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18 Nacional SÁBADO 30 4 2005 ABC MIGUEL SÁNCHEZ MORÓN Catedrático de Derecho Administrativo de Alcalá de Henares La Administración debe poder cambiar de puesto a los funcionarios que no cumplen El presidente de la comisión de expertos para el Estatuto Básico de la Función Pública propone acabar con los puestos vitalicios para los funcionarios y premiar la productividad TEXTO: A. MARTÍNEZ- FORNÉS FOTO: DE SAN BERNARDO MADRID. El profesor Miguel Sánchez Morón es el presidente de la comisión de expertos encargada por el Ministerio de Administraciones Públicas de hacer un informe que sirva de base para el Estatuto Básico de la Función Pública previsto en la Constitución, un documento que será consensuado con los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones de funcionarios, entre otros. Muchas de sus recomendaciones ya se aplican en los países europeos más avanzados, pero en España será la primera vez que se establezcan los deberes de los empleados públicos. ¿Qué pretenden con el Estatuto Básico de la Función Pública? -Tener unos servicios y administraciones más eficaces. ¿Cómo cree que les va a sentar a los más de 2,3 millones de funcionarios que, por primera vez, se les hable de deberes y exigencias? -Yo también soy funcionario, y creo que la mayoría de los empleados públicos están bien preparados y cumplen con su función. Quizá siente mal a aquellas personas a las que le cuesta más cumplir con su deber, pero la mayoría acogerán satisfactoriamente el hecho de que se fijen deberes. ¿Y cómo encajarán los partidos políticos y sindicatos su exclusión de los tribunales de las oposiciones? -Pensamos que esa es una garantía importante de imparcialidad, objetividad y profesionalidad en el proceso de selección. Y esa es la propuesta que hacemos a la sociedad. -Ustedes recomiendan que los puestos no sean vitalicios, pero luego defienden que nunca se pierda la condición de funcionario. -El funcionario público tiene garantizada la inamovilidad, salvo supuestos de gravísima infracción disciplinaria. No pensamos que haya razones para cambiar esa regla, pero sí consideramos que los puestos de trabajo que puede ocupar un funcionario a lo largo de su carrera no deben tener carácter vitalicio. Ahora, cuando un funcionario accede a un puesto de trabajo mediante un concurso interno de méritos, la permanencia en ese puesto depende de su voluntad y prácticamente no hay manera de cambiarle. Esa rigidez del derecho al cargo no es adecuada porque puede generar rutina y desmotivación, y creemos que el funcionario debe ser evaluado y, si no cumple y la evaluación es negativa, la Administración le pueda cambiar de puesto de trabajo sin necesidad de esperar a que el funcionario lo pida. Esta medida debe motivar el buen trabajo. ¿Quién se encargará de evaluar al funcionario? -Los órganos competentes de cada Administración, que deberían ser profesionales también. Nosotros recomen- Miguel Sánchez Morón damos que se haga con criterios objetivos y preestablecidos y que en las Administraciones más grandes se creen órganos imparciales de garantía ante los cuales se puedan presentar recursos ante evaluaciones no positivas. -Ustedes proponen que los aumentos salariales, ahora lineales, premien a los trabajadores más productivos. ¿No se corre el riesgo de que se puedan utilizar criterios de amiguismo? -Nosotros hablamos de criterios objetivos y que todo funcionario sepa exactamente sobre qué se le va a evaluar. Además, siempre podrá recurrir ante una arbitrariedad. ¿A qué funcionarios no va a afectar el Estatuto Básico? -No puede afectar a los funcionarios que tienen un régimen jurídico peculiar que debe aprobarse por ley orgánica, como el personal militar, los cuerpos de seguridad, la Administración de Justicia, etcétera. Y otros, como los notarios y registradores, que son funcionarios pero no están integrados en la función administrativa. Tampoco afectará, por razones obvias, a los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia. Como el empleo público es muy extenso y variado, se trata de establecer un marco de igualdad básica de derechos y deberes para todos, aunque luego algunos colectivos (como el personal estatutario de los servicios de salud, la carrera diplomática, el personal docente y el investigador, entre otros) tengan su propio estatuto o determinadas peculiaridades. -En las recomendaciones se insiste en el control de la incompatibilidad. ¿Queda todavía mucho funcionario que roba horas al trabajo público para dedicarse al privado? -Creemos que se debe mantener la legislación actual, de 1984. Pero hay reglas de incompatibilidad de una actividad pública con otras privadas que pueden crear un conflicto de intereses al funcionario porque se realizan en favor de empresas o particulares relacionados con el trabajo que el funcionario presta en el ámbito público. Para ciertos funcionarios las reglas se deberían reforzar y clarificar, especialmente para aquellos que realizan funciones de adjudicación de derechos a particulares y empresas, como licencias, autorizaciones, contratos, subvenciones... Para los funcionarios de los nuevos organismos reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, etcétera, o los que realizan labores de inspección o de sanción, o sea, para los funcionarios con mayor riesgo de conflicto de intereses, deberían establecerse normas específicas de incompatibilidad, incluso pasado algún tiempo desde que dejan de ser funcionarios. Hay otro grupo de funcionarios que pueden compatibilizar su trabajo con otro que no tenga nada que ver que con su función pública. Lo que recomendamos es que cualquier autorización de compatibilidad quede sometida a dos condiciones: el cumplimiento estricto del horario y evaluaciones positivas. Si el funcionario no rinde, esa compatibilidad debería ser revocada.