Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC JUEVES 12 5 2005 Nacional 21 El nuevo Estatuto obligará a cambiar 240 artículos de la Ley del Poder Judicial Los letrados del Parlamento catalán detectan inseguridades jurídicas lectura indican que una regulación excesivamente detallada de las relaciones de la Generalitat con el Estado puede ser inconstitucional MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. Las competencias que el nuevo Estatuto de Autonomía otorga a Cataluña en materia de Justicia obligarán a modificar unos 240 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según advierten los letrados del Parlamento catalán en las actas de la primera lectura del borrador, a las que ha tenido acceso ABC. La citada ley tiene 557 artículos, lo que da idea de la magnitud de la reforma que ello supondría. El borrador del Estatuto establece la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, a modo de órgano descentralizado del Consejo General del Poder Judicial- -CiU propone el término desconcentrado la conversión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como máximo órgano de casación- -el PSC no acaba de ver claro este precepto- y amplias atribuciones en materia de designación de jueces y personal judicial. Por su extensión, el capítulo que ha generado más debate es el de competencias, donde sólo hay acuerdo en el 14 por ciento del articulado. El PSC es la formación que más reservas ha manib Las actas de la primera La Junta quiere nombrar al presidente del Tribunal de Justicia de Andalucía b El Gobierno de Chaves pretende que la reforma del Estatuto incluya la creación de un fiscal general de Andalucía, con más competencias que el actual del TSJA MAR CORREA SEVILLA. Las propuestas previstas por el gobierno catalán para su nuevo Estatuto autonómico, en las que prevé vaciar de competencias al Poder Judicial o que Cataluña pueda nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no distan demasiado de las pretensiones de la Junta de Andalucía de dotar de más autogobierno a sus órganos judiciales y a su capacidad de controlarlos. Ahora bien, mientras que las pretensiones catalanas sobrepasan el ámbito constitucional en sus propuestas, como la de la capacidad de influir en los indultos, las pretensiones de la Junta, inicialmente, no traspasan los límites que la Constitución otorga a las autonomías. Eso sí, supondrían una serie de modificaciones en la Ley orgánica del Poder Judicial. La Junta plantea que el nuevo Estatuto andaluz recoja una amplia revisión de la administración de justicia en la comunidad. Así, aunque el texto estatutario vigente ya prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en su ámbito territorial la Junta va más allá, ya que pretende tener potestad para designar al presidente del alto tribunal andaluz- -cargo que en la actualidad nombra el Consejo General del Poder Judicial- -y propone la creación de un fiscal general de Andalucía, con mayores competencias que el actual fiscal del TSJA y que tenga responsabilidad sobre todos los fiscales andaluces. en el capítulo de relaciones de la Generalitat con el Estado y con otras comunidades autónomas, los letrados entienden que una regulación excesivamente detallada podría incurrir en inconstitucionalidad. Por imperativo de las disposiciones constitucionales- -indican las actas- -el Estatuto puede contener principios generales de participación (de la Generalitat en instituciones, organismos o toma de decisión del Estado) pero la regulación concreta de los procedimientos corresponde a la legislación estatal Calendario y Consejo Consultivo Las actas de la primera lectura se harán públicas el próximo día 17 a través de la página web del Parlamento catalán. Los grupos parlamentarios pactaron ayer el calendario de los próximos trabajos, en el que destaca la cumbre de líderes políticos que tendrá lugar en el Parlamento el próximo 11 de junio. Cuatro días después comenzará oficialmente la segunda lectura del Estatuto. Asimismo, está previsto un encierro de los ponentes del 20 al 23 de junio, aunque no se ha decidido el lugar. Todo ello con la perspectiva de tener una propuesta definitiva antes del verano y sin perjuicio de que los grupos parlamentarios decidan enviar al Consejo Consultivo el borrador para que éste establezca un dictamen sobre su constitucionalidad. PSC y CiU parecen dispuestos a hacerlo. Ernest Benach festado, pues ha presentado enmiendas en 39 artículos, de los cuales coincide con el PP en 26. Una de esas coincidencias se refiere a la definición de competencias exclusivas, en las que populares y socialistas alegan falta de rigor jurídico. En este sentido, los letrados hacen constar que esta exclusividad puede producir equívocos También indican que en las competencias compartidas sobre normativa europea, por ejemplo, puede plantear dificultades la pretensión de excluir con carácter general la intervención de la normativa básica estatal Asimismo, Bono criticó en 2003 que Trillo no quisiera ceder gratis terrenos de los cuarteles para construir pisos M. J. MUÑOZ F. ROJO TOLEDO MADRID. El ministro de Defensa, José Bono, que el pasado martes defendió ante la presidenta de la Comunidad de Madrid la obtención de 380 milones de plusvalías por la Operación Campamento criticó hace dos años la venta de los terrenos de los cuarteles que promovía el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. El rifirrafe se produjo en junio de 2003, cuando Bono, que acababa de ganar su sexta mayoría absoluta al frente de la Junta de Castilla- La Mancha, le recriminó a Trillo que la vivienda tenía prioridad sobre los ingresos de Defensa. Bono reprendió al entonces ministro que quisiera sacar pecho de lata afirmando que no cedería gratis terrenos de su departamento, como si fuesen suyos, cuando son de los españoles, y estos han dejado claro en la Constitución que es más importante la vivienda que el que su Ministerio tenga mayores ingresos BONO EN 2003, SIENDO PRESIDENTE DE CASTILLA- LA MANCHA: Los cuarteles en desuso no deben ser objeto de especulación para conseguir más dinero, ni para comprar más aviones y tanques BONO EN 2005, SIENDO YA MINISTRO DE DEFENSA: Con las plusvalías de la Operación Campamento se construirán nuevos cuarteles porque el dinero para la Defensa de España, según dice la Constitución, es tarea de todos y de todas regional de que los terrenos del Fuerte se destinen a viviendas de precio asequible para los ciudadanos frente al objetivo que a su juicio perseguía Defensa, que era comprar más aviones y tanques o incrementar las asignaciones a la Defensa El entonces presidente regional manifestó que los cuarteles que tiene en desuso el Ministerio no deben ser objeto de especulación para conseguir más dinero Bono se refería, más concretamente, a la expropiación que la Junta de Castilla- La Mancha proyectaba entonces para los terrenos del antiguo cuartel del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, y a la cual se oponía Trillo, que había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento alcarreño, entonces gobernado por el PP. Sin embargo, una de las primeras decisiones que el dirigente socialista tomó nada más acceder a su actual cartera fue firmar un convenio con su sucesor al frente de la Junta, José María Barreda, y con el actual alcalde guadalajareño, Jesús Alique- -todos ellos del PSOE- -para urbanizar las 25 hectáreas del acuartelamiento, en el que se construirán más de mil viviendas. Gracias a esta operación, el Ministerio percibirá alrededor de 7,2 millones de euros, que abonará el Gobierno regional. En enero de 2003, unos meses antes del mencionado enfrentamiento, Bono defendió la la pretensión del Gobierno Vacantes de jueces y fiscales Además, al igual que plantea Cataluña, el gobierno andaluz quiere tener capacidad para decidir sobre todas las vacantes de jueces, fiscales o magistrados que haya en la comunidad andaluza. Y, tal y como ya anunció Manuel Chaves, y también coincidendo con las propuestas catalanas, la Junta también aspira a participar en los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (actualmente estos vocales territoriales, tres de los cuales corresponden a Andalucía, son nombrados por el propio CGPJ) Respecto al TSJA, la Junta reitera que debe ser la última instancia judicial, dejando al Tribunal Supremo como unificador de doctrina