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4 Opinión MARTES 17 5 2005 ABC SOBRECOGEDORA ESCARNADA, valerosa y sobrecogedora carta abierta a Patxi López la escrita por Fernando Savater, Rosa Díez, Maite Pagazaurtundúa, Nicolás Gutiérrez, Estíbaliz Garmendia (viuda de Joseba Pagazaurtundúa) y Mikel Iriondo. En ella se reprocha al secretario general de los socialistas vascos el desprecio infligido a María San Gil- ¿qué te ha hecho? ¿qué nos han hecho a los socialistas los votantes vascos del PP para que su representante merezca menos cortesía, en el fondo y en la forma, que la que les brindaste a esas tres mujeres de EHAK? Nosotros, ni a María ni a sus votantes podemos reprocharles nada... La esperanza en el País Vasco se escribe con rectos renglones de dignidad: la que mueve, por encima de ideologías, a un puñado de hombres y mujeres comprometidos con la libertad. D PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ETA DECIDE S Constantino Méndez JAVIER PRIETO RESPONSABILIDAD E la declaración judicial del inspector jefe de la Brigada Provincial de Madrid que investigó la supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, pueden extraerse las siguientes conclusiones: que el delegado del Gobierno faltó a la verdad; que las detenciones de dos militantes del PP se produjeron pese a no observarse indicios de delito, y que el expediente remitido por la Policía a la Justicia fue rehecho tras ser apartado del caso el mando que se negó a practicar las detenciones. Turbio y grave asunto, en el que los indicios apuntan a que las autoridades gubernativas utilizaron a la Policía para inculpar al PP. Al margen de la calificación jurídica que establezca la Justicia, alguien deberá afrontar su particular responsabilidad. D I el empate reiterado que ayer se produjo en el Parlamento vasco para la elección de su presidente es la fotografía de la normalización que justifica la nueva política del Gobierno socialista, las cosas parecen haber avanzado bastante poco. Al candidato del PSE, Miguel Buen, sólo le apoya el PP; y al candidato nacionalista, Juan María Atutxa, el tripartito habitual (PNV, EA e IU) más Aralar. Es decir, mitad y mitad, con el Partido Comunista de las Tierras Vascas como árbitro complacido de la situación. Así que el escenario tan optimista que se abrió tras las elecciones autonómicas del 17- A consiste, por ahora, en que el entramado batasuno (es decir, ETA) es el que va a decidir quién es la segunda autoridad de la Comunidad Autónoma vasca. Y eso que el PCTV no ha condenado las cuatro bombas que estallaron el domingo en Guipúzcoa, lo que resulta, sin discusión, la prueba directa de la vulneración de la Ley de Partidos Políticos, aunque una vez que sus parlamentarios han tomado posesión, la ilegalización del partido ya no les privará de sus actas de diputados. Ahora caben varias opciones. La primera es improbable: que el candidato socialista conserve el apoyo del PP y sume el de los proetarras del PCTV. La segunda es que el bloque nacionalista de la Cámara llegue a un acuerdo e imponga a su candidato, y la tercera, no improbable, que se produzca un consenso entre PNV y PSE. La abstención del PCTV, como la reunión que mantuvieron sus representantes con Patxi López, puede no ser más que una demostración de fuerza frente al PNV para forzar un acuerdo sobre la composición de la Mesa de la Cámara. Pero al mismo tiempo es una prueba de que la política vasca del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está generando riesgos nuevos, que estaban descartados hace sólo unos meses, cuando la izquierda abertzale tenía un pie en el ostracismo político definitivo, gracias a la Ley de Partidos. Es obvio, y puramente retórico, preguntarse por el beneficio que conlleva este reforzamiento político de ETA, que tiene en su mano la presidencia de la institución democrática de los vascos. La historia reciente de la lucha antiterrorista iba en sentido contrario, en dejar a ETA fuera de las instituciones representativas, porque no importa el número de los votos que respalden a la organización terrorista, sino el deber del Estado de establecer reglas precisas de participación en el sistema democrático. No es digno que la presidencia de un Parlamento la decida, en última instancia, una organización terrorista, pero es indiciario del escenario en el que se va elegir al lendakari. En el día en que el Congreso de los Diputados va a votar una propuesta de resolución que habla