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ABC SÁBADO 14 5 2005 Nacional 15 LA INVESTIGACIÓN DEL 11- M El juez dice no tener las cintas de Huarte y da vía libre a que las entregue el Gobierno No hay inconveniente para hacer públicas las conversaciones con Benesmail b El Ejecutivo se acogió al dere- Del Olmo no dará al Congreso más documentos El juez Juan del Olmo ha decidido no remitir más documentación al Congreso de los Diputados sobre los atentados del 11- M, como reclamaba la Comisión de investigación parlamentaria, según en un auto remitido ayer a la Cámara Baja. El juez argumenta que los documentos que obran en las actuaciones judiciales, la documentación cuyo alzamiento del secreto se ha acordado, fija el límite en este momento de la instrucción judicial Asimismo, la comisión del 11- M recibió ayer la respuesta a su requerimiento para que el juez Baltasar Garzón identificara al agente del TEDAX que le informó, a las 12,30 horas del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha, de que el explosivo utilizado era titadyne En un escrito dirigido al presidente de la comisión de investigación, Paulino Rivero, fechado en Nueva York, Garzón señala que se ratifica íntegramente en lo expuesto en su comparecencia ante la Comisión el 15 de julio de 2004. Como dije en esa ocasión, no puedo recordar la identidad del funcionario que me hizo el comentario dice el juez. cho a la intimidad de los comunicantes para no enviar a la Comisión del 11- M los contactos del espía socialista con el terrorista ABC MADRID. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Asturias, Alfonso Barrada, informó ayer de que no tiene en su poder las conversaciones que el socialista gijonés y colaborador del CNI Fernando Huarte mantuvo con el preso islamista Abdelkrim Benesmail, vinculado a uno de los cabecillas del comando que perpetró los atentados del 11- M en Madrid. No obstante, el magistrado aseguró que no existe inconveniente alguno para la remisión de esas grabaciones al Congreso de los Diputados, dado que la alta y legítima finalidad perseguida por la Comisión del 11- M justifica las incidencias que para los derechos fundamentales del recluso supone la difusión de las conversaciones. Sin embargo, el 22 de abril, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, infor- Fernando Huarte mó al Congreso y a la Comisión de que la petición de envío de las conversaciones entre el socialista y el preso argelino debía realizarse al juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente, alegando que la grabación afecta al derecho a la intimidad de los comunicantes. Tres días más tarde, la comisión de investigación envió un requerimiento al juez Barrada. El magistrado asturiano indica en su respuesta escrita a la Comisión que Huarte y Benesmail mantuvieron tres comunicaciones orales, dos en 2002 (el 9 de marzo y el 1 de abril) y una en 2004 (el 9 de octubre) No obstante, informa de que las cintas no están a su disposición, ya que las dos primeras conversaciones fueron enviadas en su día a Instituciones Penitenciarias y la segunda depende de la Audiencia Nacional, pues en el momento de la comunicación con el socialista ya había sido juzgado por terrorismo. Las conversaciones de 2002 podrían estar borradas, ya que el procedimiento habitual es destruirlas seis meses después de su registro si no se consideran relevantes. El magistrado señala que a Benesmail ya se le intervinieron comunicaciones antes de su traslado a la prisión de Villabona y dicho acuerdo se prorrogó posteriormente. Barreda precisa que su juzgado no ha acordado nunca la intervención de conversaciones de internos, puesto que es al director de la cárcel al que le corresponde tomar el acuerdo. La decisión del Gobierno de no enviar las cintas al Congreso generó fuerte malestar en el PP.