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4 Opinión SÁBADO 7 5 2005 ABC CEREMONIA CONFUSA OS tiempos de silencio son propicios para la confusión. Ayer, Ibarretxe vino a confirmar que en su entrevista con Zapatero pactó con el presidente del Gobierno llegar a acuerdos políticos en el nuevo proceso comenzado. Horas antes, la vicepresidenta Fernández de la Vega no fue capaz de aportar la más mínima concreción sobre lo tratado, ni siquiera sobre las perspectivas de futuro, amparándose en un vago va para largo Tan impresentable sigilo tiene soliviantados hasta a los miembros del PSE, quienes han protestado al verse convertidos en meros figurantes en el nuevo escenario. Es probable que lo que se conozca del asunto venga por boca de los nacionalistas, los únicos que parecen dispuestos a rentabilizar su locuacidad. Y mientras, los ciudadanos y las instituciones, a dieta de transparencia ante un asunto de Estado. L PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LAS LECCIONES DE BLAIR Y LA BARAJA O habrá mudanza en el 10 de Downing Street. Las urnas lo han hecho posible otorgando un histórico tercer mandato a Tony Blair. El pragmatismo consustancial de los británicos ha revalidado la seguridad que ofrecía un partido firmemente asentado sobre un proyecto flexible de centralidad, que es el que ha venido protagonizando el nuevo laborismo liderado por Blair. A pesar de las fuertes críticas generadas en amplios sectores de la opinión pública y la erosión de su popularidad, el impacto electoral de la guerra de Irak ha sido limitado y no ha terminado de costarle el puesto. Al final, de aquella contra- baraja que aparecía en la revista The Economist (Bush, Blair, Aznar y el australiano John Howard) como posibles víctimas de un descalabro electoral a cuenta de la guerra, sólo cayó, y con la matanza terrorista del 11- M como factor decisivo del vuelco, la opción del ex presidente español. Conviene detenerse sobre el alcance real del asunto Irak en el resultado. El partido liberal- demócrata, el único partido que se oponía con rotundidad a la intervención militar contra Sadam, ha crecido sólo ocho escaños; mientras que los conservadores, favorables en términos generales a la guerra, tienen casi 40 más. La merma laborista (unos 45 menos) quizás tenga que ver con la división interna en este asunto y los errores cometidos por el Gobierno a la hora de armarse de argumentos para justificar la intervención. El suicidio del científico Kelly y el proceso a la BBC comprometieron seriamente el futuro de Blair. Como él mismo reconocía tras su victoria, la guerra de Irak dividió a los británicos por eso aseguró haber entendido el mensaje y animó a la población a mirar hacia el futuro. Alejados de cualquier visión maximalista de la política, los británicos han votado llevados por la sensatez práctica. Como a lo largo de su centenaria historia democrática, han hecho lo previsto: no dejarse arrastrar por inestables cam- N Antonio Camacho EFE AQUELLA CAMPAÑA... A juez Teresa Palacios dictó ayer la apertura de juicio oral contra catorce personas por el caso Gescartera encabezadas por Antonio Camacho, presunto cerebro de ese chiringuito financiero en el que se urdió una estafa de alrededor de 15.000 millones de pesetas. Ninguno de los ex altos cargos cuya inculpación pedían las acusaciones (entre ellos Pilar Valiente y Enrique Giménez Reyna) tendrá que sentarse en el banquillo. Aun entendiendo la distancia que separa las responsabilidades políticas de las penales, cabe hoy recordar la campaña promovida por el PSOE, entonces en la oposición, para intentar implicar al Gobierno del PP en el escándalo. Parece claro que la responsabilidad de tan pestilente asunto debe centrarse, tanto antes como ahora, en los muñidores del engaño. L bios de humor y votar guiados por una reflexión política que sopesa la gestión de los gobiernos a partir de la experiencia en el día a día. De hecho, se puede afirmar que los británicos han votado a Blair porque han hecho cuentas entre el debe y el haber de su mandato. Han visto que, a pesar de las flaquezas que muestran los servicios sociales, sin embargo, la economía prospera, las hipotecas son las más bajas de la historia y el país disfruta de una sociedad civil emprendedora y dinámica, sólidamente instalada en un clima de libertad. Con esta gestión detrás era lógico que los británicos dieran su respaldo a Blair. Sobre todo si sus oponentes conservadores se lo ponían fácil al no comprender que los discursos de los noventa ya no son operativos. Los tories necesitaban un cambio de estilo y más frescura en sus planteamientos, y se han empecinado en un discurso demasiado rígido para el individualismo sensato y la flexibilidad de sus votantes