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6 MIÉRCOLES 11 5 2005 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA PRESIDENTE EMÉRITO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MARCHA ATRÁS I somos capaces, para no abundar en la confusión, de separar la cuestión del terrorismo del asunto nacionalista- -los dos mayores problemas de la vida española- le encontraremos más sentido a la jornada que hoy protagonizará José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados. Al debatir sobre el estado de la Nación, tanto con los afines como con los diferentes, el presidente del Gobierno tiene que nadar y guardar la ropa. Desde su debilidad parlamentaria, solo la ambigüedad puede salvarle. Ahí quiero yo ver la eficacia del talante. El PP, con más inercia que nuevos elementos de convicción, sigue hablando de la ruptura del M. MARTÍN pacto antiterrorista; peFERRAND ro el PP es la oposición, la ostenta en exclusiva, y ya se cuenta con sus acusaciones y rabietas. Más difícil lo tiene Zapatero, en esta ocasión, al hablar de la financiación de las CC. AA. y, en lo que respecta a Cataluña, en donde se asienta el trípode que le mantiene en pie, al hacer bueno su compromiso de defender el Estatut que apruebe el Parlament. A estas alturas del debate catalán será muy difícil no aludirle y resultará imposible no irritar a Pasqual Maragall que, crecido en su fortaleza coyuntural, quiere que el Estado sea excepcional y residual Más todavía. La realidad jurídica de un Estado, sea cual fuere el mecanismo de su origen y el proceso de su historia, se sustenta en tres elementos clave: territorio, población y Gobierno. Aquí, por la vía del Título VIII de la Constitución vigente, ya nos acercamos al esperpento de un Estado sin territorio o, más difícil todavía, a diecisiete territorios que aspiran a ser Estados. De la población no hay que hablar porque, mientras se respeten las mayorías, está clara su plena vocación nacional e integradora, superior al ochenta por ciento del censo. Lo del Gobierno es una abstracción, un equilibrio concordante y discordante al mismo tiempo, con las diecisiete porciones que diseñó el capricho de los redactores constitucionales. No hace falta ser muy listo ni muy patriota, dos condiciones que cotizan poco en el inventario de los valores vigentes en España, para advertir que la situación actual, la que han forzado las fuerzas centrífugas de los nacionalismos, e incluso las de los regionalismos, no es sostenible para el proyecto común de una España libre, democrática y capaz de acoger con bienestar a sus vecinos. Urge un convenio de marcha atrás de revisión de descentralizaciones y transferencias, para que, sin perder el espíritu que las motivó y sin volver a un diseño jacobino, la realidad domine sobre los caprichos y el sosiego sobre los espasmos. La lástima reside en que, engordados los monstruos periféricos, no hay líderes en el centro- -tampoco Zapatero- -con la autoridad moral suficiente para deshacer una parte del camino recorrido. S UNA FINANCIACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN El autor analiza el soporte constitucional que la solidaridad tiene a la hora de establecer las fórmulas de financiación de las Comunidades; la custodia y el mantenimiento de este principio básico vinculan, según él, a todos los poderes públicos E puede abrir un debate para llegar a conclusiones técnicas, de saberes tributarios y financieros, acerca de la manera de facilitar los recursos económicos que necesitan las Comunidades y los municipios para desarrollar su tarea en un Estado de las Autonomías. Probablemente hay varias soluciones estimables. Sin embargo, lo que en este momento interesa es trazar la frontera que separa a las fórmulas de financiación, conforme a la Constitución, de aquellas otras que se sitúan en terrenos extraños, al margen del ordenamiento jurídico- político establecido. La Constitución Española (CE) de 1978 se articula con normas y con principios. Uno de los principios constitucionales que debemos tener en cuenta, al considerar la financiación de Comunidades y municipios, es el principio de solidaridad. Se trata de un principio constitucional y constitucionalizado, que no debemos reducir ni a lo que son principios generales del Derecho ni a lo que son valores superiores proclamados en el artículo primero del texto constitucional. Si la solidaridad fuese sólo un valor superior del ordenamiento jurídico, como son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, su eficacia sería la propia de las ideas directivas generales para la interpretación y aplicación de las normas. S Si la solidaridad fuese sólo un principio general del Derecho, dentro de los mencionados en el artículo primero, cuarto, del Código Civil, serviría de aplicación supletoria en los casos de una laguna en la Constitución, y, además, informaría el ordenamiento constitucional, con el propósito de darle forma sustancial. Pero la solidaridad es algo más. Como principio constitucional y constitucionalizado posee la fuerza vinculante de las normas jurídicas; es una fuente normativa inmediata, en el sentido profundo de no necesitar de la interposición de regla, o circunstancia alguna, para alcanzar su plena eficacia. La solidaridad entre los españoles es un principio que se halla constitucionalizado en el texto de 1978. Después del reconocimiento expreso de la solidaridad en el artículo 2 CE, el artículo 138.1 está redactado así: El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución Ante una afirmación tan categórica, que hace imposible cualquier discusión sobre su orientación y alcance, el Tribunal Constitucional ha estimado que el artículo 138.1 CE, que hemos transcrito, contiene una disposición que no puede ser reducida al carácter de un pre-