Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
16 Nacional SÁBADO 14 5 2005 ABC Absueltos de inducción al suicidio los ocho imputados por el caso Jokin El juez les impone 18 meses de libertad vigilada por violar su integridad moral judicial considera que no es posible buscar una relación causa- efecto entre el suicidio de Jokin C. L. y la actuación de los acusados S. N. MADRID. Los ocho menores imputados en el caso de Jokin C. L. el adolescente que se suicidó el pasado mes de septiembre en Fuenterrabía (Guipúzcoa) por el acoso escolar al que fue sometido, han sido absueltos del delito de inducción al suicidio, frente a la petición de condena formulada por la acusación particular. Así lo recoge la sentencia dictada ayer por el Juzgado de Menores de San Sebastián, en la que el juez considera que no es posible buscar una relación causa- efecto entre el suicidio y la actuación de los acusados y que, bajo ningún concepto ninguno de ellos podía llegar a intuir el fatal desenlace Los ocho acusados, siete chicos y una chica, han sido condenados finalmente a 18 meses de libertad vigilada por un delito contra la integridad moral. Además, la resolución judicial añade a cuatro de los jóvenes una pena de internamiento de tres fines de semana en un centro educativo, al considerarlos culpables por una falta de lesiones. El portavoz de la familia de Jokin C. L. Miguel Ángel Ceberio, tachó la sentencia condenatoria de ridícula y anunció que recurrirán el fallo porque, en su opinión, omite las graves lesiones psicológicas que le fueron infligidas a la víctima. Ceberio, tío del joven fallecido, insistió en que ninguno de los 23 folios de la resolución recoge un razonamiento sobre el porqué no procede la aplicación del delito de lesiones psíquicas por lo que calificó el fallo como incongruente b La resolución ¿En qué consisten las medidas impuestas a los ocho menores? Libertad vigilada. Esta medida, impuesta a los ocho menores, requiere que se haga un seguimiento de la persona y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida También obliga a seguir las pautas socio- educativas que señale el profesional encargado del seguimiento, de acuerdo con el programa aprobado por el juez. El menor queda obligado a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el juez, que pueden ser las siguientes: asistir con regularidad al centro docente, acreditando dicha asistencia o justificando las ausencias; programas de formación; prohibición de acudir a ciertos lugares; prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial; obligación de residir en un lugar determinado; obligación de comparecer en el Juzgado para informar de las actividades realizadas. Permanencia de fin de semana. Ha sido impuesta, además de la anterior, a cuatro de los menores. Éstos deberán permanecer en un centro- -la ley prevé también que sea en el domicilio- hasta un máximo de 36 horas, entre la tardenoche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban dedicar a las tareas que ordene el juez. Unos ramos de flores recuerdan el lugar en el que falleció el joven Jokin tra la integridad moral y una falta de lesiones. Por ello, solicitaba que siete de los ochos acusados fueran sometidos a libertad vigilada durante un periodo que oscilara entre los nueve y los 15 meses y para la octava, la única chica, tareas socio- educativas. Además, pedía que todos realizaran prestacio- EFE nes en beneficio de la comunidad, en unos casos durante 40 horas y en otros durante 60. El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, terció en la polémica señalando que hay un antes y un después de esta sentencia y reconoció que, a pesar de la frustración o el descrédito sobre la responsabilidad penal de los menores este juicio debe servir como un aldabonazo para las conciencias de las familias y de los centros educativos El Defensor del Menor insistió en la necesidad de abrir un debate amplio sobre la situación de los adolescentes en las escuelas y recordó que no se puede mirar hacia otro lado cuando padres y profesores conocen el entorno violento en el que se mueven los menores Por último, Núñez Morgades aseguró que el dolor que se ha vivido con la muerte de Jokin no puede perderse en el olvido Testigos protegidos Sin embargo, la sentencia sí da credibilidad a las numerosas declaraciones en las que los testigos protegidos acusaban a los jóvenes de ejercer cierto maltrato contra el adolescente y hace hincapié en algunos episodios que sucedieron tres días antes del suicidio del menor, tales como que le propinaron un puñetazo, así como balonazos en el gimnasio, entre otros. Cabe recordar que la familia de Jokin C. L. que ejerce la acusación particular, acusaba a los imputados de los delitos de inducción al suicidio, maltrato habitual y lesiones psicológicas, así como de una falta de lesiones, penas que sumaban en total cuatro años y seis meses de reclusión en un centro de menores. Por su parte, la defensa reconoció que el fallo le ha sorprendido y no gratamente ya que las 18 semanas de libertad vigilada exceden a la petición de la Fiscalía. El Ministerio Público acusaba a los menores de un delito con- EL DELEGADO DEL GOBIERNO DECLARA EN SU DESPACHO Méndez anunció detenciones antes de que la Policía tuviera indicios de la supuesta agresión a Bono ABC MADRID. El titular del Juzgado central de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, tomó ayer declaración, en calidad de testigos, al delegado del Gobierno, Constantino Méndez, y a dos mandos policiales que intervinieron en la investigación del incidente ocurrido el pasado 22 de enero durante la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el que resultó supuestamente agredido el ministro de Defensa, José Bono. Fuentes relacionadas con la causa aseguraron que los dos mandos policiales manifestaron en presencia del juez que cuando el delegado del Gobierno anunció las detenciones el lunes 24 de enero no había ningún fundamento policial, ningún indicio y ninguna persona identificada, y que se trató de un mero cálculo de probabilidad. La declaración comenzó a las diez de la mañana en la sede de la Delegación del Gobierno, lugar hasta el que se desplazó una comisión judicial debido al derecho que Méndez tiene para testificar en la dependencia pública por el cargo que desempeña. Tanto el magistrado Valle como el resto de funcionarios judiciales, así como los abogados de los imputados y los otros dos testigos, concretamente el comisario Ruiz, jefe de la Brigada de Información que llevó a cabo la investigación de lo ocurrido, y el jefe del grupo de Conflictividad Social de Madrid, llegaron a la Delegación en torno a las nueve y media. El primero en declarar fue Méndez, quien se sometió durante más de dos horas y media a las preguntas tanto del fiscal como de los abogados de las partes.