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52 Sociedad MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO MIÉRCOLES 27 4 2005 ABC Entrevista Entrevista Cristina Gomis Concejal del PP en Elda Esta joven edil casará en octubre a una pareja de homosexuales amigos suyos, uno de ellos militante del PP OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y MATRIMONIOS HOMOSEXUALES JAVIER MARTÍNEZ- TORRÓN Catedrático de la Universidad Complutense Javier León de la Riva Alcalde de Valladolid (PP) Muchos en el PP piensan como yo ARANTXA RICA ¿Le costó tomar la decisión de oficiar esta boda? -En absoluto. Soy de mente abierta, aunque es verdad que en mi decisión ha influido el hecho de que sean amigos. Simplemente, mis amigos me han pedido formalizar su unión. Además, creo que ha llegado el momento de la igualdad. ¿Ha recibido alguna crítica por esta decisión desde su partido? -Ninguna, a nivel local, provincial, regional o nacional. Todo lo contrario, he recibido llamadas de apoyo. En mi partido hay mucha gente que piensa como yo. ¿Y desde la Iglesia? -No, tampoco. Yo misma me casaré por la Iglesia el día previo a la ceremonia que oficiaré. ¿Qué le parece la reforma aprobada sobre el matrimonio entre homosexuales? -En la ley aprobada no hay resquicio para la libertad de conciencia. Casar no debería ser una obligación. He echado en falta más debate social sobre este asunto. ¿Qué opina de los que se niegan a aceptarla? -Respeto toda clase de opiniones. En el PP hay personas a favor y otras en contra, como imagino que ocurrirá en los demás partidos. Aunque si es una ley, hay que aceptarla. La verdad es que no entiendo todo el interés mediático que se ha suscitado en torno a ella. Contribuir a la unión de dos personas es algo normal, con independencia de su sexo. Las declaraciones del cardenal López Trujillo, invitando a los funcionarios católicos a oponerse a la celebración de matrimonios homosexuales, por razones de conciencia, han provocado una inmediata reacción de la vicepresidenta primera del Gobierno, que rechaza esa posibilidad. Es natural que el Estado defienda sus leyes y que la Iglesia Católica defienda su doctrina, y cada cual tendrá sus opiniones sobre quién se equivoca en este tema. Pero esta polémica va más allá del acierto o error de la política legislativa del Gobierno en materia de matrimonio y familia. La objeción de conciencia constituye uno de los fenómenos más interesantes en el derecho contemporáneo, y a veces también uno de los peor comprendidos. Se ha dicho expresivamente que es un oscuro drama en el que una persona se ve obligada entre obedecer a una norma moral o a una norma legal, cuando existe entre ellas un conflicto en apariencia irresoluble. Ese conflicto es importante y difícil de abordar. Y no puede, desde luego, despacharse con una simple alusión a que los funcionarios- -como todos los ciudadanos- -están obligados a cumplir la ley. Entre otras razones porque la ley, y su aplicación, están sujetas al respeto de los derechos fundamentales. Uno de esos derechos es la libertad de conciencia, reconocida por nuestra Constitución (art. 16) por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 9) y por la propia Constitución Europea que los españoles aprobaron en referéndum el pasado 20 de febrero (el art. II- 70 contempla explícitamente el derecho a la objeción de conciencia) De esa libertad depende el pluralismo, que es inseparable de una sociedad democrática y que ha sido conquistado a un alto precio a lo largo de los siglos según ha afirmado el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Naturalmente, la libertad de conciencia no es ilimitada; ninguna libertad lo es. De ahí que, cuando se produce un choque entre ley y conciencia individual, sea imprescindible un análisis cuidadoso del caso, que huya de las simplificaciones y que busque un equilibrio entre los diversos intereses jurídicos en juego. No hay, por otro lado, una clara doctrina moral de la Iglesia Católica sobre cuál deba ser la actitud del funcionario llamado a celebrar, por imperativo legal, una boda entre personas del mismo sexo. Las declaraciones de López Trujillo provienen de una alta autoridad eclesiástica, pero no representan una posición oficial de la jerarquía católica. En todo caso, cuál haya de ser la acti- La objeción de conciencia no puede, desde luego, despacharse con una simple alusión a que los funcionarios están obligados a cumplir la ley. Entre otras razones porque la ley, y su aplicación, están sujetas al respeto de los derechos fundamentales tud correcta de los funcionarios católicos es cuestión que corresponde aclarar a la Iglesia Católica y, sobre todo, a los propios funcionarios. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar, lo relevante es la conciencia de cada funcionario singular, católico o no. La objeción de conciencia es un derecho individual, no colectivo, aunque la doctrina moral de una iglesia puede ser tenida en cuenta para probar la sinceridad del objetor, o para prever, en la propia ley, excepciones por motivos de conciencia. Esto último queda a la sensibilidad del legislador, pero no condiciona el ejercicio de un derecho fundamental. La concreta solución jurídica que deba darse a los supuestos de objeción de conciencia a la celebración del matrimonio homosexual depende de diversos factores, que no hay tiempo de examinar aquí. Uno de ellos es la posibilidad de sustituir al objetor en el cumplimiento de sus funciones, que apuntaría a favor de reconocer la objeción, porque se dejaría a salvo la libertad de conciencia del funcionario y la finalidad de la ley no se vería seriamente aceptada. Por otra parte, conviene no olvidar que el derecho comparado ofrece interesantes ejemplos de cómo el legislador intenta evitar al ciudadano problemas de conciencia. Así, en Dinamarca, donde los pastores de la Iglesia luterana oficial tienen una condición equiparable a la de los funcionarios, la legislación sobre parejas de hecho prevé, desde 1989, que el registro de una pareja homosexual debe hacerse en una ceremonia civil, y exime expresamente a los clérigos de la ceremonia religiosa. En general, ahorrar al ciudadano el conflicto de normas- -y de lealtades- -es positivo para todos. Y, al contrario, no tiene mucho sentido castigar a ciudadanos que poseen un alto nivel de exigencia ética. El primer regidor que se niega a casar gays dice que se habla de homosexuales para desviar la atención del desastre político Somos miles de millones de retrógrados J. M. AYALA -Se ha armado un gran revuelo con su anuncio de que no casará a parejas gays. ¿Se arrepiente de haber sido el primero en pronunciarse en este sentido? -En absoluto. Que quede claro que me parece justo que se reconozcan todos los derechos a las parejas de homosexuales. Mi única discrepancia es que la unión se llame matrimonio. Es lo que dicen la Real Academia de la Lengua y la Constitución. -Dijo que no iba a delegar esta función en sus concejales. -Si la ley me lo permite, ni casaré ni delegaré en nadie. Si existe una obligación legal y hay algún concejal que quiera hacerlo, lo hará. -El ministro de Justicia afirma que en este caso no cabe la objeción de conciencia -Pues que se lea la Constitución Europea. Ahí viene muy clarito. ¿Teme que su posición tenga alguna repercusión legal? -No. ¿Qué le dice a los que le han acusado de retrógrado? -Esta clase de matrimonio sólo está aceptado en dos países, por lo que yo estoy con los miles de millones de retrógrados del mundo. ¿Qué le parece la conveniencia de la ley en este momento? -Es una ley que busca el voto de los gays y que se hable de los homosexuales y no del desastre político que hay en el País Vasco, de los pactos del Gobierno o de las conversaciones con ETA.