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6 Opinión LUNES 9 5 2005 ABC VADE MECUM TRIBUNA ABIERTA JULIO ALCAIDE ECONOMISTA. DIRECTOR DEL INFORME FUNCAS AL FILO DE LA LEY I fuese posible la paz en el País Vasco habría que ayudar incondicionalmente al Gobierno de la Nación para que tuviese éxito en ese escenario. Solamente gente mal nacida podría poner obstáculos en la consecución de un logro tan deseado. Y desde luego yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie, en el Partido Popular que no desee que eso ocurra, sea quien sea el que gobierneen España. Hay demasiado sufrimiento, demasiados muertos, demasiada opresión detrás, para no alegrarsede una circunstancia así, aunque fuese una utopía. En el Partido Socialista también sus militantes son, por lo general, personas estupendas, pero en ese partido si hay un pequeño grupo de perversos, gente mala que ya fueron capaces, en los ochenta, de JORGE TRIAS urdir la trama de la guerra SAGNIER sucia; o que se alegraron, gobernando los populares, de las desgracias que, en el 2004, se sucedieron en España. Ahí está el caso de ese diputado socialista que tuvo que dimitir por aquel comentario de que con otro Prestige ganarían las elecciones, o todos aquellos que colocaron al Gobierno de Aznar contra las cuerdas, echándoles la gente encima, a las pocas horas del escalofrianteatentado del 11 de marzo, y luego desafiaron impunemente la legalidad, haciendo la más feroz de las campañas, en el día de reflexión electoral. Si fuese posible la paz, desde luego que deberíamos apoyar al Gobierno sin fisuras, incluso en sus posibles errores. Pero este paso alegre hacia la paz en el que se ha embarcado Zapatero debe tener las siguientes limitaciones. Primera: España, la Nación española, garantía de la libertad, consagrada en nuestra Constitución, no se entregará a cambio de la invención de varias naciones. Segunda: el Gobierno no negociará con los terroristas ni con quienes son sus instrumentos políticos. Y, tercera: la dignidad de las víctimas, que a lo largo de más de treinta años han soportado el peso de la infamia terrorista, debe quedar garantizada. Sólo, pues, la entrega de las armas sin condiciones de quienes durante tantos años han intentado imponer una tiranía étnica en el País Vasco, y que ahora estaban prácticamente derrotados, puede ser la condición admisible para conseguir la paz. El presidente del Gobierno no puede ignorar las reglas de la democracia y los mecanismos constitucionales ante esta situación que, al parecer, se está produciendo en nuestras narices y que puede suponer el desmantelamiento de España, la negociación directa o indirecta con los terroristas y el desprecio a la dignidad de las víctimas. El presidente del Gobierno debería ser más prudente ya que se está situando peligrosamente al borde de la Constitución. Hemos llegado a un punto en que quizás el único camino posible sea el planteamiento abierto de un nuevo modelo constitucional en el que quede claramente definida la unidad de la Nación y la minimización, a través de las leyes electorales, de los partidos y grupúsculos nacionalistas. Lo que dijo Rodríguez Ibarra no era ninguna tontería y en esa línea, como en la que preconiza Alfonso Guerra, seguro que podríamos entendernos la inmensa mayoría de españoles en un nuevo pacto constitucional. S EL FUTURO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS AUTONOMÍAS El autor analiza cómo ha venido funcionando el modelo de solidaridad interregional y concluye que los problemas que se planteen deben resolverse en el ámbito de entendimiento de los dos grandes partidos. No por la vía del enfrentamiento entre autonomías y el Gobierno L A reiterada publicación por la Fundación FUNCAS de las Cajas de Ahorros del denominado Balance Económico Regional nos pone en condiciones de afrontar, aunque de forma resumida, la situación económica y demográfica de las autonomías españolas junto a las cuestiones planteadas de cara a su futuro. Sin entrar en el análisis de los trabajos de FUNCAS y de los similares, realizados por el propio INE y otros centros de investigación económica, nos encontramos con la evidencia de que la economía española ha registrado a partir de 1995 una notable expansión que queda reflejada en el crecimiento intensísimo de sus macromagnitudes fundamentales, que han superado ampliamente lo acontecido en la Unión Europea y en línea con el avance de los Estados Unidos. Un desarrollo económico que, según las estimaciones de FUNCAS, supone haber alcanzado un índice del 93 por ciento en cuanto a la convergencia europea (EUR- 15) en términos de PIB por habitante, en poder real de compra. El índice equivalente relativo a 1995 lo sitúa FUNCAS en el 80,6 por ciento, lo que supone una ganancia de más de 12 puntos en los nueve años computados. Cuando se analiza la evolución de los índices de convergencia europea de las distintas autonomías se muestran avances más intensos en las regiones tradicionalmente más retrasadas, a cambio de la expansión relativa más moderada de las autonomías más desarrolladas. Con todo ello, se ha venido a dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la Constitución en su artículo 40, en el que se declara que los poderes públicos promoverán el progreso social y económico, para una distribución de la renta regional y personal más equilibrada El desarrollo de los preceptos constitucionales ha sido plenamente satisfactorio. Basta comparar los índices relativos de la renta familiar bruta ajustada, con los índices del PIB, ambos en términos por habitante, para comprender el esfuerzo de solidaridad que ha tenido lugar al aproximar los niveles de vida de las distintas autonomías. Frente a la notable expansión de todas las autonomías avanzadas, en posición intermedia y retrasadas, ha surgido un problema importante derivado de la caída de la natalidad española. En el quinquenio 1995- 2000 la natalidad en España se redujo al 58 por ciento de la registrada en el de 1975- 1980. Un comportamiento que, junto al aumento de la esperanza de vida en la población de 65 años y más, ha tenido unos profundos efectos en la pirámide de la población que, a causa del menor desarrollo de su base y el ensanchamiento de su cúspide, afecta gravemente a la población en edad de trabajar comprendida entre los 16 y 64 años, lo que, inevitablemente, conduciría a un profundo fracaso de la futura sociedad española, especialmente desde el lado de la financiación sostenible de la seguridad social.