potenciales. Howard ha repetido el error en el que se instaló el laborismo hasta que Blair lo resucitó renegando de su vieja guardia y de sus trasnochados principios. La renuncia tory a cultivar el nuevo centro que representan las pragmáticas clases medias urbanas emergidas con la prosperidad de estos años de crecimiento, ha hecho posible que importantes segmentos de éstas hayan caído en las filas laboristas y liberal- demócratas. Con todo, han sido capaces de mejorar el resultado de hace cuatro años, aunque tendrán que afrontar una profunda renovación de mensajes y de rostros, tratando de superar el estilo postacherista que aún impregna buena parte de su estrategia de comunicación. Si así fuera, y teniendo en cuenta que el ciclo laborista comienza a dar síntomas de agotamiento, el futuro británico probablemente venga de la mano de un conservadurismo más laborista, que habrá de reinventarse a sí mismo. EL FIRME MENSAJE DE LA IGLESIA L DESPIDO MÁS BARATO E L ministro de Trabajo ha reconocido que el documento del Gobierno para la reforma del mercado laboral contiene la posibilidad de abaratar el despido. Matizó, no obstante, que sólo se trata de una propuesta que debe ser aceptada por sindicatos y patronal. Ejercicio de realismo político el de Caldera, que parece entender que la negociación debe incluir este supuesto que, en el tira y afloja negociador, habrá de compensarse con otras mejoras para los trabajadores. Pero va a hacer falta una labor didáctica entre los sindicatos, que bien podía haber empezado anteayer Zapatero, que asistió a una asamblea de UGT y no dijo nada al respecto, hablando solamente de entrar en la senda del empleo estable A Conferencia Episcopal hizo público ayer un comunicado que refleja de manera oficial la oposición de la jerarquía católica a la reforma legal que permitirá el acceso de parejas homosexuales al matrimonio. Los términos de la declaración son claros y contundentes, en la misma línea que los expresados hace días por miembros de la Curia vaticana. Son, además, términos coherentes con la doctrina de la Iglesia Católica sobre el matrimonio, institución reservada a la unión entre hombre y mujer no sólo en el ámbito del Derecho canónico, sino en la práctica unanimidad de las legislaciones civiles extranjeras. No hay motivo, por tanto, para la sorpresa ante los juicios que esta reforma merece a los obispos, que la consideran dañina para el bien común y contradictoria con la recta razón y con la norma moral En este caso, la opinión de la Iglesia es compartida por un amplio sector de la opinión pública, que ve en la iniciativa del Gobierno un interés ideológico en reeducar por vía legislativa a la sociedad española para debilitar lo que, a juicio de la izquierda, es una estructura reaccionaria de valores morales. Y es en este diagnóstico donde falla el Gobierno, porque esta reforma está provocando un innecesario conflicto donde no debía haberlo, pues la asignación de determinados efectos jurídicos a las parejas homosexuales puede hacerse con otras formas, como el reconocimiento de las uniones no conyugales, que no suscitan tantos reparos sociales y éticos. La oposición del Episcopado va más allá de la denuncia de esta reforma y emplaza a los católicos, especialmente a parlamentarios y funcionarios, a oponerse a su aprobación y a su aplicación, en este caso mediante la apelación a la objeción de conciencia. Este mandato se proyecta en el plano de la conciencia de los creyentes, pero suscita una evidente disyuntiva en aquellos que han asumido una función pública y que pueden verse afectados en la aplicación de la futura ley. Su posición- -la de alcaldes, concejales y jueces- -debe resolverse en un justo equilibrio entre la lealtad a la propia conciencia y el ejercicio de las obligaciones públicas queasumieron al acceder a sus cargos. En este sentido, a los reparos éticos que suscita la reforma matrimonial se unen los indicios más que racionales de inconstitucionalidad, puestos de relieve por el Consejo de Estado y el CGPJ. Sin infringir ninguna obligación pública, estos funcionarios, bien a través de la delegación de funciones, bien- -en el caso de los jueces- -a través del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, pueden cohonestar los intereses en el conflicto planteado por la Conferencia Episcopal, lo que no sería un acto de insumisión confesional, sino de ejercicio simultáneo de la libertad de conciencia y de los recursos previstos por la Ley. En todo caso, el problema no lo crea la opinión de la Iglesia Católica, tradicional y notoria, sino el empeño del Gobierno en forzar un orden social que antes de cualquier mandato religioso o ley civil, concibió el matrimonio como la unión jurídica entre hombre y mujer.