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ABC SÁBADO 30 4 2005 45 Sociedad Diputados del PP promueven recurrir la futura ley del matrimonio homosexual ante el Constitucional La Comunidad de Madrid afirma que es imposible que las parejas del mismo sexo adopten b El PP presentará un veto en el Senado al proyecto de ley que regula el matrimonio homosexual, que entrará en la Cámara Alta el próximo día 5 M. J. P- B. M. J. A. MADRID. La polémica en torno a la aprobación del matrimonio homosexual en España está sembrando la incertidumbre en el seno del Grupo Parlamentario Popular. De momento, entre los diputados del PP se van abriendo camino dos posiciones: aquellos que ya se plantean promover un recurso de inconstitucionalidad a la ley que reformará el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, una vez que esté definitivamente aprobada por las Cortes Generales, y los que se decantan por no llevarlo a cabo, pues consideran que pagarían un alto precio político inconveniente e innecesario Los que se suman a la primera tesis defienden que es el último paso que les queda, lógico y razonable para continuar con la oposición de su grupo al proyecto del Gobierno. Y se muestran esperanzados en que el recurso tiene muchas posibilidades de prosperar, pues también sendos informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial reflejaron dudas sobre la constitucionalidad de la iniciativa. Concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia mostraban ayer una chapas en las que se lee Yo sí caso Por otra parte, ayer el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) José Manuel Suárez, advirtió que es prácticamente seguro que habrá jueces que planteen cuestión de inconstitucionalidad sobre las bodas homosexuales. En ese caso, el enlace afectado se paralizaría hasta la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso no significa que se suspenda la aplicación de la ley, pero sí la boda matizó Suárez. Cuando dos personas desean casarse, inician una serie de trámites en el Registro Civil, lo que conlleva a que el juez abra un expediente. Primero- -dice Suárez- -debe comprobar una serie de requisitos, por ejemplo, que no tienen vigente un matrimonio anterior. Una vez realizadas esas comprobaciones y, si no hay problemas, se presentan dos opciones: les casa el juez o el alcalde y, si éste delega, un concejal. Pero, el juez se puede plantear que el matrimonio entre personas del mismo sexo choca con el artículo 32 de la Constitución, que dice que el hombre y la mujer podrán contraer matrimonio. Entonces dicta un auto en el que explica las razones por las que cree inconstitucional esa celebración y envía una copia del expediente al ROBER SOLSOLAN Un asunto de boca en boca Fuentes populares han señalado a ABC que todavía no se ha producido ninguna reunión para decidir qué estrategia seguir, pero que se trata de una cuestión presente en las conversaciones de los diputados y no se descarta ponerlo en marcha. De llevarse a cabo sería una forma de mantener la coherencia en la postura que el PP ha seguido a lo largo de todo el trámite parlamentario de esta ley. Por ahora, lo que sí parece ya una decisión firme es que el PP presentará un veto al proyecto de ley en el Senado y negociará con todos los grupos políticos para alcanzar una mayoría que permita sacarlo adelante. Así lo anunció ayer su portavoz en la Cámara Alta, Pío García Escudero. Si la agenda sigue su curso la regulación del matrimonio homosexual que ha aprobado el Pleno del Congreso de los Diputados entrará el próximo día 5 en el Senado. A partir de esa fecha, los senadores tienen un plazo de diez días- -que se puede ampliar si lo solicitan- -para presentar enmiendas totales o parciales. De haberlas, se constituirá la Comisión para debatirlas a mediados de mayo. Y si no existen enmiendas, la ley pasará directamente al Pleno de la Cámara Alta. TC, que puede tardar hasta cinco años en pronunciarse y mientras tanto queda paralizada la boda. Sin embargo, puede recurrirse a un truco: que el juez archive el expediente, porque los contrayentes aleguen, por ejemplo, que ya no desean casarse, y se dirijan entonces a otro juez más benévolo concluye el portavoz de la APM. Polémica por las adopciones También ayer continuaron las reacciones respecto a la adopción por parte de parejas homosexuales. La consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Beatriz Elorriaga, se pronunció en contra de esta posibilidad y precisó que no es el derecho de los adoptantes sino el del menor, el que debe primar y prevalecer por encima de todos; y, en cualquier caso, deben de ser los profesionales y los jueces quienes tomen esa decisión. No se trata de que una pareja busque a un hijo, sino de que éste encuentre una familia, y no cabe duda de que el niño se desarrolla mejor cuanto más normalizada sea ésta Elorriaga explicó que es imposible que las parejas del mismo sexo adopten en los países con los que hay firmados convenios. No porque alguien emita ningún juicio de valor- -matizó- sino por las restricciones impuestas en los países de origen de los niños extranjeros, que afectan, incluso a parejas no casadas y a familias monoparentales Pide tipificar como delito la negativa a casar a parejas del mismo sexo El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) José Antonio Labordeta, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que reclama al Gobierno que modifique el Código Penal en el plazo más breve posible para tipificar como delito la negativa de la autoridad o funcionario competente a casar a dos personas del mismo sexo. Labordeta, adscrito al Grupo Mixto, propone que, ante el anuncio de algunos alcaldes y concejales de que no celebrarán bodas de parejas homosexuales, la Cámara Baja inste al Ejecutivo a acometer esta reforma para penalizar una actitud, que supone una clara discriminación Siendo el matrimonio un derecho, es necesario tomar las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer ese derecho y que se cumpla la ley actual sobre el matrimonio y sus futuras modificaciones argumentó Labordeta.