de final dialogado de la violencia- -cuarenta y ocho horas después de cuatro bombas contra otras tantas empresas- el PSOE vuelve a tener la prueba de que a la hora de la verdad, es decir, cuando están en juego cambios reales de la situación política vasca, cuando se trata de disputar poder al nacionalismo, sólo tiene a su lado al Partido Popular, y en frente a un bloque que no se anda con especulaciones ni experimentos. Esta lección, aun previsible, es toda una impugnación de las duras críticas que el jefe del Gobierno lanzó contra el PP el pasado domingo, en el mitin que celebró en Santiago de Compostela. A pesar de ellas, el PP reprodujo ayer, en Vitoria, la unidad de los demócratas que hasta ahora ha funcionado verdaderamente frente a ETA, la del Pacto Antiterrorista, el instrumento más útil en la lucha contra la violencia y con mayor consenso social de cuantos han sido utilizados por el Estado en su batalla contra el terror. Nadie le niega al Gobierno su legitimidad para marcar su propia estrategia, pero asumiendo los costes de su responsabilidad ante una propuesta que implica un cambio de rumbo estructural en cuanto a la manera de lograr el fin del terrorismo. El Parlamento, presumiblemente con los votos de ERC, PNV e IU, secundará hoy la moción socialista que orilla el Pacto por las Libertades. Sólo queda confiar en que los hechos den la razón al presidente del Gobierno. Se abre una nueva etapa con ETA en poder de una llave que antes era de uso exclusivo del Estado. LEÑA AL FUEGO DEL NO FRANCÉS LA NONATA COMISIÓN AL y como se prevía, la comisión de las facturas falsas del Ayuntamiento sevillano se ha desinflado el primer día de su actuación. La negativa a comparecer de buena parte de los empresarios implicados y el empeño del PSOE en no centrar las investigaciones en el Distrito Macarena y desviar la atención hacia otros barrios gobernados por los andalucistas han forzado a los dos grupos de la oposición, PP y PA, a abandonarla tras denunciar que se trata de una farsa sin sentido. Todo indica que la comisión, que tanto costó convocar, tiene sus días contados ante la decidida postura del Gobierno municipal de conducirla a un callejón sin salida. P T ARECE que el presidente Chirac y el Gobierno Raffarin están haciendo todo lo posible para que en el referéndum del próximo 29 de mayo gane el no Como en la famosa película de los hermanos Marx, se empecinan en arrojar más madera a la caldera de una locomotora francesa que, según pasan los días, avanza decidida hacia el destino de un no en las urnas que puede comprometer seriamente la viabilidad del Tratado Constitucional europeo. La irresponsabilidad del Gobierno Raffarin es muy grave, tanto como la falta de oportunidad. Cuando las encuestas demoscópicas comenzaban a equilibrarse emerge la sombra del descontento y se produce un repunte del no que desbarata el aire de relativo optimismo alcanzado en los últimos días. De hecho, lejos de tratar de desactivar las tensiones y los malos humores que pesan sobre la cada vez más crispada sociedad francesa, los estimulan con decisiones tan inopinadas como la llamada jornada de la solidaridad De este modo avivan el fuego del no francés con más leña, incrementando absurdamente la lista de los agraviados que pueden encontrar en el referéndum constitucional europeo una ex- cusa para expresar su malestar. La decisión de sacrificar la festividad del lunes de Pentecostés ha desatado un paro general que ha afectado fundamentalmente al todopoderoso funcionariado y al sector público. Con esta medida gubernamental se quiso responder imaginativamente al drama producido con la muerte de miles de ancianos durante el verano de 2003. El objetivo era financiar con el ahorro generado por la supresión de la fiesta los fondos destinados a ampliar los programas de asistencia a la tercera edad puestos en marcha por el Gobierno de centro- derecha. Sin embargo, la escasa popularidad del primer ministro Raffarin y, sobre todo, la resaca que todavía subyace en la opinión pública después del fracaso de los proyectos de reforma económica y social afrontados al comienzo de la legislatura han hecho que se reabra una herida por la que ha vuelto a supurar la retardataria mentalidad de una sociedad francesa que parece decidada a vivir cómodamente, instalada en la cultura del intervencionismo. La oposición a Europa y la insolidaridad parecen así peligrosamente aliadas con vistas al referéndum de dentro de dos semanas.