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18 Nacional LA RECTA FINAL DEL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE INMIGRANTES SÁBADO 7 5 2005 ABC CONSUELO RUMÍ Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración Me comprometo a no dejar una bolsa de inmigrantes irregulares como la que heredé MADRID. En la sede de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, donde antaño sentó sus reales el Ministerio de Asuntos Sociales, se respira todavía un aire de mudanza. Consuelo Rumí y su equipo están acomodándose poco a poco en este vetusto edificio de la calle José Abascal, y la jefa del departamento, en los escasos ratos libres que le ha dejado la gestión del fenómeno que marcará el futuro de nuestro país, ha estado pendiente de manos de pintura, lijados y parches. ¿Tendrá Inmigración ministerio propio alguna vez? Al paso que vamos, las soluciones de papeleo parecen tener más enjundia que las habitacionales así que quién sabe. Rumí no se moja en eso. Pero sí se moja en otra cosa: Me comprometo a no dejar una bolsa de inmigrantes irregulares como la que heredé -Hoy acaba el mayor proceso de regularización (o, como le gusta decir al Gobierno, de normalización) de extranjeros de la historia de España. ¿Cuál es su balance? -Muy positivo. Se trata de un proceso único no sólo por las cifras conseguidas y por la puesta en marcha de un dispositivo como nunca había existido en este país, sino por el consenso que ha existido con los agentes sociales. Sólo lamento que quien generó el problema- -el Partido Popular- -no haya ayudado en la solución del mismo. -Han sido muchas las voces que han reclamado una prórroga. ¿Llegaron alguna vez a planteárselo? -No, pero por simple coherencia. La mesa de diálogo social trabajó durante semanas estudiando las aportaciones de unos y de otros, y se pensó que el plazo era suficiente. Estoy convencida de que si hubiéramos fijado seis meses, o un año, durante los últimos días también nos habrían demandado más tiempo. Recomendamos que no se dejara la gestión para el final, sobre todo porque podía faltar algún documento y no quedaría margen de maniobra, y reforzamos el dispositivo en aquellos lugares donde se ha producido una mayor demanda. ¿Qué papel le puede faltar hoy a un empresario? ¿El contrato de trabajo? Mal asunto entonces. ¿El certificado de empadronamiento o el de antecendentes penales? Admitimos los impresos que demuestran que se han solicitado esos documentos. No hay excusas para que alguien diga que no ha podido acogerse al proceso. ¿Cómo explica que haya esta avalancha de inmigrantes en las colas, muchos de ellos sin opciones de regularizarse ya que no cumplen los requisitos necesarios? -Sí, sobre todo teniendo en cuenta que son los empresarios los que deben presentar la documentación (salvo en Ha vivido tres meses frenéticos, pero sabe que esto no ha hecho más que empezar. La inmigración, dice, es un puzzle al que siempre le falta una pieza. Un fenómeno vivo y cambiante TEXTO: MIGUEL ÁNGEL BARROSO, PABLO MUÑOZ FOTO: DANIEL G. LÓPEZ No debemos sentirnos amenazados por quienes vienen a trabajar dice Rumí Hay organizaciones antisistema que han intoxicado a los extranjeros para entorpecer el proceso Los que no han podido beneficiarse ahora deberían abandonar el país e intentar volver con el contingente legal los casos del trabajo doméstico discontinuo) Creo que hay ciertas organizaciones antisistema que manipulan a esta gente para entorpecer el proceso. Es muy lamenable, pues el primer perjudicado es el extranjero que intenta aprovechar esta oportunidad con todas las de la ley. Hay que dejar muy claro que sin las reglas que marca el Reglamento no se va a normalizar a nadie. Acudir sin contrato de trabajo es inútil, lo mismo que tratar de empadronarse con un abono transportes. ¿No ha habido forma de atajar eso? Hay una cierta sensación de que la picaresca y el descontrol han hecho presa en el proceso. -Se han producido más actuaciones de las que parecen, pero la Policía ha actuado con discreción. Intentamos poner orden donde no lo había. Y la vida no acaba hoy. El Reglamento tiene vocación de permanencia, y ahí están las opciones del arraigo laboral o de la contratación en origen, por ejemplo. La capacidad de acogida de este país va a estar marcada por las necesidades del mercado laboral. No voy a acabar con la irregularidad, porque no es posible mientras haya dos mundos, uno rico y otro pobre, pero sí me comprometo a no dejar una bolsa de inmigrantes ilegales como la que me encontré. Es la tarea que tengo encomendada. Si cierras la puerta a la regularidad, como hizo el anterior Gobierno, la abres a la clandestinidad, porque los empresarios necesitan a esos trabajadores. Con todo, estamos reforzando las fronteras desde el verano pasado, aunque esta medida se ha demostrado insuficiente y hay que seguir apostando por el binomio inmigración- empleo legal. -Las altas en la Seguridad Social avalarán el éxito del proceso. Hasta ahora hay 60.000. ¿No teme que haya empresarios que, finalmente, no cumplan con esta obligación? -Es una posibilidad para la que estamos preparados. Puede haber causas justificadas, por supuesto, pero en caso contrario el empleador- -que tiene un mes para dar de alta a su trabajador una vez que se ha dado el visto bueno al expediente- -será sancionado. ¿Qué pasará con los cientos de miles de inmigrantes que quedarán en la ilegalidad? -El Reglamento ofrece otras alternativas que entrarán en vigor a partir de la próxima semana. Para los que no cumplan los nuevos requisitos, nuestra recomendación es que abandonen voluntariamente España para que no recaiga sobre ellos la sanción de no poder regresar en futuros contingentes. Existen, además, ayudas al retorno, microcréditos que ofrecen entidades financieras para que esas personas puedan montar un negocio en sus países de origen. Y, en último extremo, se aplicará la Ley de Extranjería. -Hay Ayuntamientos que se quejan de colapso en los servicios. -Los españoles no deberían sentirse amenazados por personas que vienen a ganarse la vida honradamente y a contribuir con sus cotizaciones para que los servicios sociales funcionen mejor. La Administración ha aprobado un fondo de 120 millones de euros para las Comunidades autónomas, con destino final en las corporaciones municipales, para afrontar esa carga.