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16 Nacional LA POLÉMICA TERRITORIAL NUEVO ÓRDAGO DEL TRIPARTITO CATALÁN MARTES 10 5 2005 ABC Maragall propone vaciar de funciones al Poder Judicial y que el Estado sea excepcional y residual Plantea un Estatuto resistente a la ley que regula a los jueces que ha tenido acceso ABC insta al Gobierno a reformar la Ley del Poder Judicial como medida complementaria para que su texto pueda encajar MANUEL MARÍN MADRID. Un informe del Instituto de Estudios Autonómicos dependiente de la Generalitat de Cataluña, que ha trabajado durante los últimos meses para sentar las bases de lo que será el nuevo Estatuto de Autonomía, revela la pretensión del tripartito presidido por Pasqual Maragall de asumir muchas de las funciones que ahora tiene encomendadas el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Se trata, según el informe no definitivo y sometido aún a debate, de avanzar hacia un régimen de distribución general de funciones entre el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat, limitando el papel de la Administración estatal a intervenciones de carácter excepcional o residual en cuestiones de personal y medios. Entre las propuestas que el Instituto maneja figura la potestad de la Generalitat de designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; que este órgano sea la última instancia judicial, dejando al Tribunal Supremo como un mero unificador de doctrina disponer de una mayor capacidad normativa propia; acabar con los cuerpos nacionales de Justicia en Cataluña; controlar la selección y formación de ese personal, los ascensos y el régimen disciplinario; imponer el catalán en la administración de justicia; e incluso, la posibilidad de influir en la concesión de indultos, competencia exclusiva del Gobierno de la nación. b Un documento al NO AHORRAR ESFUERZOS El nuevo Estatuto no debería escatimar esfuerzos en el momento de propiciar una mayor adaptación de la Administración de Justicia al modelo de organización territorial establecido a partir de la Constitución CUBRIR PLAZAS DE MAGISTRADOS El Estado ha mantenido una posición neutralizadora de este derecho de iniciativa (autonómica) recogido con cierta ambigüedad, hasta vaciarlo de contenido LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL La Ley Orgánica puede jugar actualmente un papel menos relevante del que le había sido asignado inicialmente El Estatuto puede ampliar y reforzar sus previsiones en detrimento de algunos de sus contenidos EL ACTUAL ESTATUTO Varios preceptos han sido objeto de una interpretación reduccionista, muy alejada del espíritu autonomista terpretación reduccionista, muy alejada del espíritu autonomista. Por ello, apela a que el nuevo Estatuto no escatime esfuerzos para propiciar una mayor adaptación de la Justicia al modelo de organización territorial establecido a partir de la Constitución. Esfuerzos que deben dirigirse principalmente a invertir la dinámica interpretativa imperante de forma que la Ley Orgánica del Poder Judicial sea la que se subordine al Estatuto y no al revés. Se trata en definitiva de que las previsiones del Estatuto sean resistentes- -salvo que la Constitución prevea expresamente lo contrario- -a normas como la Ley Orgánica del Poder Judicial y no a la inversa, como ha sucedido hasta ahora Asumir medios materiales y personales La primera opción que contempla el Instituto para incrementar el protagonismo de la Generalitat consistiría en ampliar y concretar la llamada cláusula subrogatoria que prevé ahora el actual artículo 18.1 del Estatuto catalán, a partir de otra lectura de la Constitución que permita una mayor intervención autonómica la segunda, pasaría por conseguir un título competencial más sólido que el actual Según esta tesis, el nuevo Estatuto podría asumir expresamente la competencia sobre los medios personales y materiales al servicio de la administración de Justicia. Esto evitaría la remisión a las facultades reservadas al Gobierno central por las leyes orgánicas, dotaría de mayor contenido a la competencia autonómica y permitiría avanzar hacia un régimen de distribución general de funciones entre el Consejo General del Poder Judicial y la Genera- Pasqual Maragall, en una comparecencia litat, limitando el papel de la Administración estatal a intervenciones de carácter excepcional o residual El tripartito catalán quiere que el nuevo Estatuto enumere de forma precisa las facultades que asume y, entre ellas, cita como competencia propia la provisión de medios materiales, técnicos y económicos (servicios que ya se han traspasado a la administración autonómica, pero que no figuran como tales en el Estatuto) que conste que las competencias asumidas se extienden al ejercicio de potestades normativas; e introducir previsiones para evitar que el carácter supraterritorial de algunas instituciones desplace automá- Más competencias para la Generalitat El informe, del pasado mes de enero y en fase de actualización de propuestas, propugna la adaptación de la administración de justicia al marco autonómico con cinco enunciados genéricos que luego desarrolla: el fortalecimiento de las competencias de la Generalitat; la descentralización del Consejo General del Poder Judicial; la configuración del Tribunal Superior de Justicia como última instancia judicial; otras medidas para adaptar la Justicia; y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial como medida complementaria y simultánea a la reforma del Estatuto. El documento de debate parte de la base de que la estructura autonómica del Estado no ha sido un factor suficientemente considerado en el momento de organizar el Poder Judicial y que varios preceptos del actual Estatuto catalán han sido objeto de una in- La Generalitat aspira a decidir quién cubre las vacantes en los Juzgados y que su Tribunal Superior sea la última instancia M. M. MADRID. La propuesta inicial del Instituto de Estudios Autonómicos asegura que el carácter único del cuerpo de jueces y magistrados no debe impedir necesariamente la participación efectiva de la Generalitat en las actuaciones relacionadas con su selección y otros aspectos de su carrera Por ello, propone que el nuevo Estatuto incluya la descentralización de las pruebas de acceso a la Judicatura, la necesidad de adaptar los temarios al Derecho y a la organiza- ción propia de Cataluña como requisito de acceso, o la intervención de la Generalitat en la provisión de puestos vacantes. Estas competencias, que corresponden en exclusiva al CGPJ, podrían asumirse mediante la creación de un órgano mixto de relación o coordinación bilateral CGPJ- Generalitat. Además, el informe plantea la configuración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como última instancia judicial, lo que exigiría una reforma al menos del actual recur- so de casación. La Constitución ya prevé que los TSJ están llamados a culminar la organización judicial dentro del ámbito de cada Comunidad, sin perjuicio de las facultades del Tribunal Supremo. De acuerdo con la letra y espíritu de estas previsiones, que no han sido objeto de una lectura lo suficientemente favorable al principio autonómico- -añade el informe- el Estatuto podría atribuir al TSJ catalán la competencia para conocer de todos los recursos contra sentencias, con la única excepción de los recursos necesarios para la unificación de doctrina que deba mantener el Supremo La duda se plantea en si el Supremo sufriría un desapoderamiento de su función como último revisor de las sentencias y, por tanto, en si el TSJ catalán se arrogaría un papel de arquitecto de su propia jurisprudencia, dejando al Supremo la mera función de árbitro cuando choquen las sentencias de dos TSJ diferentes ante casos similares.