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46 SÁBADO 7 5 2005 ABC Sociedad M Teresa Fernández de la Vega Vicepresidenta del Gobierno Pío García Escudero Portavoz del PP en el Senado El Gobierno cumple con su deber, y quien decide sobre las formas de matrimonio civil, que no religioso, es la soberanía nacional, el Parlamento Estaríamos dispuestos a no interponer un veto en el Senado con tres premisas: cambiar la denominación, no a la adopción y negociar la objeción de conciencia El Episcopado califica las bodas gays de falsificación legal del matrimonio Los obispos piden a los católicos que se opongan de forma clara e incisiva a esta reforma Juan Antonio Martínez Camino, durante la lectura de la nota episcopal EFE Gobierno responde a la Iglesia que su ley es una buena medida de ampliación de derechos; no perjudica a nadie y beneficia a muchas personas JESÚS BASTANTE MADRID. La Conferencia Episcopal española, a través de su Comité Ejecutivo, emitió ayer una dura crítica al proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso de los Diputados para permitir el matrimonio a las parejas homosexuales, de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad En una nota oficial, la Iglesia católica calificó este tipo de uniones de falsificación legal del matrimonio advirtiendo del perjuicio que se causará a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para el verdadero matrimonio En opinión de los obispos, la nueva definición legal del matrimonio supondría una flagrante negación de datos antropológicos fundamentales y una auténtica subversión de los principios morales más básicos del orden social por lo que la ley que se pretende aprobar carecería propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto b La vicepresidenta del que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral El Episcopado apuntó que es nuestro deber hablar con claridad cuando en España se pretende liderar un retroceso en el camino de la civilización con una disposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechos fundamentales del matrimonio y de la familia Objeción de conciencia Del mismo modo, la Iglesia recordó a los políticos católicos que no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva No podrán votar a favor de esa norma- -subrayó- -y, en aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. El ordenamiento democrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su ejercicio La cuestión de la objeción de conciencia también fue abordada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros. De la Vega, quien expresó su máximo respeto a las posiciones de la Iglesia católica, insistió en que el Ejecutivo cumple con su deber y recalcó que los matrimonios entre per- sonas homosexuales no perjudican a nadie La vicepresidenta del Gobierno negó que en la realidad práctica vaya a existir problema alguno por parte de la Administración para aplicar la normativa. Si un concejal no quiere efectuar una boda, siempre tendrá otro concejal al lado que sí querrá señaló, indicando que lo importante es que los ciudadanos puedan acogerse a este derecho, y que nadie vea por una cuestión moral respetable restringidos sus derechos Sólo quiero reiterar que el Gobierno cumple con su deber, y quien decide sobre las formas de matrimonio civil, que no religioso, es la soberanía nacional, el Parlamento añadió De la Vega, quien subrayó que en cumplimiento de nuestros compromisos con los ciudadanos y respondiendo al objetivo Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española Acerca de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio El Gobierno anunció hace un año su intención de regular civilmente el matrimonio de una manera desconocida hasta ahora para la Humanidad. Para casarse no importaría hacerlo con una persona del mismo sexo. En la legislación española el matrimonio dejaría de ser la indisoluble unión de vida y de amor de un hombre y de una mujer, abierta a la procreación, para convertirse en un contrato sin referencia alguna a la diferencia de sexos e incapaz, por tanto, de prestar a la sociedad el incomparable servicio de dar cauce a la complementariedad conyugal y de procrear y educar a los hijos. Ahora parece que el Parlamento se muestra dispuesto a aprobar esta nueva definición legal del matrimonio que, como es obvio, supondría una flagrante negación de datos antropológicos fundamentales y una auténtica subversión de los principios morales más básicos del orden social. El 15 de julio de 2004 publicamos una Nota titulada En favor del verdadero matrimonio. Allí explicábamos las razones que nos obligan a pronunciarnos en contra de este proyecto legal, dado que nos corresponde anunciar el evangelio de la familia y de la vida, es decir, la buena noticia de que el hombre y la mujer, uniéndose en matrimonio, responden a su vocación de colaborar con el Creador llamando a la existencia a los hijos y realizando de este modo su vocación al amor y a la felicidad temporal y eterna. Hoy, ante la eventual aprobación inminente de una ley tan injusta, hemos de volver a hablar sobre las consecuencias que comportaría este nuevo paso. No es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho, porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo que se hace es co-