado del feto después de las punciones. El Supremo recuerda que es una obligación establecida en la ley General de Sanidad facilitar al paciente y a sus familiares información completa y continuada verbal o escrita sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Obligación cuya importancia reside en el derecho de la persona a aceptar o rechazar determinadas terapias en función del riesgo que su práctica conlleve. Sin consentimiento La recurrente niega que fuera informada del peligro de aborto que supone la amniocentesis, mientras que el facultativo que realizó la prueba se limitó a señalar que es una práctica habitual cuando se dan determinadas circunstancias en la gestante. El Supremo concluye que no se prestó a la madre la información necesaria lo que supone, según la sentencia, una evidente mala praxis que impidió a la paciente ejercitar su derecho a la libre opción con pleno conocimiento de los riesgos El alto Tribunal otorga mucha importancia a este hecho ya que se suma a otro de carácter estadístico: el porcentaje de pérdidas fetales registrado en el Servicio de Ginecología del Seve- Entrada del Severo Ochoa, centro de la polémica desde hace meses ro Ochoa tras las 250 amniocentesis que se practicaron entre 1992 y 1993 quintuplica el índice de otros países- -situado entre el 0,3 y el 0,5 por ciento- -y es 2,5 veces superior al del hospital Ramón y Cajal, también perteneciente a la seguridad social. La sentencia destaca como circunstancias que aumentaron el riesgo de lesiones el en feto el hecho de que a la recurrente se le practicara más de una punción así como que en la segunda ÁNGEL DE ANTONIO que se dice practicada se extrajera una porción de sangre, sin que se haya averiguado el origen y procedencia de dicha sangre Es decir, si había tenido su origen en una punción del propio feto o del cordón umbilical o la placenta Tampoco se realizó a la paciente tras la amniocentesis ecografía alguna con el fin de comprobar el bienestar fetal La pérdida del bebé se produjo cinco días después de la amniocentesis.