Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC LUNES 9 5 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC LA MONARQUÍA SIGUE POR JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS La Princesa de Asturias será percibida ahora con capacidades propias e intransferibles en el seno de la Familia Real y cobrará de inmediato una nueva autonomía personal. Se produce así una suerte de legitimación popular de la figura de la consorte del heredero de la Corona... L OS acontecimientos que son prosaicos en la vida de los ciudadanos resultan, sin embargo, de una gran dimensión en los titulares de la Corona y en sus herederos. Si ya la boda de los Príncipes de Asturias hace poco menos de un año constituyó un acto de Estado de grandes dimensiones en el que concurrieron, además, circunstancias novedosas en la dinastía y polémicas socialmente, ahora, el anuncio del embarazo de S. A. R. Doña Letizia adquiere unos significados de particular relevancia. El más obvio es que se producirá la continuidad dinástica en la Monarquía hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos de Borbón (artículo 57.1 de la Constitución) evitándose hipótesis que, aunque perfectamente constitucionales, hubiesen alterado el itinerario habitual por el que transita la Corona. Será relevante- -en especial si los Príncipes de Asturias tuvieran más hijos- -que el primero de ellos sea varón o mujer porque si fuese hombre la reforma constitucional para eliminar la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión, decaería en su urgencia, pero si fuese mujer y naciesen después hermanos varones, la reforma de la actual previsión constitucional se haría perentoria. En cualquier caso, la adaptación constitucional a lo que parece es una aspiración general en la igualación de los sexos en la sucesión a la Corona, ha de respetar ineluctablemente los derechos que corresponden al Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia. Para ello, los constitucionalistas que han examinado este asunto ya anuncian que no bastará con un mero retoque del artículo 57 de la Carta Magna, sino que hará falta la introducción de determinadas prevenciones- -quizás, mediante una disposición transitoria- -que amparen explícitamente el derecho del único hijo de S. M. el Rey. En otras palabras: que la posible reforma constitucional no tendrá, en ningún caso, efectos retroactivos. Estos tecnicismos jurídicos podrían parecer en estos momentos inoportunos cuando lo que correspondería primeramente sería la congratulación por la noticia del embarazo de la Princesa de Asturias. Sin embargo, el rigor- -en este caso jurídico- constitucional- -debe prevalecer, cuando de la Monarquía se trata, ante cualquier otra banalización de un hecho biológico de largas y, deseablemente, también muy felices consecuencias. ¿O es que acaso la especulación sobre el acaecimiento sucesorio que ahora se contempla para el mes de noviembre no ha sido objeto de toda clase de invenciones y versiones? El próximo nacimiento del primogénito de los Príncipes de Asturias- -no incurriré en la mención dual de los géneros, al modo oratorio ignorante que ahora se impone- -propiciará un efecto habitual en todas las monarquías y que consiste en el acercamiento afectivo y emocional de la nueva madre a la sociedad y en el reconocimiento implícito por ésta de que su papel ha sido cumplido en el modo en que las sociedades lo pretenden: dándoles lo que esperan. Se consuma así la previsión de continuidad y estabilidad de la Corona, que es continuidad y estabilidad para la forma de Estado constitucional que los españoles quisimos en 1978. Se produce, en consecuencia, una suerte de legitimación popular de la figura de la consorte del heredero. Al mismo tiempo, la Princesa será percibida con capacidades propias e intransferibles en el seno de la Familia Real y cobrará de inmediato una nueva autonomía personal en el simbolismo de cada uno de sus componentes. En otras palabras: el embarazo de Doña Letizia implica la superación de una especie de período de prueba al que colectivamente fue sometida desde que se anunció su boda con el Príncipe de Asturias en noviembre de 2003. Por primera vez en la historia, el heredero de la Corona, alterando los términos- -no jurídicamente exigibles, pero tradicionalmente observados- -de la Pragmática de Carlos III, contraía un matrimonio desigual y en unas condiciones polémicas que, con la noticia conocida ayer, quedan diluidas. Sería muy injusto, sin embargo, otorgar a un acontecimiento biológico- -desde luego importante- -una valoración taumatúrgica y aglutinadora de voluntades generales. Si Doña Letizia no hubiese mantenido determinadas pautas y no hubiese sido lúcidamente consciente de su papel y de sus responsabilidades, su crédito público y su aceptación cada vez más amplia y sincera no se hubiesen producido por el mero hecho de garantizar ahora la continuidad dinástica. La Princesa de Asturias, inmediatamente des- pués de su matrimonio con Don Felipe, ha trabajado con el instinto que proporciona la inteligencia. Su acercamiento inmediato a la sociedad española con un viaje de novios iniciado en los lugares menos previsibles del territorio nacional; luego, su dedicación a actos oficiales de carácter representativo, todos muy continuos y de gran responsabilidad, y su afección a las manifestaciones culturales, aderezadas de presencias sencillas en lugares y con ocasiones igualmente corrientes, ha proyectado ya una imagen muy propia y perfilada, que no es clónica de nadie, ni resulta afectada o insincera. La Princesa ofrece la entera impresión de que sabe cuál es su responsabilidad y la cumple. La Monarquía, sin embargo, no es una institución que emerge sólo en sus propios hitos- -bodas, bautizos, celebraciones- -sino que, apoyándose en ellos, transmite los valores que la explican en una sociedad que opta por situar en el vértice del Estado y en la máxima representación de la Nación a una figura- -el Rey- -en la que sintetiza su propia identidad colectiva recogiéndola de la historia y proyectándola al futuro. El Príncipe de Asturias ha declarado en más de una ocasión que la Monarquía que él está llamado a encarnar no será la carismática de su padre, pero sí igualmente comprometida. A los postres del almuerzo de su boda, el 22 de mayo del pasado año, en el Palacio Real, afirmó en un emotivo y depurado discurso que su compromiso con Doña Letizia trasciende lo meramente personal y sostuvo que consistía en que la Corona siga contribuyendo a la estabilidad institucional de España, a la integración y cohesión de los españoles y a ser garantía de su libertad y progreso Ésta es, en efecto, la función de la Monarquía, más aún en los momentos más delicados del devenir nacional como bien pudieran ser los actuales, en los que unas abusivas tensiones segregacionistas y una enorme fragilidad en la defensa del Estado amenazan con concernir a la Corona. La noticia de la próxima paternidad de los Príncipes de Asturias viene así a fortalecer la Monarquía porque le ofrece el horizonte natural que la sucesión siempre conlleva; porque elimina incertidumbres; porque obliga a mirar al futuro y no invita a hacerlo al pasado- -y algunos lo pretendían con nostalgias republicanas- Porque tras el Rey y su hijo, ya sabemos que habrá otro, nieto e hijo de los anteriores, que, como su abuelo y su padre, hará de su función un servicio trascendente a España, a su integración y a su libertad. Un servicio que la Princesa de Asturias contrae la obligación añadida de inculcar en su hijo, porque la creencia en la Monarquía constitucional y parlamentaria es la que obliga a afirmar, ahora, de inmediato, sin dudas ni cautelas, sin aplazamientos, que será, cuando toque, el Rey o la Reina de España.